El surgimiento del Estado representa una figura creada por el hombre, para proteger su integridad y propiedades, ante las amenazas humanas; Rousseau consideraba a este acuerdo “un contrato social”, ahí se plasmaba el compromiso comunitario para resolver la gobernabilidad. Montesquieu estableció que lo más importante no es el Estado en si mismo, sino las leyes que lo rigen, que son las que dan valor y permiten la cohesión de una nación.
Bajo estos conceptos se debe considerar al Estado una figura protectora de los bienes de sus habitantes, al tiempo de responsabilizarse por el bienestar y la seguridad en sus comunidades; condición irrenunciable para vivir de manera civilizada y respetuosa con normas que regulen el comportamiento humano.
En nuestro país, las luchas internas y la transformación ideológica, dio origen a una nación, que después impulsaría la creación del Estado Mexicano. Actualmente y, debido a los altos índices de violencia, desapariciones, masacres, cobro de piso etc., tanto investigadores, analistas, comunicadores y en general los habitantes, tienen argumentos para considerar un Estado fallido en México.
Muestra de ello, la semana pasada, las entidades de Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Baja california; se vieron asediadas por la violencia, mediante múltiples ataques, homicidios, incendios, bloqueos y agresiones a la población civil por parte del crimen organizado.
Y no digamos de los efectos que padecen y padecerán los agentes económicos, pues la quema y los ataques directos en su mayoría fueron perpetradas a las tiendas (Oxxo), las cuales frecuentemente se les fustiga en las mañaneras; o tal vez porque se resisten al pago de piso.
Y me pregunto cuando se siembra el temor por el crimen organizado, donde el saldo de estos 5 días fue de 314 personas muertas entre civiles, uniformados y criminales; ¿cómo debemos interpretarlo?.
Estos entre muchos otros lamentables acontecimientos exhiben la incapacidad del Estado y, como suele hacerse, desde el poder ejecutivo federal estos sucesos sin duda quedaran como anécdota, siendo actos de verdadero terrorismo.
La lentitud y el burocratismo en la aplicación del estado de derecho en la procuración de justicia, acrecienta el malestar en la ciudadanía, aunado a la corrupción, el debilitamiento de la economía, la perdida del poder adquisitivo debido al alza en los bienes de primera necesidad (inflación).
Son señales inequívocas de que el estado ha comenzado a dejar de lado sus obligaciones de brindar seguridad jurídica y económica para el buen desarrollo del ciudadano, bien sea por incapacidad o simplemente por falta de voluntad, permitiendo que un alto porcentaje de la población y de los sectores productivos se sientan en estado de indefensión.
Pues con base en datos del Inegi, en el “2020 los delitos en México implicaron 278,000 millones de pesos en pérdidas económicas, mientras que las medidas preventivas contra los actos delictivos tienen un costo superior a los 130,000 millones de pesos”.
Y a pesar de ver incendiadas algunas regiones del país, los funcionarios prioricen otro tipo de intereses tales como el señalado por la presidente de Tijuana que en rueda de prensa da a entender que tolera o permite el cobro de derecho de piso; la campaña del Subsecretario de Seguridad Federal por la gobernatura de Coahuila o; el desvío de recursos de la marina transportando la botarga del equipo de béisbol del primer mandatario.
Así es ¿como se debe gobernar? Sin deslindar responsabilidades. Impensable, kafquiano y difícil de entender todo lo que sucede en nuestro país.
Las deficiencias en la seguridad pública, en el estado de derecho y la impunidad muestran la ineficiencia o el deterioro del estado mexicano o el de un estado fallido.
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