De cara a la realidad y ante el covid-19, el de por si deficiente sistema de salud se colapsó y deterioro aún más la economía; siendo las principales causales que no se situaban en el escenario de la actual administración federal.
Partiendo de los análisis de especialistas, establecen que por esta lamentable situación un poco más de 15 millones mexicanos caerán en pobreza extrema y que debido a la falta de apoyos a los empresarios, los empleos perdidos podrán ascender a 1.8 millones, durante el presente 2020.
En nuestro país, los recursos destinados al rescate son del 1.1% del producto interno bruto (PIB), en contraste, solo para ejemplificar Alemania destinó el 41% de su PIB; no hay punto de comparación y ello responde a la crítica situación por la que viviremos los mexicanos por un largo período.
Y no se vislumbra una posible mejora, pues en fechas recientes, ha crecido el endeudamiento de una gran cantidad de ciudadanos, al tiempo que se han incrementado los retiros de los fondos de pensiones; es por ello que, para atenuar esta difícil situación, diversos especialistas han señalado que el Estado debería destinar recursos para brindar un ingreso universal.
Lo cual es conveniente tomarlo en consideración, pues si bien se ha mencionado que este apoyo pudiera brindarse al menos por un período de 3 ó 4 meses con un ingreso equivalente a un salario mínimo, representa solo un punto porcentual del PIB, con lo cual podrán beneficiarse aproximadamente 13 millones de familias.
Pues si bien, el gobierno federal ha destinado por la cancelación de proyectos como el NAIM, la eliminación de energías limpias y la de Constellatión Brands cerca de 227 millones de pesos; siendo acciones que no benefician y por el contrario frenan el desarrollo del país, pues insistentemente desde la campaña política, el actual mandatario, enarbolaba que su prioridad es primero los pobres. Siendo esta la principal razón que en congruencia debe apoyarse para atenuar las carencias que padecen los mexicanos producidas por la emergencia sanitaria.
Por otro lado, si bien la economía de mercado plantea el interés individual y no el colectivo, ello genera la desigual distribución de la riqueza; en congruencia, la actual administración debe considerar este planteamiento y no restringir el desarrollo social, solo con la postura del no endeudamiento y, reforzar el desarrollo de la sociedad ante esta contingencia no prevista.
Pues un gobierno que se precie de izquierda debe a toda costa eliminar los conflictos, al tiempo, que una democracia progresista, no debe dar rienda suelta a sus ideales; “por el contrario debe de tener presente que con la oportuna optimización de sus ideales depende el equilibrio; es decir, contar con un Estado que tenga la capacidad de ejercer el poder legítimo de sus instituciones”.
En síntesis, debe estar convencido que se deben generar políticas públicas que promuevan el desarrollo presente y futuro, ajustándolas a la situación de contingencias como la que enfrenta nuestro país.
Mejor sería establecer una adecuada comunicación con políticas públicas, realizables y no solo buscar culpables, pues ahora no solo los medios nacionales sino los internacionales evidencian la incongruencia de los datos oficiales, presentado por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.
Que, convertido además en vocero, se ha visto rebasado, no solo por la tardanza en la reacción para combatir la pandemia, sino también por los cálculos errados en el número de contagios y aun más lamentable por el número de decesos que rebasan los 40 mil.
A pesar de estos lamentables desaciertos en materia de salud, aun el gobierno federal tiene el tiempo suficiente para rectificar el rumbo, el cual debe orientarlo mediante políticas públicas que sustenten los cambios que los mexicanos esperamos.
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