/ jueves 30 de septiembre de 2021

A Puerta Cerrada | Eduardo Rivera y Genoveva Huerta sí firmaron un acuerdo

El documento existe, es real.

El 16 de febrero del año en curso Eduardo Rivera Pérez firmó, en una negociación celebrada con Genoveva Huerta Villegas, un acuerdo para ceder el 25 por ciento de los puestos de confianza de su gobierno a mujeres y hombres emanados del Partido Acción Nacional, en todos los niveles de la administración y en áreas no prioritarias.

El acuerdo se llevó a cabo en la sede del Comité Ejecutivo Nacional, con testigos de todas las partes involucradas, como puerta de entrada a la definición de Rivera Pérez como candidato a la presidencia municipal.

Gracias a esa negociación, en la que Héctor Larios Córdova participó como testigo principal, la presidenta del Comité Directivo Estatal del blanquiazul guardó las armas y dejó pasar al futuro abanderado.

Siete meses y medio después de ese día, con el proceso electoral ya concluido y un candidato ganador a poco de entrar en funciones, los dos bandos reconocen la existencia del documento, pero con una diferencia sustancial en la redacción, que los lleva a asumir interpretaciones contrastantes en beneficio de su grupo y de sus intereses.

Genoveva Huerta y sus aliados, todos volcados en medios de comunicación y redes sociales, entre ellos algunos integrantes de la dirigencia y diputados locales, afirman que el compromiso del entonces aspirante a candidato consistió en otorgar el 25 por ciento de las posiciones del ayuntamiento a personas propuestas por el Comité Directivo Estatal, con la única condición de que se tratara de militantes formales del partido.

Del otro lado, en corto, los aliados de Eduardo Rivera que admiten la existencia del acuerdo aseguran que el texto se refiere a la integración de militantes panistas en general y no a un grupo de personas propuesto por la dirigencia, lo que los lleva a minimizar el contenido y a ignorar las exigencias públicas de su contraparte.

El miércoles, Genoveva Huerta alimentó la versión de sus rivales al difundir un comunicado de prensa en el que reiteraba la existencia de un acuerdo para otorgar el 25 por ciento del gabinete en el municipio a “perfiles panistas”, sin aclarar si ese tanto de personajes debía venir de la dirigencia, del presidente municipal electo o de algún otro lugar.

De inmediato, Pablo Montiel Solana, colaborador de Eduardo Rivera, salió a decir que no habría ningún problema en cumplir ese compromiso, pues el ayuntamiento quedará conformado por panistas en una proporción mucho mayor a la cuarta parte.

Ese comunicado significó un error táctico que la dirigente tendrá que corregir si desea seguir adelante en la lucha.

Y vaya que lo desea.

La discusión pública ha llegado a tal nivel de estridencia que solo dos hechos podrían inclinar la balanza a favor de Genoveva Huerta y su objetivo de meter 120 panistas en el gobierno de Rivera Pérez: la intervención directa del propio Héctor Larios, hoy convertido en presidente del partido ante la solicitud de licencia de Marko Cortés para competir por su reelección, o la difusión completa, clara y puntual del multicitado acuerdo, que se quedó en poder del CEN.

La presidenta ya trabaja en las dos vías.

Primero mandó la lista de sus propuestas al CEN, en un intento por lograr que desde allá se obligue a Eduardo Rivera a cumplir con los presuntos términos de la negociación.

Lo hizo a través de Fernando Zarur, un colaborador de Luis Banck Serrato que será regidor en el ayuntamiento y que en esta coyuntura se ha sumado a Genoveva.

Este viernes, además, Jesús Giles Carmona, en calidad de secretario general del partido, llevará una carta a la dirigencia nacional para solicitar una copia del documento firmado aquel 16 de febrero.

Si la consigue y el texto está redactado como afirma la líder panista, pondrá a su oponente contra las cuerdas, y quizá, solo quizá, obtendrá lo que desea.

En los grupos de Huerta y Rivera asumen que esta guerra sin cuartel en la que están inmersos sus jefes desde hace un año no tendrá fin en el corto plazo, a menos que Ana Teresa Aranda logre la hazaña de derrotar a la presidenta en el proceso de renovación de dirigencia que se avecina.

Si la “doña” no lo hace, el pleito continuará y se prolongará, al menos, hasta el 2024, cuando llegue la hora de alistar al ejército para ir a una nueva contienda electoral y se aproxime una nueva rebatinga por las candidaturas.

Así que bien convendría a los panistas de la capital del estado acostumbrarse a un escenario de batallas políticas permanentes, por si acaso.

