La destrucción de “El pueblito” en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel evidenció lo que se decía: había privilegios ilegales de lujo para los reclusos. Un primer acto se remite a Tadeo, el bebé que fue encontrado en un contenedor de basura del mismo CERESO el pasado 22 de enero. El segundo acto fue el 24 de enero: la detención de 21 funcionarios y trabajadores de San Miguel, incluido el director, subdirector, jefes de turno y custodios. Entonces, el tercer acto estaba en camino pero hay preguntas en el aire.
El gobernador de Puebla llevó a cabo una acción estadista cuando destituyó a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP): Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez (el 28 de febrero de 2020), Raciel López Salazar (el 9 de abril de 2021), Rogelio López Maya y a Alfredo Vargas Quintanilla de la Subsecretaría de Seguridad de Centros Penitenciarios del estado (32 de enero de 2022). Si bien este hecho marca un precedente que acierta hacia la recuperación de la credibilidad en el estado, la parte que queda pendiente es la ejecución de la ley, eso que da certeza jurídica.
En el estado de Puebla existen 21 Ceresos; 15 municipales, tres distritales y tres estatales que en orden de importancia es el de la colonia San Miguel, en la capital poblana, el de Tepexi de Rodríguez y el de Ciudad Serdán. Así que en el reclusorio más importante ocurre lo que ahora ya está confirmado: corrupción al más alto nivel. Con más de dos mil internos -hombres y mujeres-, de los más de 8,800 recluidos en todo el estado (con cifras del INEGI), el penal de San Miguel es el más grande pero no el más seguro. Recordemos que Eukid Castañón fue trasladado de Tepexi al penal federal de Durango después de que se conociera que recibía un trato privilegiado (11 enero 2022). Así que la corrupción existe si la autoridad la avala.
Más de cien cuartos, departamentos, gimnasios, donde se practicaba la prostitución y venta de droga, fue la descripción que el mandatario poblano dio públicamente para decir que se había terminado con eso porque se destruyó. Ahora, con la anunciada inversión de más de mil millones de pesos, los internos tendrán nuevos dormitorios y comedores, y se mejorará la estructura de seguridad. Nada mal para un sistema tan lastimado por las corruptelas que también incluyen la compra inflada de víveres e insumos que los ayuntamientos y el propio estado aprueban para su operación, ¿Cómo se hacen las compras, quién las supervisa? Falta ver cómo se aplica la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
En 2013, Leticia Ánimas publicó (e-consulta, diciembre 3) “La comodidad cuesta en el Cereso de Puebla, denuncian reos en carta”: cuotas por recibir visitas, por un dormitorio menos incómodo, por tener teléfonos celulares, por la apertura de un negocio y hasta por pasar lista, “rentas” para vivir en una celda con 5 reos y no con 15 o en el baño, de pie o sentado, entre otras; curiosamente la queja fue dirigida a Eukid Castañón, entonces secretario de la Contraloría del gobierno de Moreno Valle. Pero no se hizo nada al respecto, sólo se recibió la estafeta sólo para confirmar que la pobreza y la delincuencia en reclusión sí tienen una relación de causalidad.
El hacinamiento en las cárceles, al menos en Puebla, es producto de la corrupción desde sus directivos; los delitos desde el penal son solapados, encubiertos, permitidos, y tal vez hasta con moche, y por eso se siguen reproduciendo. Los ciudadanos tenemos claro que las leyes no se aplican, que es sistema judicial es el que sufre mayor precariedad administrativa, que hay una actividad de apariencia porque la realidad carcome la credibilidad en la aplicación de la justicia. El tercer acto del gobierno poblano parece una decisión política real para sanear. Ojalá se dirija hacia la certeza jurídica.
*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP y secretaria de Membresías (2022-2024) Mail: margarita_arguelles@hotmail.com
