Esa pregunta se ha puesto sobre las mesas de conversación y las primeras conclusiones son dos. La primera es que así no habría razón para incumplir con el mandato y la segunda es que siendo realistas eso jamás va a suceder porque ese business ya está puesto en marcha y los inversionistas deben recuperar su lana.
Aunque los ánimos de las protestas contra la medida ya bajaron su intensidad –al menos durante la semana pasada- la realidad es que aún lo más rebeldes terminarán cumpliendo con el ordenamiento. Aquellos que argumentan que no tienen el billete para llevar sus unidades a verificar, tarde o temprano tendrán que acudir a los verificentros para cumplir con la norma si no quieren ser sancionados. ¡No hay de otra!
Por más razonamientos que haya, el respetable sigue y seguirá viendo el programa como un esquema 100% recaudatorio aunque la autoridad sostenga que el objetivo central es medioambientalista.
Hace unos días un especialista explicó que si la verdadera razón es proteger el medio ambiente, la verificación debería ser sin costo para los ciudadanos. Si se facilita el procedimiento y no representa una carga económica a los automovilistas, así habría más posibilidades de que los índices de cumplimiento fueran mayores. Dijo que si la medida demostrara que efectivamente la preocupación central es el planeta y no las carteras de los dueños de los verificentros, así crecería una conciencia y responsabilidad ciudadana con la verificación.
Fríamente, sin apasionamientos, la reflexión sí tiene lógica. Las protestas de los opositores tienen sus fundamentos en que no pueden pagar la cuota de un proceso que previamente les implicó una inversión muy alta en su unidad. Dicen que no tienen más dinero y por eso no verifican y quizá no lo harán. Si las administraciones gubernamentales dieran esa facilidad –gratis- y aun así la gente incumpliera, entonces ahí si no ya habría razón para tolerar a quienes no verifiquen,
Si el proceso gratuito no motiva que la gente verifique, entonces la autoridad ahora sí tendría argumentos de sobra para sancionar a los incumplidos. Podría aplicarles sanciones costosas, pero podría hasta decomisar unidades a los infractores y estos no tendrían modo de justificarse… ¿o no?
El idealismo expuesto sería perfecto, pero la realidad es otra. Las autoridades estatales no tienen en su poder centros de verificación y quizá no podrían costear su operación. Hoy los verificentros están en manos de particulares que han visto un buen negocio y aunque les implicó inversiones millonarias, también les dejará ganancias de muchos ceros.
Mientras tanto los esquemas de verificación vehicular en Puebla, como en otras entidades en donde opera esa política medio ambientalista, va a continuar en el mismo sentido y así como habrá gente responsable y cumplidora, el número seguirá siendo limitado y siempre habrá incumplidos. ¡Ni modo, es lo que hay!
¿Habrá cambios en la gestión estatal?
Esta es otra de las preguntas que también se siguen haciendo los trabajadores y funcionarios en varias dependencias estatales y en las sobremesas de los grillos locales. En cada dependencia existen aciertos y desatinos, pero hay algunas oficinas en donde los tropiezos no pueden pasarse por alto y ese es el caso de la Secretaría de Movilidad y Transporte en donde la actual titular Elsa Bracamonte, nomás ni puede con el encargo y eso no lo dicen sus críticos, sino que ella misma lo aceptó en su pasada comparecencia ante diputadas y diputados.
El dato duro que exhibe su honestidad pero al mismo tiempo su ineficiencia es que el 65% de las unidades del transporte es inservible, es decir más de la mitad. ¿Entonces que hizo Aréchiga? ¿Qué ha hecho ella?
El difunto gobernador Barbosa criticó a sus antecesores por tolerar un pésimo sistema de transporte que lesionó a los usuarios y afirmó que él sí pondría orden en el sector. Hoy él ya no está y esa promesa quedó en el aire. ¿Entonces seguirá en el encargo la funcionaria?
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