Twitter: @jorgerdzc

El documento existe, es real.

El 16 de febrero del año en curso Eduardo Rivera Pérez firmó, en una negociación celebrada con Genoveva Huerta Villegas, un acuerdo para ceder el 25 por ciento de los puestos de confianza de su gobierno a mujeres y hombres emanados del Partido Acción Nacional, en todos los niveles de la administración y en áreas no prioritarias.

El acuerdo se llevó a cabo en la sede del Comité Ejecutivo Nacional, con testigos de todas las partes involucradas, como puerta de entrada a la definición de Rivera Pérez como candidato a la presidencia municipal.

Gracias a esa negociación, en la que Héctor Larios Córdova participó como testigo principal, la presidenta del Comité Directivo Estatal del blanquiazul guardó las armas y dejó pasar al futuro abanderado.

Siete meses y medio después de ese día, con el proceso electoral ya concluido y un candidato ganador a poco de entrar en funciones, los dos bandos reconocen la existencia del documento, pero con una diferencia sustancial en la redacción, que los lleva a asumir interpretaciones contrastantes en beneficio de su grupo y de sus intereses.

Genoveva Huerta y sus aliados, todos volcados en medios de comunicación y redes sociales, entre ellos algunos integrantes de la dirigencia y diputados locales, afirman que el compromiso del entonces aspirante a candidato consistió en otorgar el 25 por ciento de las posiciones del ayuntamiento a personas propuestas por el Comité Directivo Estatal, con la única condición de que se tratara de militantes formales del partido.

Del otro lado, en corto, los aliados de Eduardo Rivera que admiten la existencia del acuerdo aseguran que el texto se refiere a la integración de militantes panistas en general y no a un grupo de personas propuesto por la dirigencia, lo que los lleva a minimizar el contenido y a ignorar las exigencias públicas de su contraparte.

El miércoles, Genoveva Huerta alimentó la versión de sus rivales al difundir un comunicado de prensa en el que reiteraba la existencia de un acuerdo para otorgar el 25 por ciento del gabinete en el municipio a “perfiles panistas”, sin aclarar si ese tanto de personajes debía venir de la dirigencia, del presidente municipal electo o de algún otro lugar.

De inmediato, Pablo Montiel Solana, colaborador de Eduardo Rivera, salió a decir que no habría ningún problema en cumplir ese compromiso, pues el ayuntamiento quedará conformado por panistas en una proporción mucho mayor a la cuarta parte.

Ese comunicado significó un error táctico que la dirigente tendrá que corregir si desea seguir adelante en la lucha.

Y vaya que lo desea.

La discusión pública ha llegado a tal nivel de estridencia que solo dos hechos podrían inclinar la balanza a favor de Genoveva Huerta y su objetivo de meter 120 panistas en el gobierno de Rivera Pérez: la intervención directa del propio Héctor Larios, hoy convertido en presidente del partido ante la solicitud de licencia de Marko Cortés para competir por su reelección, o la difusión completa, clara y puntual del multicitado acuerdo, que se quedó en poder del CEN.

La presidenta ya trabaja en las dos vías.

Primero mandó la lista de sus propuestas al CEN, en un intento por lograr que desde allá se obligue a Eduardo Rivera a cumplir con los presuntos términos de la negociación.

Lo hizo a través de Fernando Zarur, un colaborador de Luis Banck Serrato que será regidor en el ayuntamiento y que en esta coyuntura se ha sumado a Genoveva.

Este viernes, además, Jesús Giles Carmona, en calidad de secretario general del partido, llevará una carta a la dirigencia nacional para solicitar una copia del documento firmado aquel 16 de febrero.

Si la consigue y el texto está redactado como afirma la líder panista, pondrá a su oponente contra las cuerdas, y quizá, solo quizá, obtendrá lo que desea.

En los grupos de Huerta y Rivera asumen que esta guerra sin cuartel en la que están inmersos sus jefes desde hace un año no tendrá fin en el corto plazo, a menos que Ana Teresa Aranda logre la hazaña de derrotar a la presidenta en el proceso de renovación de dirigencia que se avecina.

Si la “doña” no lo hace, el pleito continuará y se prolongará, al menos, hasta el 2024, cuando llegue la hora de alistar al ejército para ir a una nueva contienda electoral y se aproxime una nueva rebatinga por las candidaturas.

Así que bien convendría a los panistas de la capital del estado acostumbrarse a un escenario de batallas políticas permanentes, por si acaso.

Twitter: @jorgerdzc