En la misma línea argumentativa propuesta por Richard Wilkinson y Kate Pickett (2009) ¾comentada la semana pasada¾ se inscribe el reporte “Por un México social: contra la desigualdad” (UNAM 2014), en el que los autores señalan la imperiosa urgencia de resolver los problemas del hambre, la indigencia y la desprotección, pero también, y fundamentalmente, “la desigualdad económica, social, cultural, racial que hoy marca nuestra nación y que amenaza a la democracia y al desarrollo”.
En el reporte de la UNAM, José Woldenberg advierte que han pasado más de 200 años desde que “la aspiración de igualdad se convirtió en norma (cuasi) constitucional” y que continúa siendo más una aspiración que una realidad. Por su parte, el Dr. José Narro establece que “la política social en México ha sido ineficaz para aminorar las diferencias económicas y sociales”.
Ambos coinciden en que, mientras la diversidad étnica, cultural, religiosa, sexual etcétera, tenga como caldo de cultivo una marcada desigualdad económica y social, se “seguirá produciendo el aborrecible fenómeno de la discriminación”. Seguiremos enfrentando una falta de cohesión social que nos impedirá construir un “nosotros inclusivo”.
Por su parte, Rolando Cordera hace un recuento de los retos que tenemos como democracia, en paralelo al fenómeno de la desigualdad. Para ello, parte del hecho innegable de que “la conjunción de democracia con mercado global encara frontalmente el desafío de la desigualdad” y que ésta, ya no solo afecta a la parte subdesarrollada del mundo, sino que “ahora es una preocupación en los mismos centros de poder internacional”.
En el fondo, el problema subyacente es que “el capitalismo tiende a reproducir sus caprichosas inclinaciones a la concentración de la riqueza y del ingreso”, lo que ha superado las capacidades del Estado democrático, social y de derecho para contener excesos de injusticia social y política. En esta línea, Cordera se pregunta: ¿cómo combinar la democracia con políticas de Estado dirigidas a construir escenarios institucionales que propicien la equidad y avanzar hacia una sociedad igualitaria? ¿Cuál debe ser la nueva ecuación entre sociedad, mercado y Estado?
La respuesta tiene que ver con una nueva forma de intervención del Estado que promueva y facilite la creación de riqueza a partir de la figura imprescindible de la libre empresa, pero que esté regida por la “centralidad de la igualdad como principio ético normativo y como objetivo del cambio estructural”. Ello implica transitar de la idea de una política macroecnómica diseñada con el único fin de lograr estabilidad financiera y de precios, a una orientada al desarrollo y crecimiento sostenido del empleo y la redistribución social del ingreso.
De igual forma, dice Cordera, implica centrar la narrativa del discurso democrático en la igualdad, es decir, “ver y proponer la igualdad como parte consustancial de la democracia moderna”. Urge una reforma social del Estado para “convertirlo en un Estado social creíble y eficiente… en un Estado democrático y de derecho, capaz de sustentar y dar vida a una nueva gobernabilidad.”
Los autores concluyen que no será posible alcanzar un sistema democrático pleno si prevalecen “la ignorancia, el fanatismo, el atraso, la discriminación, la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la marginación”.
Es urgente articular la política social a una nueva estrategia de crecimiento económico que le permita al Estado impulsar una mejor distribución del ingreso. Y eso unicamente se logrará, señalan, a partir de acuerdos claros entre las principales fuerzas económicas y políticas del país, en el marco de una amplia participación ciudadana.
En una reciente entrevista al expresidente socialista de Chile Ricardo Laos, le preguntaron ¿cuál es la salida a la crisis que vive su país? Laos acertadamente contestó: ¡Chile necesita un nuevo contrato social!
