/ viernes 14 de agosto de 2020

BUAP, ejemplo nacional: SEP

Hoy empecemos con una de “Las anécdotas que se cuentan” y valen.

El fin de semana pasado, el subsecretario de Educación Superior del gobierno federal, Luciano Concheiro, celebró públicamente la iniciativa “Cero Rechazados”, impulsada este año por el rector Alfonso Esparza Ortiz en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Durante una conferencia de prensa, el doctor Concheiro puso como ejemplo los programas de la Buap, que se convirtió en la primera institución del país en aceptar a todos sus aspirantes a preparatoria, incluso sin necesidad de aplicar examen de admisión.

Iniciativa que siguieron, por lo pronto, la Universidad de Guadalajara y las autónomas de Chiapas y Guerrero.

El esfuerzo académico y económico es extraordinario, pero es una respuesta contundente de las instituciones públicas de educación superior a quienes se deben y están para servir: al pueblo.

La decisión del rector Esparza Ortiz involucra y cohesiona en los hechos a la sociedad poblana con su universidad pública.

Una respuesta del nivel de la BUAP, una institución con alto nivel académico e inspiración realmente popular.

Las cuentas del lavado

Didáctico, Arturo Herrera, quien todavía despacha como secretario de Hacienda y Crédito Público, comentó esta semana que la prevención en el lavado de dinero permitirá sentar las bases para que crezca la economía.

En el discurso, es inobjetable lo que el funcionario señala en el sentido que el país requiere, crecer sin dinero de ilegítima procedencia.

Sin embargo, es mucho más difícil hacer las cosas que solo pronunciarlas. Dicho de otra forma, el país se encuentra en condiciones en las que externar esa clase de afirmaciones solo conduce al mismo lugar del que partieron: la retórica.

Consultando con expertos en Inteligencia, van dos datos sobre una sola de las ramas de la delincuencia organizada en México.

En la región de influencia de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, apenas el año pasado, este grupo de alto impacto generaba ingresos por 40 millones de pesos al día, los siete días de la semana.

En el mismo tenor, dichos especialistas consideran que el combustible robado en el corredor San Martín Texmelucan-El Verde-Tlalancaleca supone unos 15 millones de pesos diarios.

Entiéndase el ciclo completo: robo, almacenamiento, transportación y venta.

Solamente en estos dos territorios, los recursos que se vierten a la economía nacional suman un mil 950 millones de pesos al mes o, 23 mil 400 millones de pesos al año. Si se agregan los trabajos de todas las organizaciones criminales que se dedican al robo de combustible, saldrán al menos los 67 mil millones de pesos anuales que estima oficialmente Pemex.

Si se suma el tráfico de armas, personas y toda clase de mercancías, se pasan de los miles de millones a cientos de miles de millones de pesos al año.

Así, quedan dos preguntas para las autoridades hacendarias:

¿Cómo eliminar verdaderamente esos 67 mil millones de pesos? y ¿Cuáles serán las consecuencias de eliminar esos 67 mil millones, sin invertir en millones de empleos que amortigüen esa caída?

No son preguntas retóricas sino de política pública, podría pensarse. Aún no hay respuesta.

Hoy empecemos con una de “Las anécdotas que se cuentan” y valen.

El fin de semana pasado, el subsecretario de Educación Superior del gobierno federal, Luciano Concheiro, celebró públicamente la iniciativa “Cero Rechazados”, impulsada este año por el rector Alfonso Esparza Ortiz en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Durante una conferencia de prensa, el doctor Concheiro puso como ejemplo los programas de la Buap, que se convirtió en la primera institución del país en aceptar a todos sus aspirantes a preparatoria, incluso sin necesidad de aplicar examen de admisión.

Iniciativa que siguieron, por lo pronto, la Universidad de Guadalajara y las autónomas de Chiapas y Guerrero.

El esfuerzo académico y económico es extraordinario, pero es una respuesta contundente de las instituciones públicas de educación superior a quienes se deben y están para servir: al pueblo.

La decisión del rector Esparza Ortiz involucra y cohesiona en los hechos a la sociedad poblana con su universidad pública.

Una respuesta del nivel de la BUAP, una institución con alto nivel académico e inspiración realmente popular.

Las cuentas del lavado

Didáctico, Arturo Herrera, quien todavía despacha como secretario de Hacienda y Crédito Público, comentó esta semana que la prevención en el lavado de dinero permitirá sentar las bases para que crezca la economía.

En el discurso, es inobjetable lo que el funcionario señala en el sentido que el país requiere, crecer sin dinero de ilegítima procedencia.

Sin embargo, es mucho más difícil hacer las cosas que solo pronunciarlas. Dicho de otra forma, el país se encuentra en condiciones en las que externar esa clase de afirmaciones solo conduce al mismo lugar del que partieron: la retórica.

Consultando con expertos en Inteligencia, van dos datos sobre una sola de las ramas de la delincuencia organizada en México.

En la región de influencia de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, apenas el año pasado, este grupo de alto impacto generaba ingresos por 40 millones de pesos al día, los siete días de la semana.

En el mismo tenor, dichos especialistas consideran que el combustible robado en el corredor San Martín Texmelucan-El Verde-Tlalancaleca supone unos 15 millones de pesos diarios.

Entiéndase el ciclo completo: robo, almacenamiento, transportación y venta.

Solamente en estos dos territorios, los recursos que se vierten a la economía nacional suman un mil 950 millones de pesos al mes o, 23 mil 400 millones de pesos al año. Si se agregan los trabajos de todas las organizaciones criminales que se dedican al robo de combustible, saldrán al menos los 67 mil millones de pesos anuales que estima oficialmente Pemex.

Si se suma el tráfico de armas, personas y toda clase de mercancías, se pasan de los miles de millones a cientos de miles de millones de pesos al año.

Así, quedan dos preguntas para las autoridades hacendarias:

¿Cómo eliminar verdaderamente esos 67 mil millones de pesos? y ¿Cuáles serán las consecuencias de eliminar esos 67 mil millones, sin invertir en millones de empleos que amortigüen esa caída?

No son preguntas retóricas sino de política pública, podría pensarse. Aún no hay respuesta.

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