Alberto Jiménez Merino no es mal candidato. Tiene preparación y amplia experiencia dentro de la administración pública, pero el problema que pesa en sus espaldas es la marca que lo respalda en sus aspiraciones políticas para ser gobernador del Estado de Puebla.
El PRI es un cuerpo débil sin indicios de recuperarse porque los medicamentos están sin surtir efectos ante la voracidad que promueven cuadros distinguidos y militantes que les conviene mantenerlo enfermo.
Estos priistas, son una especie de sanguijuela que sigue chupando sangre al servicio de otras fuerzas políticas.
Posterior al 2010 y hasta julio de 2018 era a favor de las alianzas que encabezaban el PAN-morenovallismo.
En este proceso electoral extraordinario del próximo dos de junio, los distinguidos priistas están al servicio directa o indirectamente de la coalición Juntos Haremos Historia. En otras palabras, del candidato puntero de las encuestas, Luis Miguel Barbosa Huerta.
Como ejemplo están los sectores ligados al PRI, como la CTM o la CNC.
Sin mayor empacho, sus dirigentes como Leobardo Soto, reconocido traidor desde anteriores procesos comiciales, están al servicio de Morena sin que las dirigencias nacional o estatal busquen hacer algo al respecto.
Otros cuadros distinguidos no quieren desgastarse en una elección que consideran destinada al fracaso desde antes del inicio de la campaña.
Tal es el caso del ex gobernador Melquiades Morales o la ex candidata a gobernadora Blanca Alcalá o el ex contendiente al Senado de la República, Juan Carlos Lastiri.
Otros, mejor saltaron del barco tras considerar que van a quedar huérfanos económicamente sin un cargo político o dentro del servicio público.
Ahí está Vanessa Barahona, ex candidata a diputada federal por el distrito 10 de Cholula. Durante décadas vivió de las posiciones obtenidas en el partido tricolor, pero ahora, tras perder la elección del primero de julio, se fue a entregar a manos de Morena para formar parte de la coordinación de Atención de Organizaciones de la campaña de Luis Miguel Barbosa.
Igual sucede con los priistas que ahora están en el gobierno estatal. La dirigencia estatal a cargo de Lorenzo Rivera Sosa tiene conocimiento que existe una cargada a favor del contendiente morenista.
Los casi dos meses al frente del priismo poblano, Rivera Sosa prácticamente no ha hecho nada por el PRI.
Está más preocupado por mantenerse en el cargo con miras a posicionar a los suyos en el 2021, como lo intentó en la anterior elección con su hijo.
Su trabajo es inoperante en las estructuras del interior del estado, salvo en algunas partes de la sierra norte donde tiene cierta influencia.
Por eso el Revolucionario Institucional es un enfermo incapaz de salir de la terapia intensiva en que se encuentra.
Alberto Jiménez Merino sabe que está solo sin el respaldo cupular o de las estructuras que lograron que la entidad poblana fuera gobernada por décadas por el priismo.
Está destinado a ocupar el último lugar de las votaciones, tal como lo hizo en 2018 el entonces candidato Enrique Doger Guerrero.
La decadencia priista tal parece que va a continuar en el 2021.
Una vez concretada la derrota priista el dos de junio, nuevamente se repetirá la historia del pasado: saldrán públicamente algunos connotados a pedir una reestructuración de fondo empezando por la salida de los traidores para reconstruir al ex partidazo.
Como siempre será más circo y maroma.
Habrá pocas expulsiones o señalamientos públicos contra los que jugaron doble papel y en la realidad el PRI continuará sumido en el abismo.
Los cambios serán superficiales. Habrá divisiones y en consecuencia una militancia debilitada, incapaz de entregar buenos resultados en los comicios del 2021.
Así luce el panorama del PRI.
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Si es cierto lo que dice Roberto Esponda, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Puebla, respecto a la presencia de familiares de compañeros suyos en la administración pública municipal, valdría la pena que hubiera una investigación de fondo por parte de la Contraloría y la Secretaría de Administración, con la finalidad de conocer si es verídico y si es así, determinar si esos nombramientos fueron con base a las capacidades laborales o por influencia o amiguismos.
Y más cuando este gobierno de izquierda comandado por Claudia Rivera, tiene abierta una investigación contra 40 trabajadores que fueron basificados en la pasada administración, al considerar que hubo irregularidades desde la asignación de plazas y sueldos, entre otras causas.
En otras palabras, se mandaría una buena señal que la famosa cuarta transformación va en serio y no es superficial.
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@Marcomironc
