/ lunes 2 de agosto de 2021

Barbosa: dos años de impasse

El gobierno de Luis Miguel Barbosa cumplió dos años y se debe decir que ha estado marcado por la pandemia y por la concentración del poder. El mandatario se ha encargado de mandar un mensaje claro: quien toma decisiones es él. Y, si no les gusta a sus opositores -independientemente de su filiación política- pueden ir pensando en el exilio, en la defensa de su libertad o en la búsqueda del cobijo presidencial, que resulta ser el único dique que respeta el mandatario poblano (aunque a regañadientes).

El Congreso ha sido una oficina más del gobernador. No se encuentran personajes de peso entre los diputados de Morena -la bancada que maneja el congreso- y actúan como verdaderos súbditos de Barbosa, al punto que el exlíder del congreso aspiró a la presidencia municipal de la capital con una sola bandera: ser el soldado del gobernador. Y ni hablar de las leyes o reformas que pudiera impulsar o aprobar el congreso: ha sido muy criticada su negativa a despenalizar el aborto o a aprobar la ley para la búsqueda de desaparecidos, y parece que solo puede presumir el impulso de las controversiales leyes de educación y del notariado, así como la aprobación de la reforma al código civil que reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo (debido a un requerimiento límite de la Suprema Corte de Justicia).

Al igual que con Rafael Moreno Valle, los cambios en el gabinete son una constante en la administración de Barbosa, que puede verse como un vaso medio lleno o uno medio vacío: como la consecuencia de la habilidad del gobernador para percatarse de actos ilegales, así como de la ineficiencia de sus empleados, o como la incapacidad del gobernador para elegir de manera adecuada a su equipo y liderarlo. Baste decir que en dos años ha habido tres secretarios de Gobernación y otros tres de Seguridad Pública. El mensaje, más allá de lo que afirme el gobernador, es claro: la gobernabilidad no parece haber estado en buenas manos, y la sumisión al gobernador es requisito indispensable para mantenerse en el gobierno. Fernando Manzanilla y David Méndez fueron removidos porque realizaban actividades que al gobernador no le gustaban. Lo pagaron caro: el despido, la defenestración y la maquinaria mediática en su contra.

En la Secretaría de Seguridad Pública encontramos una agravante: el propio gobernador señaló que “los chiapanecos” desviaron su conducta, pero a la fecha, como en el caso de los exsecretarios de Gobernación, no hay procedimiento alguno que respalde los dichos de Barbosa en el sentido de que la corrupción sería atacada, incluso en estos casos. En Seguridad Pública, los chiapanecos vinieron, se fueron, nada aportaron, pero el gobernador cierra los ojos y se contenta con decir que detectó cuando “desviaron” su conducta. Confía en que la sociedad asuma que así fue, pero las dudas son muchas porque fue él quien los nombró, y quien a costa de todo los impuso en tareas delicadísimas (Raciel López era el Secretario de Seguridad Pública, Yassir Vázque era subsecretario de Comunicaciones, Madariaga era un asesor jurídico principalísimo), además de que la cercanía del exsecretario de seguridad pública con Gertz Manero (fue delegado de la Fiscalía en el Estado de México) no parece ser un escenario favorable para que el gobernador abra un boquete en su relación con el fiscal general de la nación, y mucho menos ahora que los dos convergen como aliados en su pleito contra la fundación Jenkins.

En este último punto encontramos la decisión más importante del gobierno de Barbosa: apoyar la postulación de un nuevo patronato para controlar la Universidad de las Américas Puebla. Cierto que haber encarcelado a Eukid Castañón, arrebatar las notarías a los morenovallistas que se habían beneficiado con ellas o haber hecho perder a Claudia Rivera pueden verse como triunfos de Barbosa, pero ninguno de ellos tiene una relevancia nacional. La Universidad de las América Puebla sí tiene ese peso, aunque el triunfo barbosista está aún en entredicho. No se ve una salida pronta a la problemática que enfrenta a los Jenkins en la UDLAP y, en ese sentido, Barbosa ha pasado de ser la figura amenazante a “invitar” a los Jenkins a negociar. No es fácil: los tiempos corren en contra de la universidad, quienquiera que sea el triunfador en este pleito familiar y legal. Barbosa sabe que de nada sirve un triunfo en cinco años si eso significa el deterioro irremediable de la universidad y del sistema educativo poblano en su conjunto. La decisión me recuerda a la Blitzkrieg del nazismo en el Reino Unido. A aquellos no les resultó, aunque los efectos en La City y en el Reino Unido fueron devastadores. Veremos si la Blitzkrieg de Barbosa en la UDLAP lo encumbra como nuevo mandamás todopoderoso en el estado o resulta ser una pérdida de municiones que lo dejen a merced de “los aliados”.

