/ lunes 31 de agosto de 2020

En defensa de la sociedad civil

¿Con qué derechos reclamaremos para nuestros hijos el título de ciudadanos si no somos dignos de serlo?

Álvaro Obregón


“A mejor sociedad, menos gobierno” ante la incapacidad del Estado de resolver los grandes problemas en el mundo, surge la sociedad civil organizada, primero desde el enfoque asistencialista a los más pobres, hasta la evolución de banderas más complejas el día de hoy como la defensa de los derechos humanos y la protección al medio ambiente.


La sociedad civil en México despertó a raíz del sismo de 1985, donde miles de mexicanos salieron espontáneamente a las calles a socorrer a las víctimas ante un gobierno paralizado por la magnitud de la tragedia.


Hoy los avances en materia democrática, desarrollo social, equidad de género, transparencia, educación y discapacidad, por mencionar algunos, no serían los mismos sin la contribución de la Sociedad Civil, que en poco tiempo desde su irrupción en el escenario político nacional ha logrado beneficios tangibles para la ciudadanía.


La calidad de la democracia y sus instituciones mejora cuando hay una sociedad civil articulada que opina, participa, exige y trabaja por una agenda ciudadana frente al Gobierno.


De acuerdo al CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) en México existen 45,766 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) registradas. Cifra que en un país con 120 millones de habitantes resulta insuficiente comparado con otros países de Latinomérica. Por ejemplo; Chile tiene más de 100 mil OSC y una población de 18 millones de personas.


Los Estados de la República donde se concentra el mayor número de OSC son Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Veracruz. Puebla se encuentra en el octavo lugar nacional, por debajo de Jalisco, Michoacán y Chiapas.


Según datos del CEMEFI la mayoría de las OSC están conformadas por el 60 % o hasta el 95 % de voluntarios, es decir, son mayoría los ciudadanos que ofrecen su fuerza laboral sin percibir algún ingreso. Y un mínimo porcentaje de personal remunerado.


En el 2019 según el INEGI, las OSC o Instituciones Sin Fines de Lucro (ISFL) en México representaron el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB).


Contrario a lo que sucede en nuestro país. Muchos gobiernos incentivan la participación ciudadana. En Ecuador tienen una visa especial para extranjeros voluntarios para determinados programas de cooperación internacional. En EUA, Argentina, Brasil y Canadá el servicio militar puede ser sustituible por servicio social.


En México se conserva el prejuicio alentado por el Presidente que el voluntariado es exclusivo de los privilegiados y que no genera ningún valor social, más que criticar al Gobierno y señalar sus errores y omisiones. Nada más alejado de la realidad.


Tenemos un déficit de OSC y aunado a ello el desperdicio del talento de millones de ciudadanos participativos que podrían trabajar por un México más equitativo. De por si con un Estado de derecho endeble y la peor crisis económica, sanitaria y de seguridad desde 1932, el Presidente necesita de la voluntad de todos los ciudadanos aunque crea que puede solo, está claro que no.

¿Con qué derechos reclamaremos para nuestros hijos el título de ciudadanos si no somos dignos de serlo?

Álvaro Obregón


“A mejor sociedad, menos gobierno” ante la incapacidad del Estado de resolver los grandes problemas en el mundo, surge la sociedad civil organizada, primero desde el enfoque asistencialista a los más pobres, hasta la evolución de banderas más complejas el día de hoy como la defensa de los derechos humanos y la protección al medio ambiente.


La sociedad civil en México despertó a raíz del sismo de 1985, donde miles de mexicanos salieron espontáneamente a las calles a socorrer a las víctimas ante un gobierno paralizado por la magnitud de la tragedia.


Hoy los avances en materia democrática, desarrollo social, equidad de género, transparencia, educación y discapacidad, por mencionar algunos, no serían los mismos sin la contribución de la Sociedad Civil, que en poco tiempo desde su irrupción en el escenario político nacional ha logrado beneficios tangibles para la ciudadanía.


La calidad de la democracia y sus instituciones mejora cuando hay una sociedad civil articulada que opina, participa, exige y trabaja por una agenda ciudadana frente al Gobierno.


De acuerdo al CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) en México existen 45,766 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) registradas. Cifra que en un país con 120 millones de habitantes resulta insuficiente comparado con otros países de Latinomérica. Por ejemplo; Chile tiene más de 100 mil OSC y una población de 18 millones de personas.


Los Estados de la República donde se concentra el mayor número de OSC son Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Veracruz. Puebla se encuentra en el octavo lugar nacional, por debajo de Jalisco, Michoacán y Chiapas.


Según datos del CEMEFI la mayoría de las OSC están conformadas por el 60 % o hasta el 95 % de voluntarios, es decir, son mayoría los ciudadanos que ofrecen su fuerza laboral sin percibir algún ingreso. Y un mínimo porcentaje de personal remunerado.


En el 2019 según el INEGI, las OSC o Instituciones Sin Fines de Lucro (ISFL) en México representaron el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB).


Contrario a lo que sucede en nuestro país. Muchos gobiernos incentivan la participación ciudadana. En Ecuador tienen una visa especial para extranjeros voluntarios para determinados programas de cooperación internacional. En EUA, Argentina, Brasil y Canadá el servicio militar puede ser sustituible por servicio social.


En México se conserva el prejuicio alentado por el Presidente que el voluntariado es exclusivo de los privilegiados y que no genera ningún valor social, más que criticar al Gobierno y señalar sus errores y omisiones. Nada más alejado de la realidad.


Tenemos un déficit de OSC y aunado a ello el desperdicio del talento de millones de ciudadanos participativos que podrían trabajar por un México más equitativo. De por si con un Estado de derecho endeble y la peor crisis económica, sanitaria y de seguridad desde 1932, el Presidente necesita de la voluntad de todos los ciudadanos aunque crea que puede solo, está claro que no.