/ viernes 3 de mayo de 2019

Apuntan misiles al Poder Judicial

Héctor Sánchez Sánchez debe tomar nota de los mensajes políticos que le mandaron esta semana en desplegados de periódicos de circulación nacional.

Dos denuncias públicas expuestas en medios, una en contra suya, sangrienta y certera, y otra en contra de una juez de lo civil del distrito de Huejotzingo, no pudieron derivar de motivaciones aisladas, de una casualidad, sino de un interés, muy poderoso, por sacudir la oficina de mando del Tribunal Superior de Justicia.

Exhibir los trapos sucios de la casa, desacreditar el trabajo de impartición de justicia que se realiza en el Poder Judicial y apuntar directo a la cabeza del presidente son hechos que responden a ese fenómeno de reacomodos políticos que tuvieron su origen en las horas previas a la celebración de Navidad, el 24 de diciembre de 2018, con la muerte de Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso Hidalgo.

Héctor Sánchez fue protagonista de un meteórico ascenso en el Poder Judicial gracias al respaldo del entonces gobernador José Antonio Gali Fayad.

En febrero de 2017 ingresó al Consejo de la Judicatura y en enero de 2018 se convirtió en presidente del Tribunal Superior de Justicia, en relevo de Roberto Flores Toledano, a quien los morenovallistas llamaban “Boby”, de cariño.

Meses después de su arribo a la presidencia de ese poder del estado estuvo en riesgo de ser sustituido por Jorge Cruz Bermúdez, quien, a su vez, fue hecho magistrado por indicaciones de Moreno Valle, que, ante el término del periodo de Gali y la inminente llegada de su esposa a Casa Puebla, recobró parte de la influencia que había perdido con su partida del gobierno estatal.

En periodo postelectoral, ya con Martha Erika Alonso como gobernadora electa, Sánchez Sánchez fue citado a casa de los Moreno Valle en el fraccionamiento Las Fuentes.

Ahí, sin necesidad de darle vuelta a las cosas ni dirigirse a su interlocutor de manera cordial, como para cuidar las formas, Moreno Valle le soltó al magistrado presidente quién sería su jefe en lo sucesivo, una vez que Gali dejara la administración.

Si se oponía y no hacía lo que él ordenara, subrayó esa vez, lo quitaría de la presidencia para poner en su lugar a Cruz Bermúdez.

Esta anécdota viene a cuento por lo que sucede ahora mismo en el Poder Judicial.

Sánchez Sánchez sabe, o debería saber, cómo es esto.

Gali se fue el 14 de diciembre y Martha Erika gobernó solo 10 días.

Luego vino un encargado de despacho, Jesús Rodríguez Almeida, que menos de un mes después cedió el lugar al gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, que asumió el mando con el apoyo de un Congreso de mayoría lopezobradorista.

Además de ser uno de los políticos más respetados de Puebla, Pacheco Pulido es un hombre institucional, que no se mancha las manos involucrándose en asuntos que van más allá de su competencia.

Sin embargo, se marchará el último día de julio.

Después de Pacheco llegará un nuevo mandatario, de cinco años y medio, que no será ni galista ni morenovallista.

Eso lo leyó y entendió muy bien David Villanueva Lomelí, que partió a una nueva aventura en el servicio público incluso antes de que terminara su periodo en la Auditoría Superior del Estado.

Villanueva habló con quienes tenía que hablar para salir sin apuros.

A cambio tuvo que haber dicho que entendía el nuevo contexto y que no pretendía aferrarse a una posición.

Lo hizo bien y de paso consiguió un gran ascenso al asumir las labores de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, ni más ni menos.

Héctor Sánchez no ha mostrado la misma capacidad que Villanueva.

Y ahí radica el motivo de los embates que se hicieron públicos esta semana.

Después de los desplegados tocará el turno al Congreso del Estado, desde donde esa mayoría lopezobradorista dará inicio a una investigación sobre los hechos denunciados en las cartas publicadas.

En 2011, el entonces auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, dejó el puesto que Mario Marín Torres le obsequió años atrás hasta que Moreno Valle le echó encima el aparato gubernamental, con una denuncia penal que le tocó armar al procurador Víctor Carrancá Bourget, otro viejo conocido de los poblanos.

¿Qué necesidad?, se preguntaron algunos esa vez.

