/ lunes 29 de noviembre de 2021

A Puerta Cerrada | Los empresarios, el gobernador y la UDLAP

Metido en el centro de la tormenta, el gobernador Miguel Barbosa reconoce ante los empresarios reunidos en la Hacienda San José Actipan que esperaba un incidente como ese, en el que los convocados al cambio de estafeta en la presidencia de Coparmex, sus anfitriones, le reclamaran por asuntos de interés público en los que no compartían decisiones ni puntos de vista.

Y pasó.

Desde la comodidad de sus asientos, algunos de los asistentes a esa comida celebrada el jueves en San Andrés Cholula interrumpieron al mandatario mientras pronunciaba su discurso para reprocharle dos o tres temas.

El punto más álgido, quizá el único, fue el relacionado con la UDLAP, universidad que desde finales de junio se encuentra en manos de un patronato elegido por el gobierno del estado a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada.

Al margen de la descortesía de los empresarios, que no fueron lo suficientemente prudentes para hacer sus planteamientos de otra manera, una en la que fuesen escuchados por el gobernador para obtener así la retroalimentación deseada, la molestia que expresaron emana de un problema que el grupo de personajes que se ha hecho cargo de la universidad a partir de la toma realizada el 29 de junio no ha podido resolver.

Ese problema es real y debe llevar al mandatario a mirar, precisamente, a la Junta, al nuevo patronato y al nuevo rector, quienes no han hecho lo que les corresponde para evitar estallamientos como este.

Esos minutos de desencuentro público en la hacienda propiedad de Jorge Espina Reyes invitan a poner atención en dos puntos.

Uno tiene que ver con el añejo conflicto de la izquierda con el sector empresarial, tradicionalmente identificado con la derecha y el PAN, resucitado ahora por el presidente López Obrador y la cuatroté y aderezado por la fractura local que se dio a raíz de la preferencia de los representantes de las cámaras por el partido blanquiazul y su candidata Martha Erika Alonso en la contienda de gobernador del 2018.

Aquí Barbosa ha sido muy claro en los preceptos de la relación de su gobierno con los dirigentes empresariales, entre ellos Fernando Treviño, de Coparmex, que el jueves le pasó el relevo a un desprevenido Rubén Furlong Martínez.

El otro punto tiene relación directa con la UDLAP y los resultados que hasta ahora han entregado los personajes encomendados para hacerse responsables de ella.

Cinco meses después de la toma del campus, las dos cabezas visibles del nuevo patronato, Horacio Magaña Martínez, presidente, y Adalberto Ramos Huerta, secretario general, así como el representante legal del mismo, Rodrigo Gurza Cárdenas, y el flamante rector, Armando Ríos Piter, no han podido normalizar la vida institucional en la universidad.

El pretexto de la pandemia para posponer el retorno a clases presenciales ya no sirve, cuando la gran mayoría de las instituciones de educación superior del estado han vuelto a las aulas.

Ese pequeño, pero gran detalle: seguir en clases desde casa, sin la valía de la asistencia personal y física a la universidad, ha generado una creciente inconformidad entre estudiantes y padres de familia que no se aplaca ni con la exacerbada difusión de las presuntas fechorías cometidas por los miembros de la familia Jenkins y el exrector Luis Ernesto Derbez.

Al contrario, la molestia se incrementa conforme pasan los días y se acerca el fin de un semestre, otro, que en la percepción de los interesados –los integrantes de la comunidad universitaria—será tirado a la basura.

El asunto es que no hay normalidad en la UDLAP.

No existe.

Por eso cuando los empresarios oyeron o creyeron oír que el gobernador estaba por decirles eso, brincaron.

Y eso es culpa de los Magaña, los Gurza y los Ríos Piter, que aseguran estar al mando de la institución, emiten comunicados para tratar de sepultar a su contraparte y juran que la justicia está de su lado, pero no consiguen que vuelva a clases.

Si lo lograran, desactivarían cualquier inconformidad y mandarían el pleito de los Jenkins a donde debería estar, solo al terreno judicial, alejado, muy alejado, de las aulas.

