El tiempo le ganó al gobernador Luis Miguel Barbosa para llevar a cabo una verdadera reforma electoral en el estado, como la concibió desde antes de que tomara posesión.
Todo indica que ahora los diputados de Morena y sus aliados recurrirán a un viejo expediente de parches con el objetivo de borrar lo que consideran es inequidad propagandística, de la que sufrió en carne propia el candidato Barbosa en 2019 y desean desaparecer del Código.
“A la guerra sucia, la basura electoral y los grandes negocios por la renta de espectaculares se le pondrá fin con la implementación de la iniciativa al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla”, precisó el gobernador Barbosa.
Insistió que con el interés de lograr equidad en materia política-electoral se presentó la iniciativa ante el Congreso del Estado.
Explicó el fondo del tema y lo que no se podrá llevar a cabo: “creo que tengo una iniciativa muy grande en materia electoral, pero creo que no hay condiciones para hacer una reforma muy grande, nos ganó el tiempo”.
Está interesado de formar distritos electorales en Chiautla, Tepexi de Rodríguez, Acatlán de Osorio e Izúcar de Matamoros, “pero no dio tiempo para hacerlo”.
En lo inmediato hay algo que lo motiva y es frenar el exceso de gastos en propaganda y publicidad política, eso que le hizo tanto daño en las elecciones por la gubernatura cuando compitió con la panista Martha Erika Alonso.
“Acuérdense todo lo que me hicieron, desde los espectaculares, la propaganda en el transporte público, la campaña negra difundiendo entrevistas o revistas (...) para eso servía eso, inequidad en las elecciones, se acabó, se acabó, hay que limpiar el panorama que no haya tanta basura electoral ante los ojos de la gente “, insistió.
Para llevar a cabo ese objetivo y con miras en la elección intermedia del próximo año, Morena propone una nueva fórmula para la asignación de financiamiento público a los 10 partidos políticos con presencia en Puebla, que reduciría esa bolsa de recursos en 37.31 por ciento, lo que equivaldría a un recorte de 93.4 millones de pesos al año, sólo en el gasto ordinario.
Hay un pero, la propuesta no se ajusta a las disposiciones de la Constitución General de la República que establecen otros parámetros para definir el dinero que se entrega a las fuerzas políticas.
La iniciativa que plantea correcciones al Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla, establece que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes se calculará y se fijará anualmente, multiplicando el número total de votos válidos obtenidos en la última elección a diputados locales, por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La aplicación de la fórmula sugerida derivaría en una reducción superior a una tercer parte, debido a que la bolsa de recursos se define hoy con base en el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, cifra mayor al número votos válidos, es decir al número de ciudadanos que acuden a las urnas para elegir una propuesta y cuyo sufragio no es anulado.
