La crisis económica y el creciente desempleo, se ha agudizado ante la crisis sanitaria y la pandemia del Covid.19; ahora, la realidad es que, ante la falta de atención e interés de los mismos gobernantes, se suma de manera alarmante la inseguridad, provocado el cierre de comercios y empresas.
Lamentablemente, se ha vuelto parte de la vida cotidiana, convivir, en medio de robos, masacres, crímenes, feminicidios, etc., que se suscitan de manera recurrente en innumerables regiones del país; el incremento en el desempleo y, la falta de oportunidades, han hecho más difícil la vida, siendo en general la sociedad mexicana cada vez más vulnerable; sin la esperanza de que las autoridades actúen o puedan contener esta creciente ola de inseguridad.
El cuestionamiento es, ¿hasta cuanto más estaremos dispuestos los ciudadanos a soportar estas condiciones que van en constante aumento sin que se tenga una acción concreta del gobierno en sus tres niveles para detener este flagelo con el cual nos estamos acostumbrando a vivir?; lamentablemente, no se vislumbra un horizonte esperanzador, que permita disminuirla.
Sin embargo, considero que, aún se está a tiempo de frenar esta ola de inseguridad siempre y cuando la autoridad principalmente la de los gobiernos municipales esté dispuesta a coordinarse con los distintos niveles de gobierno no solo para atender estas justas demandas, sino que además involucre de manera directa a toda la sociedad.
Permítame al respecto estimado lector señalar, que el Gobierno Estatal de Tlaxcala, en diversos rubros ha tenido un desempeño bastante aceptable, no así el de algunos gobiernos municipales, sobre los cuales se finco una gran esperanza ciudadana, pues actualmente ejercen un mandato Constitucional cercano a los cinco años, del cual todavía les queda casi siete meses para concluir su gestión; situación que representaba una gran oportunidad de impulsar el desarrollo de sus municipios y beneficiar a sus habitantes.
Como ejemplo el Gobierno del Municipio de Huamantla había generado entre sus habitantes una gran expectativa cuando eligió al actual presidente Jorge Sánchez Jasso, pues llego con impresionantes credenciales que auguraban un gobierno que impulsaría el desarrollo del municipio y que sería la ventana inmediata para la atención ciudadana, sin embargo, a través del tiempo cayo en el desinterés, minimizo las demandas ciudadanas; provocando que el municipio siga rezagándose y, la inseguridad se ha desbordado, situación que puede volverse un cáncer que corroa la estructura social y la delincuencia avance; aún está a tiempo, pues de no contenerla, será difícil eliminarla.
En el Municipio de Huamantla, la creciente inseguridad como en una gran parte del territorio nacional continua en ascenso, los medios de comunicación, día a día testifican este alarmante crecimiento del cual somos presas o víctimas, emprendedores, de micro negocios y pequeñas empresas, situación que pone en riego nuestra seguridad e integridad personal, la de los empleados que de ella dependen y el de sus familias; al tiempo que cancela la posibilidad de un mejor porvenir, debido a que en instantes les arrebatan o les destruyen el patrimonio que con gran esfuerzo y trabajo habían logrado.
Por supuesto que no todo recae en el Presidente Municipal, pues algunos funcionarios públicos, parecen no estar consciente o mantienen una actitud displicente, cuando deben ser ejemplo, considerando que la toma de decisiones, su ejecución o el uso indebido del poder, alimenta un concepto distorsionado de lo que debe ser la función pública, la cual va en detrimento de los gobernados.
A los especialistas en seguridad y por supuesto a los mexicanos nos preocupa que, por la pandemia y la crisis económica, el panorama de violencia e inseguridad se acentúe más y si él año 2020 terminó como el más violento de la historia en nuestro país, el 2021 puede terminar aún peor.
La inseguridad representa el principal reto y sin duda, es una de las principales amenazas para la gobernabilidad y la democracia para todo gobierno.
Es inadmisible seguir viviendo en medio de la inseguridad y la impunidad, los gobiernos deben reorientar su estrategia definiendo y evaluando acciones que permitan atender las demandas ciudadanas y disminuya la inseguridad.
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