Twitter: @jorgerdzc

Metido en el centro de la tormenta, el gobernador Miguel Barbosa reconoce ante los empresarios reunidos en la Hacienda San José Actipan que esperaba un incidente como ese, en el que los convocados al cambio de estafeta en la presidencia de Coparmex, sus anfitriones, le reclamaran por asuntos de interés público en los que no compartían decisiones ni puntos de vista.

Y pasó.

Desde la comodidad de sus asientos, algunos de los asistentes a esa comida celebrada el jueves en San Andrés Cholula interrumpieron al mandatario mientras pronunciaba su discurso para reprocharle dos o tres temas.

El punto más álgido, quizá el único, fue el relacionado con la UDLAP, universidad que desde finales de junio se encuentra en manos de un patronato elegido por el gobierno del estado a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada.

Al margen de la descortesía de los empresarios, que no fueron lo suficientemente prudentes para hacer sus planteamientos de otra manera, una en la que fuesen escuchados por el gobernador para obtener así la retroalimentación deseada, la molestia que expresaron emana de un problema que el grupo de personajes que se ha hecho cargo de la universidad a partir de la toma realizada el 29 de junio no ha podido resolver.

Ese problema es real y debe llevar al mandatario a mirar, precisamente, a la Junta, al nuevo patronato y al nuevo rector, quienes no han hecho lo que les corresponde para evitar estallamientos como este.

Esos minutos de desencuentro público en la hacienda propiedad de Jorge Espina Reyes invitan a poner atención en dos puntos.

Uno tiene que ver con el añejo conflicto de la izquierda con el sector empresarial, tradicionalmente identificado con la derecha y el PAN, resucitado ahora por el presidente López Obrador y la cuatroté y aderezado por la fractura local que se dio a raíz de la preferencia de los representantes de las cámaras por el partido blanquiazul y su candidata Martha Erika Alonso en la contienda de gobernador del 2018.

Aquí Barbosa ha sido muy claro en los preceptos de la relación de su gobierno con los dirigentes empresariales, entre ellos Fernando Treviño, de Coparmex, que el jueves le pasó el relevo a un desprevenido Rubén Furlong Martínez.

El otro punto tiene relación directa con la UDLAP y los resultados que hasta ahora han entregado los personajes encomendados para hacerse responsables de ella.

Cinco meses después de la toma del campus, las dos cabezas visibles del nuevo patronato, Horacio Magaña Martínez, presidente, y Adalberto Ramos Huerta, secretario general, así como el representante legal del mismo, Rodrigo Gurza Cárdenas, y el flamante rector, Armando Ríos Piter, no han podido normalizar la vida institucional en la universidad.

El pretexto de la pandemia para posponer el retorno a clases presenciales ya no sirve, cuando la gran mayoría de las instituciones de educación superior del estado han vuelto a las aulas.

Ese pequeño, pero gran detalle: seguir en clases desde casa, sin la valía de la asistencia personal y física a la universidad, ha generado una creciente inconformidad entre estudiantes y padres de familia que no se aplaca ni con la exacerbada difusión de las presuntas fechorías cometidas por los miembros de la familia Jenkins y el exrector Luis Ernesto Derbez.

Al contrario, la molestia se incrementa conforme pasan los días y se acerca el fin de un semestre, otro, que en la percepción de los interesados –los integrantes de la comunidad universitaria—será tirado a la basura.

El asunto es que no hay normalidad en la UDLAP.

No existe.

Por eso cuando los empresarios oyeron o creyeron oír que el gobernador estaba por decirles eso, brincaron.

Y eso es culpa de los Magaña, los Gurza y los Ríos Piter, que aseguran estar al mando de la institución, emiten comunicados para tratar de sepultar a su contraparte y juran que la justicia está de su lado, pero no consiguen que vuelva a clases.

Si lo lograran, desactivarían cualquier inconformidad y mandarían el pleito de los Jenkins a donde debería estar, solo al terreno judicial, alejado, muy alejado, de las aulas.

Twitter: @jorgerdzc