Poco más de un año tardó el mandatario Miguel Barbosa en comenzar la andanada discursiva y jurídica por acontecimientos de “monstruosa” corrupción –así lo dijo—en contra de los exfuncionarios que gobernaron bajo las órdenes del extinto Rafael Moreno Valle y con las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), lo que empata en tiempo con el arranque de los comicios intermedios y se anticipa unos meses a la definición de candidatos a puestos de elección popular.
Barbosa trae en agenda el tema de la corrupción de los gobiernos panistas desde que hizo campaña a la gubernatura por primera vez, en 2018.
Retomó las acusaciones en la contienda electoral de 2019 y volvió a ellas desde que arribó a Casa Aguayo en agosto de ese año, de manera esporádica, sin ser puntual en los nombres más allá de Moreno Valle, y en ningún momento, ni por asomo, dio indicios de haber presentado alguna denuncia penal para investigar y castigar los abusos de los exservidores públicos que se dieron rienda suelta en los ocho años de gobierno que duraron, en conjunto, Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.
Eukid Castañón Herrera, ya se sabe, fue detenido y apresado por una coyuntura inesperada.
Antes de que irrumpiera en el mundo el nuevo coronavirus y los planes trazados de manera previa cambiaran de ruta ya trascendía desde el poder estatal que habría procesos administrativos y penales para castigar a los supuestos corruptos, cómo no, pero que estas se presentarían hasta la segunda mitad del año, una vez que se aproximara el proceso electoral, para lograr un impacto negativo en la imagen del principal partido político opositor a Morena, el PAN.
Los plazos parecen haberse cumplido.
A diferencia de lo que hizo meses atrás, de soltar metralla en contra de la generalidad del “morenovalismo”, la semana pasada Barbosa comenzó a focalizar sus acusaciones, a nombrar casos concretos y deslizar nombres que permitían tener una idea clara de hacia dónde se dirigirían las investigaciones en caso de que ocurrieran de verdad.
El asunto cambió entre miércoles y jueves, cuando el mandatario centró el objetivo en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), al que acusó de ser un sistema creado para hacer millonarios negocios en favor de algunos exfuncionarios y de sus concesionarios, y soltó, ahora sí, varios nombres, más allá de Moreno Valle y de Gali Fayad.
En un hecho inusual, acompañado de Rodolfo Chávez Escudero, director de Carreteras de Cuota, enlistó a Roberto Moya Clemente, José Cabalán Macari Álvaro, Bernardo Huerta Couttolenc y Fernando Manzanilla Prieto como copartícipes del presunto fraude, con el que el fallecido Moreno Valle y Gali habrían comprometido el pago de 234 mil millones de pesos en beneficio de los concesionarios.
La segunda novedad fue que en esta ocasión no se quedó solo en el señalamiento mediático, como muchas otras en el pasado.
Barbosa aseguró que su gobierno ya ha presentado las denuncias penales correspondientes y se comprometió a sancionar a los responsables, en ese caso y en otros más, como en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), donde, expuso, se gastaron 173 millones de pesos en escuelas que no existen.
Lo ocurrido en estos días indica que, en efecto, varios morenovallistas se despacharon con la cuchara grande entre febrero de 2011 y diciembre de 2018 y que, como se preveía, las fechas marcadas en el calendario político electoral para hacerlos pagar por ello han llegado.
Del tamaño de los sucesos denunciados por el gobierno de Miguel Barbosa, de la relevancia de los personajes que sean llevados al paredón y del castigo que reciban por meterle la mano (y en algunos casos todo el cuerpo) a las arcas públicas dependerá el éxito que cosechen Morena y el grupo en el poder en las urnas.
Aquí radica la relevancia de lo que ha dado inicio en las últimas dos semanas en contra de hombres y mujeres que llegaron al gobierno con la camiseta del PAN (aunque muchos de ellos ni panistas eran).
La contienda electoral, desde el grupo en el poder, ha empezado.
Mientras, los panistas, objetivo específico de esta metralla, que no es menor, no atinan a ponerse de acuerdo ni para superar sus propias diferencias.
Así, divididos, como están ahora, serán barridos sin dificultad y echados a la banca de la administración pública por tres años más... al menos.
Twitter: @jorgerdzc
