El concepto de mínimo vital se refiere a un derecho que considere los recursos mínimos garantizados para que una persona pueda vivir, lo que no es común encontrar en las constituciones democráticas contemporáneas; no así el derecho a la educación, a la seguridad social, al trabajo, a la vivienda, a la salud, incluso a la comunicación de la verdad.
El derecho mínimo vital entonces, es el derecho a la subsistencia en caso extremo de miseria. Como origen remoto se menciona en Roma, el imperio que se fundamentó en el Derecho que asistía al ciudadano -como refiere Jimena Quezada en la obra de Guillermo Escobar Roca “Derechos Sociales y Tutela Autodiscriminatoria”-, porque como “auténtico derecho” el ciudadano tenía derecho a un mínimo de trigo. El concepto desaparece en la Edad Media porque los teólogos cristianos se enfocan en la ética y el “Derecho de los pobres”. En la Edad Moderna, los liberales Hobbes, Locke, Montesquieu y Rousseau, desarrollan una especie de ética laica de la distribución a los pobres. Así nace en Inglaterra la famosa “Ley de los Pobres” en 1839 que consistió en dar un mínimo de trigo por semana a los campesinos pobres, con la finalidad de que no se sublevaran, era una medida paternalista pero movida por el temor que guardaban los terratenientes ricos.
Las economías de libre mercado del siglo XX van a adoptar modalidades de la idea inglesa, el Estado reivindicará el mínimo social para todo individuo desde su nacimiento hasta su muerte. Bueno, era la idea. En las economías socialistas el Estado asegura la subsistencia igualitaria para todos los ciudadanos, también era la idea.
Al respecto han surgido debates por el tema en el caso de México con el salario mínimo ($176.22 en la Frontera Norte y $123.22 pesos, diarios, en el resto del país), por ejemplo, que se queda corto ante las necesidades de los 53 millones en condiciones de pobreza, según Coneval (el 43.8% de la población en el país), bueno, antes de esta pandemia.
Si bien es crucial tener el recurso para sobrevivir, el otro recurso tangente que nos aqueja es el de una comunicación veraz. Al respecto es relevante una información que publica “Centinela Covid-19”, un grupo de 15 medios de comunicación en más de 12 países y que refiere Javier Quintero en El Universal el pasado 17 de abril “Latonoamérica oculta datos por Covid-19; México tiene varios pendientes”.
En este sentido, la pregunta que los politólogos y comunicólogos nos hacemos es ¿cómo manejar la información en una crisis de largo aliento como ésta? Sí, sabemos que tiene que pasar a manos de los científicos, pero en un mundo movido por emociones ¿quién es el político que va a dar datos sin que genere miedo? Las recomendaciones e informaciones que todos los días está dando el gobierno de México pueden resultar insultantes para algunos, pero predisponer a la población también es una gran responsabilidad. No sólo es decir la verdad sino cómo decirla o decirla toda.
Desde principios de marzo se publicaron sondeos en medios, reportajes, notas, que dan cuenta del temor al hambre más que al Covid-19, no solo en México. Así que, a la ya de por sí economía precaria para la población más vulnerable por sus condiciones de pobreza, la pandemia y cómo manejar la comunicación política tiene en jaque a muchos países, no solo en Américalatina.
Cuántos contagios, cuántos positivos, cuántos recuperados y cuántos decesos, en cuánto tiempo, en dónde, en dónde dan atención, medicamentos, no son datos fáciles de recuperar ni de procesar. Los gobernantes tienen que lidiar, además, con fake news generadas como otra plaga en las redes sociales y con la imagen negativa del político sobre sus hombros. ¿Qué será lo mínimo vital en la comunicación política en estas condiciones? Nada fácil.
*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com
