La inseguridad está superando todos los límites establecidos por el Estado mexicano.
Hasta ahora solo la buena voluntad de autoridades, como el gobernador de Puebla, ha impedido mayores desgracias, que pueden ocurrir porque los criminales, en un ambiente de impunidad, están dispuestos a todo, incluso a azuzar el enfrentamiento de los pueblos con los elementos de seguridad.
Un ejemplo fehaciente: el pasado domingo, informó El Sol de Puebla ayer, inició operaciones la Guardia Nacional en Cañada Morelos, donde la madrugada del miércoles 14 policías estatales fueron desarmados y retenidos por pobladores, quienes exigían la liberación de dos presuntos delincuentes.
Sólo que, mientras se negociaba la libertad de los uniformados, un tren de carga fue saqueado en el mismo Cañada Morelos, santuario del asalto y robo a ferrocarriles de carga.
“Pobladores de Cerro Gordo llegaron hasta la presidencia municipal y confrontaron hasta someter a los estatales. Luego de un enfrentamiento, en el cual un policía y un manifestante resultaron lesionados, 17 habitantes fueron asegurados.
Elementos de la Guardia vigilaron las entradas al poblado, mientras policías federales se congregaron en una de sus sedes esperando instrucciones para entrar; al final no hubo necesidad y a las 16:18 horas los elementos fueron entregados en la gasolinería de la caseta de Esperanza.
“A cambio de los detenidos por las autoridades en la riña. La Secretaría de Seguridad Pública y el gobernador Miguel Barbosa informaron que luego de horas de diálogo no fue necesario el uso de la fuerza.
“Durante el tiempo en que se daban las negociaciones, la concentración de policías en un solo punto llevó a que las carreteras estatales y federales permanecieran desoladas hasta los límites con Veracruz, lo que al menos 200 habitantes de Llano Grande, a unos kilómetros, aprovecharon para saquear varias toneladas de granos de un tren detenido con una barricada.
La situación parece incontrolable y la Guardia Nacional no ha sido la solución que propuso y esperaba el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo más extraño es que después de nueve meses, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que, de acuerdo con trabajos de inteligencia, hay policías de 50 municipios que tienen vínculos con el crimen organizado y que para la federación tienen carácter de prioritarios.
Reconoció que la Guardia Nacional, aún con su eficacia, sería insuficiente si los estados y municipios no hacen la parte que les corresponde, y dijo que al crimen se le debe enfrentar de manera unida.
“No se trata de tirarnos la bolita unos a otros, no, porque es de tal dimensión el problema que tenemos que enfrentarlos de manera unida, de manera coordinada, pero cada instancia haciendo la parte que les corresponde”, señaló al salir el martes de esta semana de una entrevista con legisladores.
El crimen organizado está aquí, en municipios y regiones de todo el país, incluido Puebla, en un reto constante a las autoridades federales y estatales que no cuentan aún con capacidad y la fuerza suficiente para hacerles frente.
Un ejemplo, Cañada Morelos.
De las anécdotas que se cuentan
El gobernador Rafael Moreno Valle tuvo claro desde el día que tomó posesión que su misión era pasar a la historia como “el mejor gobernador” y para ello, entre otras, se puso como meta atraer una inversión multimillonaria para construir en Puebla una armadora más de autos, como en la década de los sesenta del siglo pasado se consiguió la instalación de Volkswagen.
Para lograr que Audi eligiera el estado tuvo compitió no sólo con otros gobernadores mexicanos sino con la misma firma, que tiene su sede en Ingolstadt, Alemania y que no veía con buenos ojos tener cerca a su hermana VW, que produce autos económicos.
Esa fue la razón para que el gobernador, funcionario y sus asesores buscaran una ubicación y terrenos para un desarrollo de mediano y largo plazo, por lo menos tres décadas, para que fuera la zona que compitiera en generación de Producto Interno Bruto con la capital poblana. Estuvieron dispuestos siempre a ofrecerlo todo lo que les pedían, y lo dieron.
Por ello, la propuesta de San José Chiapa.
Ahora, que apareció como libro una investigación científica y periodística sobre las maniobras “oficiales” que se hicieron para la instalación de la automotriz y en la que se esbozan casos de corrupción, en los cuales estuvieron implicados funcionarios del morenovallismo, los directivos alemanes tienen prendidas las alertas y se preguntan si Puebla, sociedad y gobierno, quiere que sigan ellos aquí, produciendo autos de lujo.
En su razonamiento hay constantes que pesan.
¿Por qué los autores de la investigación no tienen versiones de los acusados aludidos? ¿Por qué no se acercaron a Audi? ¿Hay elementos políticos o realidades judiciales para acusar a sus funcionarios alemanes de colusión con las autoridades estatales poblanas en actos de corrupción?
Vale la pena recordar que Ruper Stadler, ex presidente de Audi, es juzgado en Alemania por fraude con relación al escándalo de los motores diésel manipulados o "dieselgate" que estalló en septiembre de 2015 en Volkswagen.
La justicia lo acusa de haber vendido 434 mil automóviles diésel de Audi y Volkswagen equipados con un programa que falseaba las mediciones de contaminación para eludir los controles.
Stadler, quien dirigió Audi durante 11 años, se convirtió en junio de 2018 en el primer directivo de la industria automotriz en ser detenido preventivamente en el marco de esta investigación abierta en otoño de 2015.
A él le correspondió aprobar y autorizar la instalación de Audi en Puebla.
El plan B de los funcionarios alemanes, si sigue el acoso y no hay pruebas contundentes, además de demandar a quienes los acusan es, si no los quieren en San José Chiapa, levantar sus fierros e irse.
El espacio vacío lo cederían para bodegas de VW.
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