/ lunes 13 de septiembre de 2021

A Puerta Cerrada | Comisionados anticorrupción en reposo

¿Alguien sabe qué ha pasado con el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, desde que sus integrantes se trenzaron con el gobernador Miguel Barbosa por un escándalo de sueldos y filias políticas, en junio de 2020?

En términos reales, relacionados con la función que tendrían que desempeñar y para la que fueron elegidos, nada.

Los cinco miembros de ese órgano tendrían que ser en los hechos el motor que lleve al Sistema Estatal Anticorrupción a cumplir las metas contenidas en la ley que le dio vida en 2017, pero, muy alejados de ese espíritu, parecen encontrarse en un receso intencionado a partir del diferendo público que sostuvieron con el mandatario estatal hace más de un año.

En pocas palabras, el Comité no ha contribuido a la formación de una cultura social de transparencia y rendición de cuentas en el estado, como debía de ser.

El 25 de junio de 2020 Barbosa acusó a los comisionados de haber sido designados bajo los criterios e intereses políticos del extinto morenovallismo, en el gobierno de José Antonio Gali Fayad, y los descalificó por tener en ese entonces condiciones laborales de privilegio, como remuneraciones mensuales de 140 mil pesos, viajes y compensaciones al gusto.

Después de eso y consecuente con sus palabras, el mandatario hizo que les recortaran los salarios a 35 mil pesos mensuales y les quitaran las oficinas de la 4 Poniente y 7 Norte, donde habían sido enviados por la administración de Gali.

Inconformes con el hachazo salarial, afectados en sus ingresos, que en realidad eran de entre 104 mil y 115 mil pesos mensuales, los comisionados recurrieron al recurso de amparo para tratar de recuperar la cantidad que cobraban originalmente.

Casi 15 meses después, no lo han logrado.

Incluso, dos de ellos ya recibieron un no como respuesta de la autoridad judicial.

Lo último que ha trascendido es que algunos de los comisionados han buscado puentes de comunicación con el gobernador Barbosa para llegar a un arreglo que le ponga fin al conflicto, o que, al menos, evite que siga incrementándose.

Mientras eso pasa, en la Secretaría Ejecutiva del sistema anticorrupción no hay contratos firmados por los comisionados ni documentos entregables que demuestren los resultados de su labor, quizá porque no la hay.

Un problema adicional descansa en el Congreso del Estado.

Los diputados locales que terminan legislatura esta semana dejaron en el limbo el proceso legal para la selección de los nuevos integrantes de ese comité de participación ciudadana.

El órgano se estrenó en 2017 con Karen Berlanga Valdés, Catalina Aguilar Oropeza, Daniel Alejandro Valdés Amaro, María del Carmen Leyva Báthory y Francisco Javier Mariscal Magdaleno, quienes fueron electos comisionados por periodos escalonados que irían de uno a cinco años.

Concluidos sus periodos, Karen Berlanga y Catalina Aguilar fueron suplidas por José Alejandro Guillén Reyes y Eira Zago Castro.

Alejandro Valdés se fue el año pasado y todavía no tiene relevo.

El Comité, por tanto, tiene cuatro miembros en lugar de cinco, y podría quedarse solo con tres: Carmen Leyva terminará su ciclo en noviembre.

Para que haya nuevos comisionados tiene que haber primero una Comisión de Selección de los Integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana, que se conforma de nueve personas supuestamente emanadas de la sociedad civil.

Ya hubo una, en la que participaron Luis Cabrera García, José Alfonso Esparza Ortiz, José Gerardo Mata Temoltzin, Jesús Migoya Junco, Carlos Palafox Galeana, José Antonio Quintana Gómez, Job César Romero Reyes, Gustavo Rosas Goiz y Arturo Flavio Sánchez Rosas, pero expiró a los tres años.

Tocará a Sergio Salomón Céspedes Peregrina y al resto de los futuros diputados locales crear una renovada comisión para dar seguimiento al caso.

De acuerdo con las atribuciones otorgadas en el artículo 21 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, el Comité puede y debe opinar y realizar propuestas sobre la política estatal y las políticas integrales, promover proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en materia de fiscalización y control de recursos públicos, así como elaborar proyectos de mejora de la plataforma digital estatal y para el sistema electrónico de denuncia y queja.

También puede y debe promover mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, academia y grupos ciudadanos, para elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate a la corrupción o faltas administrativas.

Por último, opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el sistema estatal.

Como verá, su tarea, planteada en la teoría, es amplia y trascendente.

En julio de 2020, inmediatamente después de que estallara la polémica con el gobernador, Héctor Reyes Pacheco renunció a la Secretaría Ejecutiva del sistema estatal.

En su lugar quedó Claudette Hanan Zehenny, de quien tampoco se sabe mucho hasta ahora, salvo por la reciente publicación de una revista que lleva por nombre un título sumamente optimista y ambicioso: “#PueblaSinCorrupción”.

