Tras las acusaciones de los presidentes municipales de Morena en contra de sus antecesores del PAN, entre ellos Luis Banck Serrato, de Puebla, tendrán que venir las denuncias correspondientes y luego procesos administrativos que deriven en demandas penales.
De lo contrario, la cascada de quejas que se emitieron ayer quedará en un mero intento mediático por tratar de deslindarse de las problemáticas que ahora mismo ocurren en sus municipios y que no pueden resolver.
Diez presidentes municipales emanados de la coalición Juntos Haremos Historia, que agrupó a PT y PES, además de Morena, hablaron en representación de 48 para hacer señalamientos fuertes.
Escogieron el mismo día del segundo y último informe de gobierno de José Antonio Gali Fayad para dar una conferencia de prensa con un objetivo concreto:
En la sede del Ayuntamiento de Puebla, con Claudia Rivera Vivanco como anfitriona, responsabilizaron a quienes les precedieron en el cargo, principalmente personajes afines al PAN, por las carencias que se padecen en sus lugares de origen y la falta de resultados en las nuevas gestiones municipales.
No se trata de manifestar excusas ni pretextos, defendieron, sino de realizar un ejercicio de transparencia que muestre la realidad de los gobiernos locales que les fueron heredados hace apenas mes y medio.
“Ayuntamientos desmantelados” fue la expresión más usada por los ediles: sin dinero, sin equipamiento, con deudas impagables y con un agudo problema de inseguridad.
Algunos, como la alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, hablaron de ineficiencia e incluso de actos de corrupción, en un mensaje directo para Leoncio Paisano Arias.
Los ediles de Morena, PT y PES, muchos de ellos primerizos en la administración pública, por fin comprendieron que no es lo mismo prometer de todo en campaña que sentarse en la silla de las obligaciones para cumplir a los ciudadanos.
La realidad los ha ubicado ya, como demuestra este intento por tratar de mantener el respaldo social que recibieron el 1 de julio a través del voto.
La maniobra es interesante porque refleja capacidad de organización para actuar en bloque, aun cuando el estado vive una crisis política derivada del conflicto poselectoral y ni los de Morena ni los del PAN saben quién será su líder estatal a partir del 14 de diciembre, cuando Antonio Gali ya no despache en Casa Puebla.
Pero eso es un tema; otro, el contenido del mensaje.
Las palabras de los 10 alcaldes presentes en la conferencia de prensa, que hablaron a nombre de ellos y de otros 38, deben tener mucho de razón.
Lo que sucede en los 217 ayuntamientos del estado, no solo en los 48 que corresponden a los quejosos, tiene mucho que ver con el desempeño de los expresidentes municipales.
Una buena parte de los desastres que se encontraron las nuevas autoridades locales debe ser responsabilidad de aquellos o de sus excolaboradores, como acusan los alcaldes de Morena.
Claro que sí.
Sin embargo, la denuncia pública no deja de tener un cierto sabor a intento de deslinde frente al cúmulo de hechos negativos que se han registrado en estos 45 días, sobre todo en materia de inseguridad.
Para lograr su cometido, esos 10 ediles que se sentaron frente a los micrófonos de los reporteros tendrán que pasar de las palabras a los hechos y demostrar que lo que acusan es cierto.
Las leyes permiten a los ediles en funciones actuar en contra de los exservidores públicos que se portaron mal en su paso por la administración.
Para eso están, en un principio, el Congreso y la Auditoría Superior del Estado.
Luego, la Fiscalía.
Las tres son instituciones facultadas para actuar en contra de los expresidentes municipales que hayan desmantelado ayuntamientos y cometido actos de corrupción.
Si no recurren a ellas una vez terminado el proceso de entrega-recepción, con pruebas en la mano, sus argumentos de hoy serán recordados como excusas en el futuro.
Los ediles que emitieron el pronunciamiento fueron los de Cuautlancingo, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, Francisco Z. Mena, Cuautinchán, San Salvador El Seco, General Felipe Ángeles, Huauchinango, San Andrés Cholula y Puebla.
A algunos de ellos les sorprendió que Luis Alberto Arriaga Lila, de San Pedro Cholula, prefiriera asistir a la entrega del informe del gobernador en el Congreso en lugar de sumarse a la protesta.
¿Y EL FALLO?
Ayer por la noche circuló entre los colaboradores de Luis Miguel Barbosa que será el martes 4 de diciembre cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesione para resolver el caso Puebla. La información, que fue acompañada de otros datos, dejó muy optimistas a los integrantes del cuarto de guerra del excandidato a gobernador. Una noche antes, la gente de Martha Erika Alonso daba por hecho que la sesión se llevaría a cabo el miércoles 5.
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