/ miércoles 24 de junio de 2020

Barbosa soltará la guillotina cuando se la den

Al margen de los pleitos cuasi personales que trae con Alfonso Esparza, Claudia Rivera, Fernando Manzanilla y José Juan Espinosa, el gobernador Luis Miguel Barbosa sí tiene entre sus objetivos meter a la cárcel a algunos de los otrora integrantes del grupo morenovallista que hayan abusado del poder, y que hayan dejado huellas visibles, enriqueciéndose de manera ilícita.

Eukid Castañón cayó antes de lo previsto, por una circunstancia que ni Barbosa ni sus asesores jurídicos esperaban, pero el operador político del fallecido Rafael Moreno Valle no era el primero de una larga lista de personajes con los que el nuevo grupo en el poder pretende ajustar cuentas lo más pronto posible.

Dos fuentes desvinculadas entre sí le confiaron recientemente al autor de esta columna que el gobernador había dispuesto investigar a fondo las tropelías de los servidores públicos que administraron el estado entre 2011 y 2018 para, con las pruebas y los expedientes en la mano, actuar en consecuencia.

Una de las fuentes, muy cercana al mandatario estatal, narró que Barbosa había ordenado investigar a funcionarios específicos, tanto del gobierno de Moreno Valle como del de José Antonio Gali, para denunciarlos ante las autoridades competentes y mandarlos a prisión, independientemente de los plazos electorales y de que las eventuales aprehensiones ayudaran o no a propinarle varios palos mediáticos al PAN y sus candidatos.

La otra fuente, mucho menos cercana, pero con oídos confiables puestos en el aparato gubernamental, le compartió al reportero, un par de semanas atrás, que la permanencia de Olivia Villaseñor Rosales al frente de la Secretaría de la Función Pública pendía de un hilo, debido a la incapacidad de su equipo y de ella misma para poner en bandeja de plata las cabezas que Barbosa demanda.

Ambas versiones cobran fuerza en el contexto de la revelación publicada esta semana por el periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, director de e-consulta, y que no fue desmentida oficial ni extraoficialmente por el mandatario, en la que se narra el reclamo de Barbosa al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por no haber metido a la cárcel, hasta ahora, a los ex mandatarios Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

“Si Peña y Calderón estuvieran en la cárcel no tendríamos encima al PRI y al PAN”, asegura Ruiz Rodríguez que Barbosa le dijo al tabasqueño.

De ser cierta esta especie, y parece que lo es, porque no hubo desmentido acalorado como en otras ocasiones, el respetable tendría en esas palabras la posibilidad de leer entrelíneas lo que el gobernador cocina para el futuro inmediato.

En efecto, antes que pensar en la búsqueda de beneficios políticos, el huésped de Casa Aguayo ya tenía como objetivo castigar los excesos del pasado, solo los que se pudieran, según el tamaño de las facultades y las herramientas jurídicas de las que dispone el aparato estatal, como bien le habría respondido el presidente.

No obstante, castigar esos excesos para quitarse de encima al PRI y al PAN le pone un ingrediente adicional de interés, esta vez, sí, político.

Villaseñor Rosales y los miembros de su supuesto ‘dream team’ en la Secretaría de la Función Pública están obligados a darle resultados a un mandatario que exige el pago de facturas.

Los ex morenovallistas, que tontos no son, saben que su tranquilidad está en juego.

Por eso se mantienen expectantes, a la caza de movimientos sospechosos, pero ávidos de concretar acuerdos con los interlocutores del gobernador para conseguir, a estas alturas, pactos de inmunidad.

El reto es grande para ellos, que al mismo tiempo que tratan de pasar desapercibidos para Barbosa aspiran también a conseguir un puesto de elección popular, lo que los conduce a moverse y hacer un poco de ruido en el PAN, para tratar de lograr una candidatura.

La incertidumbre aumenta porque nadie sabe quién será el primero en caer.

Nadie, salvo el gobernador Barbosa, que, por lo que se sabe, solo espera instrumentos jurídicos certeros para soltar la guillotina.

Los priistas deben todos dormir tranquilos.

O casi todos.

Con excepción de aquellos que la hicieron de aliados encubiertos de Moreno Valle para ayudarlo en la concreción de sus intereses.