Twitter: @jorgerdzc

¿Alguien sabe qué ha pasado con el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, desde que sus integrantes se trenzaron con el gobernador Miguel Barbosa por un escándalo de sueldos y filias políticas, en junio de 2020?

En términos reales, relacionados con la función que tendrían que desempeñar y para la que fueron elegidos, nada.

Los cinco miembros de ese órgano tendrían que ser en los hechos el motor que lleve al Sistema Estatal Anticorrupción a cumplir las metas contenidas en la ley que le dio vida en 2017, pero, muy alejados de ese espíritu, parecen encontrarse en un receso intencionado a partir del diferendo público que sostuvieron con el mandatario estatal hace más de un año.

En pocas palabras, el Comité no ha contribuido a la formación de una cultura social de transparencia y rendición de cuentas en el estado, como debía de ser.

El 25 de junio de 2020 Barbosa acusó a los comisionados de haber sido designados bajo los criterios e intereses políticos del extinto morenovallismo, en el gobierno de José Antonio Gali Fayad, y los descalificó por tener en ese entonces condiciones laborales de privilegio, como remuneraciones mensuales de 140 mil pesos, viajes y compensaciones al gusto.

Después de eso y consecuente con sus palabras, el mandatario hizo que les recortaran los salarios a 35 mil pesos mensuales y les quitaran las oficinas de la 4 Poniente y 7 Norte, donde habían sido enviados por la administración de Gali.

Inconformes con el hachazo salarial, afectados en sus ingresos, que en realidad eran de entre 104 mil y 115 mil pesos mensuales, los comisionados recurrieron al recurso de amparo para tratar de recuperar la cantidad que cobraban originalmente.

Casi 15 meses después, no lo han logrado.

Incluso, dos de ellos ya recibieron un no como respuesta de la autoridad judicial.

Lo último que ha trascendido es que algunos de los comisionados han buscado puentes de comunicación con el gobernador Barbosa para llegar a un arreglo que le ponga fin al conflicto, o que, al menos, evite que siga incrementándose.

Mientras eso pasa, en la Secretaría Ejecutiva del sistema anticorrupción no hay contratos firmados por los comisionados ni documentos entregables que demuestren los resultados de su labor, quizá porque no la hay.

Un problema adicional descansa en el Congreso del Estado.

Los diputados locales que terminan legislatura esta semana dejaron en el limbo el proceso legal para la selección de los nuevos integrantes de ese comité de participación ciudadana.

El órgano se estrenó en 2017 con Karen Berlanga Valdés, Catalina Aguilar Oropeza, Daniel Alejandro Valdés Amaro, María del Carmen Leyva Báthory y Francisco Javier Mariscal Magdaleno, quienes fueron electos comisionados por periodos escalonados que irían de uno a cinco años.

Concluidos sus periodos, Karen Berlanga y Catalina Aguilar fueron suplidas por José Alejandro Guillén Reyes y Eira Zago Castro.

Alejandro Valdés se fue el año pasado y todavía no tiene relevo.

El Comité, por tanto, tiene cuatro miembros en lugar de cinco, y podría quedarse solo con tres: Carmen Leyva terminará su ciclo en noviembre.

Para que haya nuevos comisionados tiene que haber primero una Comisión de Selección de los Integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana, que se conforma de nueve personas supuestamente emanadas de la sociedad civil.

Ya hubo una, en la que participaron Luis Cabrera García, José Alfonso Esparza Ortiz, José Gerardo Mata Temoltzin, Jesús Migoya Junco, Carlos Palafox Galeana, José Antonio Quintana Gómez, Job César Romero Reyes, Gustavo Rosas Goiz y Arturo Flavio Sánchez Rosas, pero expiró a los tres años.

Tocará a Sergio Salomón Céspedes Peregrina y al resto de los futuros diputados locales crear una renovada comisión para dar seguimiento al caso.

De acuerdo con las atribuciones otorgadas en el artículo 21 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, el Comité puede y debe opinar y realizar propuestas sobre la política estatal y las políticas integrales, promover proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en materia de fiscalización y control de recursos públicos, así como elaborar proyectos de mejora de la plataforma digital estatal y para el sistema electrónico de denuncia y queja.

También puede y debe promover mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, academia y grupos ciudadanos, para elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate a la corrupción o faltas administrativas.

Por último, opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política estatal, las políticas integrales y los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el sistema estatal.

Como verá, su tarea, planteada en la teoría, es amplia y trascendente.

En julio de 2020, inmediatamente después de que estallara la polémica con el gobernador, Héctor Reyes Pacheco renunció a la Secretaría Ejecutiva del sistema estatal.

En su lugar quedó Claudette Hanan Zehenny, de quien tampoco se sabe mucho hasta ahora, salvo por la reciente publicación de una revista que lleva por nombre un título sumamente optimista y ambicioso: “#PueblaSinCorrupción”.

Twitter: @jorgerdzc