Fue el pasado martes 7 de septiembre, cuando el gobernador Miguel Barbosa Huerta abrió su propia sucesión y conforme pasan los días aparecen más poblanos con “aspiraciones legítimas” para suceder al mandatario.
En esa fecha el gobernador recomendó al diputado federal Ignacio Mier y al senador Alejandro Armenta “limpiar sus expedientes y separarse de los malos amigos, si tienen intención de buscar la gubernatura en 2024”, pero se pronunció porque quién lo sustituya sea “una persona de izquierda, austero, honrado, de principios y convicciones”.
De los legisladores federales comentó que son políticos profesionales que entienden cómo hacer las cosas y aprovechan coyunturas. Aunque les reclamó que ellos no han generado más presupuestos para el estado en los últimos tres años desde el Congreso de la Unión.
Ambos legisladores federales son en automático dos precandidatos de Morena para 2024, según Casa Aguayo están en “precampaña”.
A los dos se suma el presidente municipal electo, el panista Eduardo Rivera Pérez, quien sin duda es un fuerte aspirante a ser el candidato de la oposición en 2024 y eso quedará confirmado de forma fehaciente el próximo 15 de octubre, cuando tome posesión de la alcaldía en el Centro Expositor, al acto estarán convocados por lo menos mil 200 invitados que verán en él a un posible sucesor de Barbosa, con quien mantiene una buena relación.
Pero a los tres mencionados anteriormente –por orden alfabético: Armenta, Mier y Rivera- se suman dos políticos que de alguna forma concuerdan con el perfil subrayado por el gobernador para que quien lo sustituya sea “una persona de izquierda, austero, honrado, de principios y convicciones”.
Desde Casa Aguayo se observa con simpatía al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Héctor Sánchez Sánchez, y al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local y coordinador de la fracción mayoritaria de Morena, el diputado Sergio Salomón Céspedes, quienes serán sumados a la lista de precandidatos para 2024.
Para el gobernador ambos son “personas de izquierda, austeros, honrados, de principios y convicciones”.
Hay versiones de que Rivera Pérez es el favorito de Casa Aguayo y descartan a los legisladores federales, pero el próximo alcalde de la capital es panista y no es de izquierda.
El gobernador, por ello, debe impulsar perfiles cercanos a Morena, aunque no sean militantes formales. De esa manera evita señalamientos de ir en contra del instituto político que concibió y encabeza el presidente López Obrador.
Puebla tiene por lo pronto una quinteta de precandidatos a suceder al gobernador Barbosa. Por orden alfabético: el senador Alejandro Armenta, el diputado federal Ignacio Mier, el presidente municipal electo Eduardo Rivera, el diputado local Sergio Salomón Céspedes y el magistrado Héctor Sánchez.
De aquí en adelante, serán observados, aunque lo nieguen, sus aspiraciones de ser gobernadores de Puebla son legítimas.
El juego para 2024 está abierto y puede sumar a más.
DE LAS ANÉCDOTAS QUE SE CUENTAN
Los expertos comentan que ahora mismo está gestándose una plaga en todo el país y que claramente Puebla no es la excepción, llegó la hora de pagar los apoyos de los cárteles.
Tales especialistas apuntan que la pandemia y el desastre presupuestal se encargaron de crear un caldo viscoso para que los candidatos de todos los partidos políticos se quedaran con pocos recursos para sus campañas políticas.
Más lejos, con plena pandemia de por medio, se minimizaron las posibilidades de organizar eventos para visitar a ras de tierra a los potenciales electores.
Esto llevó a los partidos políticos a dos extremos, como saturar las redes sociales con sus anuncios y de plano, entregar 100, 200, 500 pesos por voto.
Pero una vez que se dieron los resultados electorales y llegó la hora de migrar hacia la entrega-recepción, los cárteles ya se acercaron a los presidentes municipales ganadores para decirles que es hora de pagar lo que les dieron a los candidatos, una suma que va del medio millón a los diez millones de pesos, estiman los conocedores.
Hay tres formas de pago.
Colocar a ciertos proveedores como favoritos del Ayuntamiento; darle derecho de preferencia a los cárteles para que elijan a los que se quedarán en ciertos cargos públicos y, el dinero en efectivo.
Y se insiste, que es un problema de todos los partidos políticos, no de la oposición.
El estado de Puebla tiene varios frentes abiertos con la delincuencia organizada y el del financiamiento a los candidatos es uno de ellos.
Más temprano que tarde empezarán a circular los mensajes de los cárteles pidiendo lo suyo, al tiempo.
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