En un país con gobierno democrático, los negocios públicos deben existir siempre y cuando proporcionen e impulsen el bienestar de todos los gobernados, mediante la eficiencia administrativa y el fortalecimiento de sus instituciones.
Por tal razón, es el Estado la instancia donde se debe definir y expresar lo que en un determinado momento se considere el Interés General y, a través de sus estructuras estatales, los servidores públicos en sus tres niveles, deben conciliar los intereses privados con el interés público.
Y cuando alguna decisión gubernamental o el procedimiento para realizarla, cause controversia es justo ahí donde se tiene que tomar en cuenta el Interés General, para evitar conflictos sociales y buscar el consenso entre los actores involucrados, para definir las formas de actuación, en aras de mantener la paz social.
Es por ello, que el “interés público” se determina en las acciones que realiza el gobierno para el beneficio de la colectividad, el cual debe ser sinónimo de interés y de utilidad social para la totalidad de la comunidad. Situación contraria, es la antítesis del interés “particular” o “individual”, cuando solo se beneficia a personas o a grupos particulares, tanto políticos como económicos.
Al respecto, el planteamiento Aristotélico establecía que “El Estado es una asociación y toda asociación se forma alrededor de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno”.
En tanto Platón en sus (diálogos) explica, que “el mando ejercido por el gobernante debe contar con el conocimiento necesario para ser justo y de tal manera representar el mayor interés de los ciudadanos; en contraste, los sofistas, solo aparentan tener esa erudición necesaria, que realmente no poseen”.
Por su parte -Huntington– distingue el Estado moderno del tradicional por la amplitud con la que el pueblo participa en política y es afectado por esta. Estableciendo que en sociedades tradicionales la participación puede ser amplia, pero en planos superiores, esta; se limita a un grupo muy pequeño, el cual es dominado prácticamente por –las élites aristocráticas y burocráticas–.
La modernización política se expresa en la participación sin sesgo de grupos sociales integrantes de toda la comunidad nacional, desarrollándose a partir de allí nuevas instituciones que aseguran y organizan dicha participación, entre ellas y principalmente los partidos políticos.
De manera recurrente, “si la soberanía reside en el pueblo”, este la ejerce a través del sufragio, siendo un derecho individual que no se delega. Es ahí donde los partidos políticos son relevantes en la medida que identifican y promueven la voluntad popular o en su defecto el activismo, convirtiéndose en mediadores de los ciudadanos con derecho al voto, mismos que, depositan su confianza en ellos y en sus líderes, quienes contribuyen al desarrollo de programas de gobierno que deben responder a objetivos realizables y sobre todo útiles para la comunidad.
El gobierno sin duda debe defender el interés público, pero no conducirse por el principio de maximización de utilidades que es el que corresponde al sector privado, como ejemplo, en fecha reciente el presidente López obrador al referirse a la empresa Iberdrola, señaló “somos funcionarios públicos, a nosotros no nos interesan los negocios privados sino los públicos; que se había abusado mucho y que era dejarle el mercado de los energéticos a los privados, lo que implicaba menguar, socavar, destruir, acabar con Pemex y la CFE….”
La realidad es que, tanto en nuestro país como en el mundo, las economías se encuentran en fase recesiva, por lo cual deben establecerse las condiciones de certeza y seguridad a la inversión privada en México, para recuperar los empleos perdidos y generar en mayor medida empleos productivos. Pues lo cierto es que, en las condiciones actuales, la recaudación no alcanzará para atender no solo el gasto social de los actuales programas, sino la de los proyectos de la administración federal.
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