Mientras los escritores trabajan con ficciones como base de sus relatos, los periodistas lo hacemos con realidades.
Este día empecemos por “Las anécdotas que se cuentan” y con una licencia a este reportero para practicar un ejercicio de política de ficción.
En los siguientes días, si la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vota a favor del proyecto de resolución que contempla la anulación de las elecciones en Puebla, tiene como plazo fatal el 13 de diciembre: si no hay modificaciones, los poblanos elegiremos gobernador el próximo 10 de febrero.
El proyecto conocido establece convocar a proceso electoral en un máximo de dos meses.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral, responsable de los comicios, tiene un proyecto en este escenario, obligado por la premura de los tiempos establecidos.
La elección interna de los partidos no debe ser mayor a 10 días, es decir, empezará el proceso en diciembre y se extenderá un mes más por parte de la campaña de los candidatos postulados.
Después del primer puente del año, el del descanso obligatorio del 4 de febrero, el domingo siguiente, 10 de febrero, todos los poblanos habremos de ir a las urnas para elegir al próximo mandatario de casi seis años, quien sustituya en la primavera al gobernador interino, quien entrará en funciones el 14 de diciembre próximo, es decir, el próximo viernes.
Insisto, es un ejercicio de política de ficción, basado en la ley y los datos que existen hasta ahora.
Como siempre, la realidad es la que no tiene límites.
Gobernadores, poder y dinero
Bajo el amparo de la defensa del federalismo y la soberanía de sus estados, los gobernadores de Acción Nacional y Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano por Jalisco, llevaron a cabo una fuerte campaña para exigirle al presidente, Andrés Manuel López Obrador, respeto a su jerarquía y rechazaron figuras que consideraron impuestas, como los “superdelegados”.
En realidad, lo que los mandatarios estatales están buscando son más recursos federales para gastar a discreción.
Así lo hicieron los últimos tres sexenios, algo que parece ser que se les esfumará de las manos con las políticas de austeridad, sobre todo con la aplicación de los programas sociales que serán ejercidos directamente por la federación a través de sus delegados, quienes son los que acuerdan con el presidente de la república.
El martes pasado llegaron a una reunión en el suntuoso Palacio Nacional y dejaron en claro sus verdaderas intenciones.
Ante un López Obrador empoderado que escuchó sus demandas y preocupaciones, la reunión avanzó y fue casi después de dos horas y media cuando el jalisciense Alfaro plantó la posición sobre el tema Seguridad y su rechazo a que coordinaran las mesas diarias de paz en los estados sus delegados.
El presidente explicó después que en su reunión con los gobernadores les informó que las participaciones federales a las entidades aumentarán en 10 por ciento nominal y 7 por ciento real.
Gobiernos estatales y ayuntamientos van a recibir más recursos el próximo año, aunque los generosos programas sociales los manejará directamente la federación a través de los superdelegados.
Y ante ellos, los mandatarios estatales, López Obrador aceptó retirar su propuesta inicial de que los delegados fungieran como secretarios técnicos de las reuniones de gabinetes de seguridad en los estados.
Llegaron a un acuerdo: los que llevarán el mando en las mesas de seguridad serán los propios gobernadores y el secretario técnico será designado directamente por Alfonso Durazo, titular de la Secretaría Federal de Seguridad y Protección Ciudadana.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien tomó posesión ayer, confirmó que el presidente López Obrador aceptó la petición sin condiciones.
“Van a estar ahí pero no como secretarios técnicos”, coincidió el mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez.
El presidente destacó que en el encuentro con la Conferencia Nacional de Gobernadores se alcanzaron acuerdos en temas de presupuesto y seguridad.
Insistió: “fue buena la reunión con los gobernadores, hubo entendimiento pleno, acuerdo en temas que tienen que ver con presupuesto, con la seguridad; hubo acuerdo, les diría consenso”.
“Fue una reunión en muy buenos términos con libertad plena, donde se trataron los temas y al final se llegó a un acuerdo de trabajar de manera conjunta, unificados para sacar adelante al país. Fue una muy buena reunión, ese es mi balance, seguramente ellos, los mandatarios estatales, van a informar sobre los resultados”.
Respecto al rechazo de los gobernadores a la figura de “superdelegados”, López Obrador explicó que solo se trataba de malos entendidos.
“Les aclaré que es la Guardia Nacional, en proceso de creación, la encargada de atender todas las coordinaciones de Seguridad Pública del país, no los delegados”, insistió.
Por su parte, los gobernadores de todos los partidos y el presidente salieron de su reunión de más de dos horas y media en Palacio Nacional con la seguridad de que llegaron a un buen acuerdo.
Ellos, los mandatarios estatales que amenazaron con juicios de inconstitucionalidad, están conformes con las propuestas de López Obrador, con detalles:
Habrá más participaciones, pero no dinero a discreción para sus estados y los municipios, y ahora los gobernadores serán los responsables de la Seguridad. Si esta falla serán los primeros responsables, no el Gobierno Federal.
¿Quién ganó?
Hay ocasiones en que la ambición y el poder matan, eventualmente.
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