Al paso que vamos, nuestro Centro Histórico, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde hace 31 años, será un enorme centro comercial dominado por los vendedores ambulantes.
Así que no debe sorprendernos que muy pronto veamos a centenas de comerciantes informales en las principales arterias, en la plaza central del zócalo poblano, sobre los andadores de los Portales, y si me apuran, en el patio y sobre las hermosas escaleras de mármol del Palacio Municipal.
Aunque ese escenario pudiera ser exagerado, así puede deducirse por la displicencia mostrada hasta ahora por las nuevas autoridades municipales ante la cada vez más notoria invasión de espacios públicos en el primer cuadro citadino.
Tal embestida de los vendedores informales supone un riesgoso amago que podría ser irreversible, más aun si se considera que estamos en la víspera de las fiestas decembrinas, que comercialmente son las más productivas del año.
En ese contexto destaca la actitud pasiva y hasta ingenua de la autoridad municipal, que por la vía de la Secretaría de Gobernación ha dicho que no usará la fuerza pública, sino que conminará a los involucrados a través del diálogo para lograr el reordenamiento comercial en el Centro Histórico.
¿En verdad creen que el tema puede resolverse en una mesa de trabajo?
¿A poco no saben de la complejidad que ello implica y de la prevalencia fantasmal de muchos intereses de tipo político, económico y social?
Pero más sorprendente todavía es la visión de la Alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, quien el fin de semana afirmó que “el ambulantaje existe porque la gente les compra”.
¿Qué quiso decir en realidad?
Y es que ciertamente el ambulantaje opera mediante la ley de la oferta y la demanda, pero no debe soslayarse que hay una autoridad que debe regularlo, así que bastaría que cada quien asuma su responsabilidad.
No se trata, en ningún modo, de estigmatizar a los comerciantes ambulantes, ni mucho menos de aniquilar esa actividad que al menos en Puebla existe desde tiempos inmemorables.
Todo lo contrario.
Lo que la sociedad exige –no solo el comercio formal que paga impuestos, sueldos, servicios- es que el comercio informal se ejerza verdaderamente bajo normas claras y justas.
Que esa actividad se reconozca incluso como indispensable para reforzar la cadena comercial y la economía, y que sea en verdad un paliativo ante la desigualdad social y la falta de oportunidades laborales.
Y que también un marco normativo adecuado sirva para mejorar la condición de miles de personas, y no solo de un grupo reducido de líderes de organizaciones que medran con el interés colectivo.
Es cierto que en otras etapas se ha usado a la fuerza pública para contener la presencia de ambulantes, y que la experiencia acredita que esa no es la mejor alternativa.
También es cierto que los comerciantes informales incumplen con frecuencia los acuerdos que suscriben con la autoridad y que suelen estirar la liga para medir su capacidad de respuesta.
Es un cuento de nunca acabar.
No olvidemos que tenemos un Centro Histórico único, majestuoso, de un valor incomparable con sus 2 mil 619 monumentos históricos registrados en 391 manzanas, muchos de ellos que datan del Siglo XVI, lo que significa un atractivo turístico de gran potencial que genera diversos beneficios.
Si en realidad queremos preservarlo y si existe la intención ordenar el ambulantaje en el Centro Histórico, es tiempo de aplicar medidas de fondo que van desde la definición definitiva de las zonas dónde puede operar –en lo cual ya se había avanzado notoriamente-, hasta el reconocimiento formal de quienes se dedican a esta actividad, con un padrón que los identifique y los comprometa a cumplir con requisitos mínimos para que podamos disfrutar de un limpio, seguro y sociable.
Si la autoridad no impone normas y genera los mecanismos para cumplirlas, se llegará al caos, opción que ahora parece ser la más visible.