Twitter: @jorgerdzc

jrodriguez@elsoldepuebla.com.mx

Héctor Sánchez Sánchez debe tomar nota de los mensajes políticos que le mandaron esta semana en desplegados de periódicos de circulación nacional.

Dos denuncias públicas expuestas en medios, una en contra suya, sangrienta y certera, y otra en contra de una juez de lo civil del distrito de Huejotzingo, no pudieron derivar de motivaciones aisladas, de una casualidad, sino de un interés, muy poderoso, por sacudir la oficina de mando del Tribunal Superior de Justicia.

Exhibir los trapos sucios de la casa, desacreditar el trabajo de impartición de justicia que se realiza en el Poder Judicial y apuntar directo a la cabeza del presidente son hechos que responden a ese fenómeno de reacomodos políticos que tuvieron su origen en las horas previas a la celebración de Navidad, el 24 de diciembre de 2018, con la muerte de Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso Hidalgo.

Héctor Sánchez fue protagonista de un meteórico ascenso en el Poder Judicial gracias al respaldo del entonces gobernador José Antonio Gali Fayad.

En febrero de 2017 ingresó al Consejo de la Judicatura y en enero de 2018 se convirtió en presidente del Tribunal Superior de Justicia, en relevo de Roberto Flores Toledano, a quien los morenovallistas llamaban “Boby”, de cariño.

Meses después de su arribo a la presidencia de ese poder del estado estuvo en riesgo de ser sustituido por Jorge Cruz Bermúdez, quien, a su vez, fue hecho magistrado por indicaciones de Moreno Valle, que, ante el término del periodo de Gali y la inminente llegada de su esposa a Casa Puebla, recobró parte de la influencia que había perdido con su partida del gobierno estatal.

En periodo postelectoral, ya con Martha Erika Alonso como gobernadora electa, Sánchez Sánchez fue citado a casa de los Moreno Valle en el fraccionamiento Las Fuentes.

Ahí, sin necesidad de darle vuelta a las cosas ni dirigirse a su interlocutor de manera cordial, como para cuidar las formas, Moreno Valle le soltó al magistrado presidente quién sería su jefe en lo sucesivo, una vez que Gali dejara la administración.

Si se oponía y no hacía lo que él ordenara, subrayó esa vez, lo quitaría de la presidencia para poner en su lugar a Cruz Bermúdez.

Esta anécdota viene a cuento por lo que sucede ahora mismo en el Poder Judicial.

Sánchez Sánchez sabe, o debería saber, cómo es esto.

Gali se fue el 14 de diciembre y Martha Erika gobernó solo 10 días.

Luego vino un encargado de despacho, Jesús Rodríguez Almeida, que menos de un mes después cedió el lugar al gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, que asumió el mando con el apoyo de un Congreso de mayoría lopezobradorista.

Además de ser uno de los políticos más respetados de Puebla, Pacheco Pulido es un hombre institucional, que no se mancha las manos involucrándose en asuntos que van más allá de su competencia.

Sin embargo, se marchará el último día de julio.

Después de Pacheco llegará un nuevo mandatario, de cinco años y medio, que no será ni galista ni morenovallista.

Eso lo leyó y entendió muy bien David Villanueva Lomelí, que partió a una nueva aventura en el servicio público incluso antes de que terminara su periodo en la Auditoría Superior del Estado.

Villanueva habló con quienes tenía que hablar para salir sin apuros.

A cambio tuvo que haber dicho que entendía el nuevo contexto y que no pretendía aferrarse a una posición.

Lo hizo bien y de paso consiguió un gran ascenso al asumir las labores de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, ni más ni menos.

Héctor Sánchez no ha mostrado la misma capacidad que Villanueva.

Y ahí radica el motivo de los embates que se hicieron públicos esta semana.

Después de los desplegados tocará el turno al Congreso del Estado, desde donde esa mayoría lopezobradorista dará inicio a una investigación sobre los hechos denunciados en las cartas publicadas.

En 2011, el entonces auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, dejó el puesto que Mario Marín Torres le obsequió años atrás hasta que Moreno Valle le echó encima el aparato gubernamental, con una denuncia penal que le tocó armar al procurador Víctor Carrancá Bourget, otro viejo conocido de los poblanos.

¿Qué necesidad?, se preguntaron algunos esa vez.

Twitter: @jorgerdzc

jrodriguez@elsoldepuebla.com.mx