En nuestro país, el derecho a la movilidad representa una evolución del derecho a la libertad de tránsito, en su relación con el derecho a un medio ambiente sano, entre otros relacionados e interdependientes como la vida, salud, desarrollo sostenible, vivienda, cultura, educación y trabajo.
La movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías. Debe contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo que las personas son el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones en la materia.
El pasado martes 17 de mayo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cuyo contenido es de observancia general en todo el territorio nacional, y que tiene como objetivo garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Las medidas que la ley contempla, tienen como objetivo prioritario la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos, el uso o disfrute en las vías públicas del país, por medio de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo y la incidencia de lesiones graves, a través de la generación de sistemas de movilidad seguros.
El derecho a la movilidad tiene las siguientes finalidades:
1. La integridad física y la prevención de lesiones de todas las personas usuarias de las calles y de los sistemas de transporte, en especial de las más vulnerables.
2. La accesibilidad de todas las personas, en igualdad de condiciones con dignidad y autonomía, a las calles y a los sistemas de transporte, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad.
3. La movilidad eficiente de personas, bienes y mercancías.
4. La preservación y restauración del equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático.
5. La calidad de los servicios de transporte y de la infraestructura vial.
6. Eliminar factores de exclusión o discriminación al usar los sistemas de movilidad, para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones.
7. La igualdad de oportunidades en el uso de los sistemas de movilidad.
8. Dotar a todas las localidades del país con acceso a camino pavimentado a una distancia no mayor de dos kilómetros.
9. Promover el máximo grado de autonomía de las personas en sus traslados y el uso de los servicios, y
10.Promover en aquellos municipios con territorio insular los sistemas, rutas y modalidades que faciliten el acceso y la movilidad de las personas entre el territorio insular y continental.
Como se puede apreciar, el derecho humano a la movilidad y a la seguridad vial es ahora regulado en un marco de interdependencia con otros derechos fundamentales, en un ambiente de respeto a las demás personas, intentando combatir y superar los obstáculos a los que se enfrentan en calidad de transeúntes.
Ahora bien, la educación vial es una parte importante dentro de lo que es la formación ciudadana, ya que fomenta la cultura de respeto hacia la vida propia y la de las demás personas.
Tiene como finalidad guiar a los individuos, mediante los reglamentos y señales de tránsito, para que así disminuyan los accidentes y se pueda disfrutar de los espacios públicos con mayor seguridad, fomentar el respeto por las señales de tránsito, ejerciendo un compromiso ciudadano frente a la educación vial, saber utilizar de manera correcta las vías y tener un comportamiento apropiado como conductor, pasajero o peatón.
En ese sentido, entre muchas de las nuevas reglas que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece, podemos encontrar que se homologaron los límites de velocidad en todo el país, se instauró el operativo conocido como ”alcoholímetro” en las 32 entidades federativas y se definió una jerarquía de movilidad, entre otros; por lo que, en aras de maximizar el ejercicio del derecho a la movilidad y seguridad vial, es indispensable que se realicen campañas masivas de información y difusión del contenido de esta nueva ley.
En ese tenor, el grupo parlamentario del PRI estará pungnando desde la Cámara de Diputados para que ante la expedición de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se realicen campañas de información y difusión en todo el país sobre las nuevas reglas, con la finalidad de concientizar a la población sobre los alcances de este nuevo marco normativo.
