El regreso a clases presenciales después de la Semana Santa como lo decidió el gobernador Miguel Barbosa, para muchos significará que la pandemia por Covid19 terminó; y aunque no es así, tal anuncio implica ir recobrando la antigua normalidad y ello conllevará que todo lo demás también retome su cauce como las acciones de gobierno que están pendientes y entre ellas el ordenamiento y regularización del transporte público.
Aunque gran parte de los involucrados en el servicio de transporte ya operan al 100% y sin restricciones, incluidas las bandas delictivas que atracan diariamente a los usuarios; pues a los pasajeros y demás ciudadanos no se les olvida que sigue en el tintero la modernización y sobre todo la seguridad que ofrecieron tanto el gobierno como los concesionarios.
Desde el inicio de su gestión el gobernador reconoció las deficiencias del servicio, aceptó que este rubro ha sido un nido de corrupción desde administraciones pasadas y lamentablemente también su gobierno no pudo resistir la seducción de tal práctica. El negrito en el arroz fue el ex secretario Guillermo Aréchiga, que aunque hoy está preso por sus abusos y malas acciones durante su estancia en la Secretaría de Movilidad y Transporte, al final manchó a la administración que para limpiar su imagen y cumplir con la palabra empeñada; la única forma de hacerlo fue iniciando las denuncias penales que hoy tienen en la cárcel al ex funcionario.
Retomando el tema original, es necesario resaltar que así como ya se ordenó el regreso a clases, ello detonará la reactivación total de todo. Justo por esa razón es necesario que sea retomado el plan de modernización, mejora y seguridad del sistema de transporte en Puebla. Cuando el proyecto estaba iniciando, llegó la pandemia y lo detuvo. Fue una salvación, periodo de gracia, respiro, suspensión o como se le quiera llamar, para los transportistas y el gobierno no tuvo de otra más que aguantarlos, pero hoy que ya casi todo está bien, pues entonces será elemental cumplir con los pendientes.
Ahora que las unidades del transporte irán a reventar porque niñas y niños, adolescentes, universitarios y maestros, se sumarán a los traslados diarios desde muy temprano; los padres y todos los demás usuarios serán quienes exijan que urge que las unidades vayan equipadas con cámaras de video vigilancia, con botones de pánico, con torretas de alertamiento, con sistemas GPS y demás aditamentos que se ofrecieron y que serán mecanismos que intenten frenar a los amantes de lo ajeno.
Todo lo anterior quizá sea solo una ilusión o un engaña-tontos no solo por lo difícil de cumplir, sino porque está cañón que erradique la inseguridad en el transporte; pues quizá sí sea imposible, pero si a eso se comprometieron tanto autoridades como concesionarios; pues ahora que cumplan.
El gobernador Miguel Barbosa es el primer interesado en poner orden en el rubro. Ha enviado al Poder Legislativo propuestas de modificación a la Ley del Transporte, ha girado instrucciones para ordenar el servicio pirata, ha procedido legalmente contra los abusivos y corruptos que se sirvieron desde ese mismo renglón; por lo tanto no queda duda de su interés; sin embargo deberá meter el acelerador a fondo si quiere pasar a la historia como el titular del Poder Ejecutivo que logró transformar el transporte, porque de lo contrario; a dos años de concluir su administración también corre el riesgo de que todo quede como buenas intenciones.
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