Twitter: @jorgerdzc

jrodriguez@elsoldepuebla.com

Al margen de los pleitos cuasi personales que trae con Alfonso Esparza, Claudia Rivera, Fernando Manzanilla y José Juan Espinosa, el gobernador Luis Miguel Barbosa sí tiene entre sus objetivos meter a la cárcel a algunos de los otrora integrantes del grupo morenovallista que hayan abusado del poder, y que hayan dejado huellas visibles, enriqueciéndose de manera ilícita.

Eukid Castañón cayó antes de lo previsto, por una circunstancia que ni Barbosa ni sus asesores jurídicos esperaban, pero el operador político del fallecido Rafael Moreno Valle no era el primero de una larga lista de personajes con los que el nuevo grupo en el poder pretende ajustar cuentas lo más pronto posible.

Dos fuentes desvinculadas entre sí le confiaron recientemente al autor de esta columna que el gobernador había dispuesto investigar a fondo las tropelías de los servidores públicos que administraron el estado entre 2011 y 2018 para, con las pruebas y los expedientes en la mano, actuar en consecuencia.

Una de las fuentes, muy cercana al mandatario estatal, narró que Barbosa había ordenado investigar a funcionarios específicos, tanto del gobierno de Moreno Valle como del de José Antonio Gali, para denunciarlos ante las autoridades competentes y mandarlos a prisión, independientemente de los plazos electorales y de que las eventuales aprehensiones ayudaran o no a propinarle varios palos mediáticos al PAN y sus candidatos.

La otra fuente, mucho menos cercana, pero con oídos confiables puestos en el aparato gubernamental, le compartió al reportero, un par de semanas atrás, que la permanencia de Olivia Villaseñor Rosales al frente de la Secretaría de la Función Pública pendía de un hilo, debido a la incapacidad de su equipo y de ella misma para poner en bandeja de plata las cabezas que Barbosa demanda.

Ambas versiones cobran fuerza en el contexto de la revelación publicada esta semana por el periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, director de e-consulta, y que no fue desmentida oficial ni extraoficialmente por el mandatario, en la que se narra el reclamo de Barbosa al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por no haber metido a la cárcel, hasta ahora, a los ex mandatarios Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

“Si Peña y Calderón estuvieran en la cárcel no tendríamos encima al PRI y al PAN”, asegura Ruiz Rodríguez que Barbosa le dijo al tabasqueño.

De ser cierta esta especie, y parece que lo es, porque no hubo desmentido acalorado como en otras ocasiones, el respetable tendría en esas palabras la posibilidad de leer entrelíneas lo que el gobernador cocina para el futuro inmediato.

En efecto, antes que pensar en la búsqueda de beneficios políticos, el huésped de Casa Aguayo ya tenía como objetivo castigar los excesos del pasado, solo los que se pudieran, según el tamaño de las facultades y las herramientas jurídicas de las que dispone el aparato estatal, como bien le habría respondido el presidente.

No obstante, castigar esos excesos para quitarse de encima al PRI y al PAN le pone un ingrediente adicional de interés, esta vez, sí, político.

Villaseñor Rosales y los miembros de su supuesto ‘dream team’ en la Secretaría de la Función Pública están obligados a darle resultados a un mandatario que exige el pago de facturas.

Los ex morenovallistas, que tontos no son, saben que su tranquilidad está en juego.

Por eso se mantienen expectantes, a la caza de movimientos sospechosos, pero ávidos de concretar acuerdos con los interlocutores del gobernador para conseguir, a estas alturas, pactos de inmunidad.

El reto es grande para ellos, que al mismo tiempo que tratan de pasar desapercibidos para Barbosa aspiran también a conseguir un puesto de elección popular, lo que los conduce a moverse y hacer un poco de ruido en el PAN, para tratar de lograr una candidatura.

La incertidumbre aumenta porque nadie sabe quién será el primero en caer.

Nadie, salvo el gobernador Barbosa, que, por lo que se sabe, solo espera instrumentos jurídicos certeros para soltar la guillotina.

Los priistas deben todos dormir tranquilos.

O casi todos.

Con excepción de aquellos que la hicieron de aliados encubiertos de Moreno Valle para ayudarlo en la concreción de sus intereses.

Twitter: @jorgerdzc

jrodriguez@elsoldepuebla.com