A lo largo de la historia de la humanidad, las ciudades han evolucionado sistemáticamente, haciendo frente y adaptándose a adversidades, ya fuera a través de la construcción de grandes murallas, obras de drenaje o de complejos sistema de gestión de agua.
Aun así, otros factores como desastres naturales, guerras y pestes terminaron con grandes ciudades, recalcando la necesidad, de un manejo de riesgos equilibrado e integrado.
Según el hidrólogo estadounidense, Kenneth Wright, los ingenieros y arquitectos paisajistas del siglo XV diseñaron y ejecutaron edificaciones, para garantizar la sostenibilidad de las obras en una zona de difícil acceso, afectada por sismos y lluvias frecuentes, con sistemas de drenaje que contaba con canales de alivio hacia donde se dirigían las aguas sobrantes. Lo cual podría considerarse como políticas públicas encaminadas a la resiliencia.
En la actualidad, las ciudades además de enfrentar sismos, desbordamientos e inundaciones, tienen que enfrentar los efectos del cambio climático, que amenazan el bienestar de la población, particularmente los segmentos más pobres, que a menudo son también los más vulnerables.
Lo anterior, hace necesario que se generen acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surjan de un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, y con ello, implementar acciones que permiten un mejor desempeño gubernamental en materia de resiliencia urbana.
Esto en un marco estratégico ligado a una evaluación de riesgo, así como una serie de herramientas con las que afrontar los complejos desafíos económicos, sociales y ambientales a los que se enfrentan las ciudades.
Con esto estaremos en la posibilidad de afrontar aquellos retos asociados a los efectos del cambio climático, que amenazan el bienestar de la población, particularmente los segmentos más pobres, que a menudo son también los más vulnerables, además de incrementar la resiliencia urbana, lo cual va a permitir se reduzca la vulnerabilidad de las ciudades.
Esto si reconocemos que las ciudades son puntos críticos de vulnerabilidad y que necesitamos un cambio de paradigma que nos permita incorporar la adaptación al proceso de planificación y gestión urbana.
En merito de lo anterior, es que se hace necesario exhortar a los Ayuntamientos del estado, en los que se encuentran asentadas ciudades, para que en la medida sus posibilidades y previa a una evaluación de riesgo, generen políticas públicas encaminadas a buenas prácticas de reducción de riego, que sean la herramienta para afrontar desafíos económicos, sociales y ambientales a los que se enfrentan las ciudades y que amenazan el bienestar de la población, particularmente la de los segmentos más pobres, que a menudo son los más vulnerables.
Ello con fundamento en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de noviembre de 2016, que determina que corresponde a los municipios, entre otras, generar estrategias generales para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano y regional originados por la Fundación y Crecimiento de los Centros de Población y para fomentar la Gestión Integral del Riesgo y la Resiliencia Urbana en el marco de derechos humanos.
