Decreto tras decreto, el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta pretende resolver algunos asuntos relacionados con la pandemia del SARS-CoV-2 que está por encontrar su fase de contagio más crítica en los próximos días.
Que si el decreto para utilizar cubrebocas de manera obligatoria, que si el decreto para la no venta de bebidas alcohólicas destapadas, que si el decreto para que las funerarias mantengan sus precios o que si el decreto para que las escuelas particulares condonen o reduzcan las colegiaturas en las escuelas privadas.
Pero los planteamientos publicados en el Periódico Oficial del Estado encuentran como respuesta dificultades para ejecutarse, resistencias o más preocupación para los sectores que son referidos en los decretos.
Curiosamente para el caso de los ambulantes o tianguistas no se recurrió a un decreto sino a la mediación, mediante diálogo, de su secretario de gobernación David Méndez, cosa que no hubo para con los restauranteros y previo al anuncio, no se tomó en cuenta a los directivos de escuelas particulares para el asunto de descuentos o condonación en colegiaturas.
Y justamente en el sector educativo privado existe una preocupación sobre las castigadas condiciones en las que están funcionando durante esta contingencia, pues de entrada los presuntos apoyos fiscales no les sirven de mucho pues su mayor impuesto se concentra en el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Salvo el pago de luz, que se verá ligeramente reducido, los directivos y dueños de estas escuelas no ven algún otro ahorro significativo ante el aislamiento social. Sus docentes, siguen trabajando sus jornadas laborales como de costumbre y en algunos casos un poco más para preparar las clases, videos o contenidos para tenerlos listos en plataformas digitales o correos electrónicos.
No ven, como en otros casos, la posibilidad de reducir los salarios al personal docente puesto que, a pesar de cumplir con la cuarentena, están realizando labores desde casa para que se vean interrumpidas en la medida de lo posible las actividades educativas.
Pese a ello, deberán de hacer ajustes económicos a partir del decreto que, por igual, considera a las escuelas de gran tamaño, a las medianas o pequeñas para reducir sus ingresos, vía colegiatura, según sea el caso.
Y es que el pasado fin de semana, el Periódico Oficial del Estado publicó un decreto en el que se exhorta a los propietarios de las escuelas particulares a no cobrar colegiatura a quienes comprueben haber perdido el empleo o bien realizar descuentos del 25 por ciento a la comunidad escolar en el pago mensual ante las complicaciones económicas derivadas de la pandemia.
Entre las escuelas ven con temor que esta situación rebase los dos meses y por ende se afecten las finanzas escolares y que algunas no logren sortear esta crisis y tengan que cerrar sus puertas.
Hasta la próxima.
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