No cabe duda que entre los gobiernos neoliberales y los grandes empresarios de México, con ingresos anuales por mil quinientos millones de pesos en adelante, prevaleció un acuerdo no escrito durante 40 años, para cobrarles 3.9 del Impuesto Sobre la Renta (ISR), no el 30% que les corresponde sobre sus ingresos.
Ese pacto fue roto (a medias) en 2020 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Con ese golpe de timón evitó el colapso del gasto público, saneó las finanzas públicas. Las rescató del naufragio del endeudamiento, como lo reconocen hoy las calificadoras internacionales.
En lo más amargo de la crisis sanitaria y económica los organismos financieros internacionales aconsejaban emprender una reforma fiscal para rescatar la zozobrante hacienda pública. El tabasqueño decidió realizar de inmediato una gran campaña de fiscalización a los grandes corporativos empresariales y salvar a su gobierno, mediante la recaudación de un billón 500 mil millones de pesos de recursos extraordinarios, entre 2020-2024, equivalentes a 6% del PIB del país.
Una campaña recaudatoria sin precedentes. Nunca antes, en 6 gobiernos neoliberales anteriores, las empresas habían pagado y pagarán tantos impuestos. El espíritu de esta gran campaña que realiza el SAT es que los ricos, los que han acumulado enormes ganancias durante esta pandemia y siempre, paguen más.
Aun así, no tributarán lo que les corresponde. México continuará siendo, al término de este gobierno, el país con la más baja tasa recaudatoria entre los 36 países más desarrollados del mundo, pese a ser la economía número 13 en el concierto global.
El promedio de recaudación de los 36 países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es 34% de su PIB. La tasa de México es 16% de su PIB. Una tasa fiscal tan baja convierte al gobierno en un estado débil, sin los recursos necesarios para impulsar el desarrollo económico, crear grandes proyectos de infraestructura, cientos de miles de empleos, mejorar y ampliar el bienestar social.
Si la administración de la IV-Transformación logra incrementar la captación de impuestos un 6% del PIB, la hacienda pública nacional pasará del 16 al 22% en su tasa recaudatoria.
Le faltarán 12 puntos del PIB para estar al nivel de las naciones de la OCDE. En términos monetarios los 12 puntos del PIB nacional equivalen a una recaudación adicional de tres billones de pesos anuales. Este es el monumental nivel evasión, elusión y corrupción practicado durante decenios por las grandes corporaciones.
Ese es el monto de impuestos que aún se evadirán en México al término de este sexenio, y que el próximo gobierno puede hacer efectivos mediante una reforma fiscal o campaña de fiscalización entre los grandes evasores que, según la titular del SAT, Raquel Buenrostro, tributan la séptima parte del 30% del ISR que les corresponde.
Como observamos, la IV-Transformación vio y sintió en 2020, en el profundo abismo de la crisis sanitaria y económica, que el mundo se le desplomaba (como sucedió a tantos gobiernos) pero reaccionó y maniobró con inteligencia, visión y decisión política.
Tomó el camino más corto, sano y conveniente para el país, ante el silencioso enojo de los grandes capitales comerciales, industriales y financieros. Es la acción de gobierno más trascendente, creativa y distintiva del lopezobradorismo.
El camino más fácil y negativo para México hubiera sido acudir a los recortes presupuestales, echar a la calle a miles de empleados, paralizar sus proyectos emblemáticos tan criticados por sus adversarios políticos, tampoco echó mano del endeudamiento, como vaticinaban y sugerían los analistas financieros extranjeros y nacionales.
La IV-Transformación logró en 2020 una recaudación adicional extraordinaria de medio billón de pesos. Del 2021 al 2024 su objetivo es cobrar, entre las grandes evasoras de tributos, 250 mil millones de pesos por año. El logro macroeconómico de gobierno del tabasqueño que no le negarán ni sus más férreos adversarios. NOS ESCUCHAMOS DIARIAMENTE de 13 a 14 horas en ABC Radio 12 80 de AM.
