El sábado 12 de octubre del año pasado, los poblanos empezaron a pagar el pasaje de transporte público a 8 pesos las van y 8.50 microbuses y autobuses. Hay subsidio para estudiantes y personas con discapacidad.
Hay una certeza, los transportistas no van a cumplir con la modernización y la seguridad en sus unidades. El plazo fatal vence el próximo jueves.
Para actualizar la tarifa, autoridad y transportistas firmaron compromisos para mejorar el servicio, como renovación de unidades, con antigüedad no mayor a 10 años, la colocación de GPS, cámaras de video vigilancia y botones de pánico al interior de las unidades.
A partir de esa fecha, los concesionarios tuvieron 120 días para cumplir, ese periodo culmina el próximo 13 de febrero.
Se advirtió que en caso contrario, se retirarán las unidades e incluso se revocarás las concesiones. No hay plazo que no se cumpla.
Hoy sabemos que la inmensa mayoría de los transportistas poblanos no estarán en regla aunque sigan cobrando el aumento tarifario.
Los concesionarios pidieron al gobierno una prórroga sin fecha precisa de culminación y que realice un “estudio” sobre la situación financiera del sector y la necesidad de recibir un subsidio millonario, como el que aporta el gobierno a las 3 líneas de Ruta, que también son manejadas por particulares.
En un desplegado publicado el miércoles pasado en El Sol de Puebla, la Unión de Transportistas, la Alianza de Camioneros y el Sindicato del Transporte en el estado insisten que el aumento de 2.50 es insuficiente, toda vez que de acuerdo con datos del INEGI, de los pasajeros diarios, el 32 por ciento son estudiantes, que no cubren los 8.50 pesos pactados para mejorar las unidades.
Lanzaron una advertencia, esperan que el gobierno del estado “no deje sin servicio a los poblanos una vez que inicie el pase de revista este 13 de febrero”.
El gobernador Luis Miguel Barbosa reconoció que los concesionarios están buscando interponer un amparo para que sus unidades no les sean retiradas, y están en su derecho.
Sostuvo que respetará la determinación de un Juez de Distrito, al ser un asunto de derechos, pero insistió “el grupo de transportistas que sacan el desplegado hoy es el encabezado por Arturo Loyola, que haga lo que a su derecho corresponda y nosotros a lo que nuestro derecho corresponda”.
El pase de revista y el retiro de concesiones están en las facultades y la agenda del gobierno del estado.
Desde un principio, y como ha ocurrido con todos los aumentos a la tarifa del pasaje, los transportistas, que jamás han cumplido con la renovación, sabían que eso iba a suceder.
En los años del morenovallismo aceptaron que no hubiera aumentos pero recibieron otro tipo de beneficios, como créditos blandos, no hubo revistas, cobraron publicidad y más concesiones que se combinaron con la salida de rutas al paso de las tres líneas de la Red. Las supuestas pérdidas las recuperaron con otros beneficios, incluso la tolerancia a los taxis piratas.
Los concesionarios señalaron que es “una tarea imposible” cumplir el acuerdo.
Reiteraron sus dificultades económicas para cumplir con los lineamientos, pues, además, la instalación de equipamiento de vigilancia incrementó su precio hasta en 30 mil pesos por unidad.
Los concesionarios Samuel Méndez Díaz, Delfino Juan Reyes Bocardo, José Efrén Ignacio Abascal Rodríguez y Arturo Loyola González, pidieron que el análisis no se tome como “bandera para otros fines ajenos al servicio”.
El de transporte público, llámese Ruta, camiones, micros, van, taxis en todas sus gamas, no prestan un servicio eficiente a los poblanos.
Además de caro es de pésima calidad.
No hay unidades suficientes y prevalece el servicio pirata a lo largo del Periférico y en las bases de radiotaxis que envían unidades particulares para atender a sus clientes.
La movilidad y el transporte público son una calamidad en Puebla y a pesar del aumento de octubre pasado, los concesionarios no van a cumplir y piden al gobierno subsidio para prestar un servicio que si no fuera negocio habría venta masiva de concesiones.
Hasta ahora, ninguno se ha declarado en quiebra.
La autoridad estatal tiene un enorme reto, es su compromiso de mejorar el servicio o cancelar las concesiones, si aplica esta última medida tendrá que otorgarlas de inmediato para no dejar sin transporte público a los poblanos.
El plazo fatal se vence el próximo jueves 13 de febrero.
¿Habrá choque de micros?
DE LAS ANÉCDOTAS QUE SE CUENTAN
Ahora que el gobierno del estado está revisando la situación del Tren Puebla-Cholula, que sabemos es deficitario y por ello es gratuito, porque se gasta más en emitir el boletaje y no hay usuarios, los encargados deben revisar quienes son los concesionarios de tal servicio.
La sorpresa será mayúscula porque es una notable funcionaria de la 4T de la Ciudad de México, quien recibe mensualmente recursos millonarios del gobierno poblano por el manejo del tren, haya o no pasajeros.
Este sí será ¿un choque de trenes?
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