El gobierno de Luis Miguel Barbosa cumplió dos años y se debe decir que ha estado marcado por la pandemia y por la concentración del poder. El mandatario se ha encargado de mandar un mensaje claro: quien toma decisiones es él. Y, si no les gusta a sus opositores -independientemente de su filiación política- pueden ir pensando en el exilio, en la defensa de su libertad o en la búsqueda del cobijo presidencial, que resulta ser el único dique que respeta el mandatario poblano (aunque a regañadientes).

El Congreso ha sido una oficina más del gobernador. No se encuentran personajes de peso entre los diputados de Morena -la bancada que maneja el congreso- y actúan como verdaderos súbditos de Barbosa, al punto que el exlíder del congreso aspiró a la presidencia municipal de la capital con una sola bandera: ser el soldado del gobernador. Y ni hablar de las leyes o reformas que pudiera impulsar o aprobar el congreso: ha sido muy criticada su negativa a despenalizar el aborto o a aprobar la ley para la búsqueda de desaparecidos, y parece que solo puede presumir el impulso de las controversiales leyes de educación y del notariado, así como la aprobación de la reforma al código civil que reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo (debido a un requerimiento límite de la Suprema Corte de Justicia).

Al igual que con Rafael Moreno Valle, los cambios en el gabinete son una constante en la administración de Barbosa, que puede verse como un vaso medio lleno o uno medio vacío: como la consecuencia de la habilidad del gobernador para percatarse de actos ilegales, así como de la ineficiencia de sus empleados, o como la incapacidad del gobernador para elegir de manera adecuada a su equipo y liderarlo. Baste decir que en dos años ha habido tres secretarios de Gobernación y otros tres de Seguridad Pública. El mensaje, más allá de lo que afirme el gobernador, es claro: la gobernabilidad no parece haber estado en buenas manos, y la sumisión al gobernador es requisito indispensable para mantenerse en el gobierno. Fernando Manzanilla y David Méndez fueron removidos porque realizaban actividades que al gobernador no le gustaban. Lo pagaron caro: el despido, la defenestración y la maquinaria mediática en su contra.

En la Secretaría de Seguridad Pública encontramos una agravante: el propio gobernador señaló que “los chiapanecos” desviaron su conducta, pero a la fecha, como en el caso de los exsecretarios de Gobernación, no hay procedimiento alguno que respalde los dichos de Barbosa en el sentido de que la corrupción sería atacada, incluso en estos casos. En Seguridad Pública, los chiapanecos vinieron, se fueron, nada aportaron, pero el gobernador cierra los ojos y se contenta con decir que detectó cuando “desviaron” su conducta. Confía en que la sociedad asuma que así fue, pero las dudas son muchas porque fue él quien los nombró, y quien a costa de todo los impuso en tareas delicadísimas (Raciel López era el Secretario de Seguridad Pública, Yassir Vázque era subsecretario de Comunicaciones, Madariaga era un asesor jurídico principalísimo), además de que la cercanía del exsecretario de seguridad pública con Gertz Manero (fue delegado de la Fiscalía en el Estado de México) no parece ser un escenario favorable para que el gobernador abra un boquete en su relación con el fiscal general de la nación, y mucho menos ahora que los dos convergen como aliados en su pleito contra la fundación Jenkins.

En este último punto encontramos la decisión más importante del gobierno de Barbosa: apoyar la postulación de un nuevo patronato para controlar la Universidad de las Américas Puebla. Cierto que haber encarcelado a Eukid Castañón, arrebatar las notarías a los morenovallistas que se habían beneficiado con ellas o haber hecho perder a Claudia Rivera pueden verse como triunfos de Barbosa, pero ninguno de ellos tiene una relevancia nacional. La Universidad de las América Puebla sí tiene ese peso, aunque el triunfo barbosista está aún en entredicho. No se ve una salida pronta a la problemática que enfrenta a los Jenkins en la UDLAP y, en ese sentido, Barbosa ha pasado de ser la figura amenazante a “invitar” a los Jenkins a negociar. No es fácil: los tiempos corren en contra de la universidad, quienquiera que sea el triunfador en este pleito familiar y legal. Barbosa sabe que de nada sirve un triunfo en cinco años si eso significa el deterioro irremediable de la universidad y del sistema educativo poblano en su conjunto. La decisión me recuerda a la Blitzkrieg del nazismo en el Reino Unido. A aquellos no les resultó, aunque los efectos en La City y en el Reino Unido fueron devastadores. Veremos si la Blitzkrieg de Barbosa en la UDLAP lo encumbra como nuevo mandamás todopoderoso en el estado o resulta ser una pérdida de municiones que lo dejen a merced de “los aliados”.

ÚLTIMASCOLUMNAS