Con base en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) del INEGI, la semana pasada, señaló refiriéndose a la clase media y alta. En 2010, el 39.2 por ciento de la población se encontraba en clase media, y 1.7 por ciento se ubicaba en clase alta; para el 2020, se reducen a 37.2 y 0.8 por ciento, respectivamente.
A su vez, la inflación general creció “8.61 por ciento en esta pandemia. De marzo de 2020 a la fecha, el precio del kilo de pollo subió 19.5 por ciento. el pan, 11.4 por ciento; las tortillas 17.9 por ciento y 16.5 por ciento, el gas LP, que le pega a todos, elevó su precio 43 por ciento desde que este país enfrentó el confinamiento, hasta que el semáforo verde fue encendido en buena parte de sus ciudades”.
Luego entonces, para hacer frente a esta difícil situación, se tiene que incrementar la riqueza en el país, donde necesariamente se requerirá que el Estado mexicano, se consolide con políticas públicas e instituciones eficaces, las cuales promuevan el desarrollo económico y alienten la inversión privada, tanto nacional como extranjera.
Es decir, que las reformas que cualquier gobierno quiera impulsar, dependan sin lugar a dudas, de la capacidad, consolidación y fortalecimiento de sus instituciones en todas las áreas que conforman la administración pública; al tiempo que eleven y amplíen su capacidad y calidad.
Lo cual no solo dará certidumbre, sino que se logrará ampliar el acceso a mejores oportunidades, que permitan a la clase trabajadora incrementar los beneficios directos, mejorar sus oportunidades e incrementar sus ingresos.
Por ello es importante que las instituciones a través de normas, criterios claros y reglas de operación perfectamente definidas, hacia los particulares, proporcionen seguridad y protección frente al poder, así como ante los diversos competidores y que estas reglas incentiven las conductas deseables y por el contrario sancione las contrarias.
De tal forma que, la probabilidad de cometer actos indebidos disminuya y eleve el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales; condición necesaria que a su vez permita elevar la calidad de los servicios públicos. Lo cual sin duda es a lo que aspiramos la mayoría de los habitantes y, que el cumplimiento y buen gobierno promueva el círculo virtuoso, el cual deseamos todos los contribuyentes.
Es por ello que, en los estados democráticos, el poder único o personal es limitado precisamente porque la ejecución y conducción del poder público, se deposita en los representantes electos (diputados y senadores); apoyados por funcionarios profesionales, que ejercen su función con reglas estrictas e ineludibles y por supuesto mediante un verdadero estado de derecho.
Por tanto, la libertad y el desarrollo dependan decisivamente de las instituciones que las rigen. Y no solo por la moral de un solo hombre o del líder, lo cual nos llevaría a un Estado totalitario, con consecuencias lamentables para la mayoría de los habitantes.
Lo verdaderamente preocupante es la lectura en los indicadores donde señalan que la calidad institucional va disminuyendo en nuestro país. debido principalmente a la corrupción, que a la fecha no ha mejorado y que decir del incremento en la violencia, el crimen y el narcotráfico, así como la creciente impunidad.
Para seguir impulsando un Estado moderno, debemos contar con un alto grado de formalización de las reglas, plasmadas en normas jurídicas y en organizaciones especializadas para hacerlas cumplir. Es decir, que el poder se constituya y se ejerza por medio de nuestras instituciones.
El mayor logro de México ha sido la construcción de instituciones, en todos los ámbitos de interés público, las cuales se han reformado varias veces para la evolución del Estado, la economía y su sociedad, claro que, a la fecha algunas requieren más cambios no destruirlas. Cambios institucionales que deben impulsarse por los cauces legales y no fuera de ellas y mucho menos contra ellas.
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