/ lunes 12 de noviembre de 2018

30 pesos diarios por metro cuadrado y mil 500 semestrales, lo que pagan ambulantes

Van dos datos duros para esos nuevos servidores públicos municipales que insisten en mirar en color de rosa todo aquello que tiene que ver con el comercio informal.

En efecto, la gran mayoría de los vendedores ambulantes está en la vía pública porque no tiene más alternativas de sobrevivencia económica, ya sea porque no encontraron un empleo formal o porque el que encontraron no los satisfizo ni en salario ni en las condiciones laborales ofrecidas.

También es cierto que la inmensa mayoría de los comerciantes informales se dedica a esta actividad por necesidad económica, porque están obligados a proveer de alimentos, techo, educación y otros satisfactores a los integrantes de su familia.

Pero ese no es el caso de los líderes y dirigentes que, como se sabe, se aprovechan de la gestión del comercio ambulante para lucrar con sus representados, de la misma forma que lo han hecho muchos funcionarios municipales durante décadas, principalmente del departamento de Vía Pública, que depende de la Secretaría de Gobernación.

Un caso que refleja bien esta problemática es el que ocurre ahora mismo en el Paseo Bravo, importante zona del centro de la ciudad que se encuentra bajo el control de la organización Doroteo Arango.

Los informales que tienen “permiso” de colocarse en ese sitio para vender sus productos tienen que pagar 30 pesos diarios por metro cuadrado a sus líderes.

De otra forma les resultaría imposible acceder a la plancha para ocupar un lugar.

Además de lo anterior, deben desembolsar una cantidad más grande cada medio año, dizque para pagar a los funcionarios del Ayuntamiento que otorgan su autorización.

Eso es lo que dicen los dirigentes para convencer por la fuerza a sus representados.

Cabe destacar que hace seis meses el desembolso por ambulante fue de mil 200 pesos.

La semana pasada se cumplió un nuevo plazo y los ambulantes tuvieron que “caerse” con su dinero.

Otra vez.

Los líderes aseguraron que los trabajadores del nuevo Ayuntamiento pidieron un incremento de 300 pesos y que, por tanto, esta vez tendrían que pagar mil 500 pesos.

Así lo hicieron.

Obedientes, como siempre.

Los informales que dieron esta cuota saben que una buena parte de ese dinero se queda en los bolsillos de sus representantes, pero también creen que otra, en efecto, es destinada a los servidores públicos que les toleran su permanencia en la vía pública.

No es de su agrado pagar la extorsión que sufren por partida doble, pero no tienen de otra.

Así opera el ambulantaje y eso no es ningún secreto.

El problema no surgió con Claudia Rivera Vivanco ni con Luis Banck, su antecesor.

Viene de más atrás.

El punto es que este ejemplo tiene que servir a los recién llegados funcionarios, incluida la presidenta municipal y su secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, para entender lo que ocurre en esta actividad informal y la responsabilidad que en ella han tenido las autoridades.

Sería bueno que la alcaldesa o Sánchez Galindo preguntaran al personal de Vía Pública dónde está lo recaudado la semana pasada en el Paseo Bravo, quién o quiénes se quedaron con el dinero y si se emitieron recibos por ello.

Podrían sorprenderse.

A menos, claro, que ya conozcan las respuestas.

Nadie pide desaparecer a los vendedores informales.

Eso es imposible.

Lo que se demanda del Ayuntamiento es que ponga orden y establezca reglas, quizá con un reordenamiento.

Algunos de los comerciantes establecidos, por ejemplo, enojados, han decidido “competir” con los informales sacando sus productos a las banquetas.

Ese es el comienzo de la anarquía.


@jorgerdzc

Correo: jrodriguez@elsoldepuebla.com.mx

Van dos datos duros para esos nuevos servidores públicos municipales que insisten en mirar en color de rosa todo aquello que tiene que ver con el comercio informal.

En efecto, la gran mayoría de los vendedores ambulantes está en la vía pública porque no tiene más alternativas de sobrevivencia económica, ya sea porque no encontraron un empleo formal o porque el que encontraron no los satisfizo ni en salario ni en las condiciones laborales ofrecidas.

También es cierto que la inmensa mayoría de los comerciantes informales se dedica a esta actividad por necesidad económica, porque están obligados a proveer de alimentos, techo, educación y otros satisfactores a los integrantes de su familia.

Pero ese no es el caso de los líderes y dirigentes que, como se sabe, se aprovechan de la gestión del comercio ambulante para lucrar con sus representados, de la misma forma que lo han hecho muchos funcionarios municipales durante décadas, principalmente del departamento de Vía Pública, que depende de la Secretaría de Gobernación.

Un caso que refleja bien esta problemática es el que ocurre ahora mismo en el Paseo Bravo, importante zona del centro de la ciudad que se encuentra bajo el control de la organización Doroteo Arango.

Los informales que tienen “permiso” de colocarse en ese sitio para vender sus productos tienen que pagar 30 pesos diarios por metro cuadrado a sus líderes.

De otra forma les resultaría imposible acceder a la plancha para ocupar un lugar.

Además de lo anterior, deben desembolsar una cantidad más grande cada medio año, dizque para pagar a los funcionarios del Ayuntamiento que otorgan su autorización.

Eso es lo que dicen los dirigentes para convencer por la fuerza a sus representados.

Cabe destacar que hace seis meses el desembolso por ambulante fue de mil 200 pesos.

La semana pasada se cumplió un nuevo plazo y los ambulantes tuvieron que “caerse” con su dinero.

Otra vez.

Los líderes aseguraron que los trabajadores del nuevo Ayuntamiento pidieron un incremento de 300 pesos y que, por tanto, esta vez tendrían que pagar mil 500 pesos.

Así lo hicieron.

Obedientes, como siempre.

Los informales que dieron esta cuota saben que una buena parte de ese dinero se queda en los bolsillos de sus representantes, pero también creen que otra, en efecto, es destinada a los servidores públicos que les toleran su permanencia en la vía pública.

No es de su agrado pagar la extorsión que sufren por partida doble, pero no tienen de otra.

Así opera el ambulantaje y eso no es ningún secreto.

El problema no surgió con Claudia Rivera Vivanco ni con Luis Banck, su antecesor.

Viene de más atrás.

El punto es que este ejemplo tiene que servir a los recién llegados funcionarios, incluida la presidenta municipal y su secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, para entender lo que ocurre en esta actividad informal y la responsabilidad que en ella han tenido las autoridades.

Sería bueno que la alcaldesa o Sánchez Galindo preguntaran al personal de Vía Pública dónde está lo recaudado la semana pasada en el Paseo Bravo, quién o quiénes se quedaron con el dinero y si se emitieron recibos por ello.

Podrían sorprenderse.

A menos, claro, que ya conozcan las respuestas.

Nadie pide desaparecer a los vendedores informales.

Eso es imposible.

Lo que se demanda del Ayuntamiento es que ponga orden y establezca reglas, quizá con un reordenamiento.

Algunos de los comerciantes establecidos, por ejemplo, enojados, han decidido “competir” con los informales sacando sus productos a las banquetas.

Ese es el comienzo de la anarquía.


@jorgerdzc

Correo: jrodriguez@elsoldepuebla.com.mx