Persisten las diferencias con el ex gobernador Rafael Moreno Valle, pero estoy dispuesto a hacerlas a un lado para lograr un buen resultado en la próxima elección.
Palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo Eduardo Rivera Pérez, al anunciar que había recibido el respaldo del Juzgado Tercero de Distrito en la disputa legal que traía con el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, después de que una mayoría de diputados locales le impusiera una sanción de 12 años y una multa de 25.5 millones de pesos por el presunto manejo irregular de recursos públicos.
En efecto, ayer, el candidato de la alianza formada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano pudo anunciar por fin el término de esa odisea, una vez que le fue concedido el amparo solicitado en contra de la resolución de los legisladores locales.
En un tono congruente, acompañado por meras circunstancias políticas por el dirigente estatal del PRD, Jorge Cruz Bermúdez, el ex alcalde de Puebla no se desdijo de las veces que acusó una persecución política por parte de Moreno Valle, pero dijo que dejaría de lado ese episodio para ir a la contienda electoral.
Lo que Rivera Pérez ya no precisó fue si haría a un lado este hecho de manera definitiva o si lo haría solo mientras transcurra la elección.
Quizá en una próxima conferencia de prensa lo aclare.
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En el partido de Andrés Manuel López Obrador comienzan a registrarse las primeras rebeliones, producto de los beneficios con repartición de candidaturas que han recibido personajes externos por encima de los militantes.
Miembros y aspirantes a cargos de elección popular del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de regiones como Acatlán, Tepeaca y Tecamachalco protestaron en la sede del Comité Ejecutivo Estatal del partido en contra de la designación de candidatos a diputados federales.
Según los quejosos, y tienen razón, el proceso favoreció a perfiles externos y dejó fuera a quienes por años han trabajado esas zonas del estado en favor de Morena y las aspiraciones presidenciales de López Obrador.
Los quejosos no solo dejaron un documento oficial al dirigente, Gabriel Biestro Medinilla, sino que amagaron con regresar y emprender una huelga de hambre en caso de que no se tomen en cuenta sus reclamos.
La verdad es que ya se habían tardado en protestar los liderazgos regionales que han sido marginados en la asignación de candidaturas.
Esta vez se trató de las diputaciones federales.
Pero si la exclusión se repite en las postulaciones a presidencias municipales y el Congreso del Estado, sin duda, la exigencia subirá de nivel y de tono.
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A propósito del proceso electoral que se encuentra en marcha, en el que habrán de elegirse desde presidente de la República hasta diputados locales, pasando por gobernador, presidentes municipales y legisladores federales, la líder de los burócratas del estado advierte que no habrá intento alguno entre los agremiados para inducir el voto en favor de un candidato o partido político.
“Claro que no (se presionará a los trabajadores), nosotros somos institucionales y así se le ha manejado a la clase trabajadora (…) Trabajaremos con quien llegue, con quien quiera trabajar también con nosotros, creo y considero que somos los cimientos del gobierno, entonces no creo que nos olviden”, afirmó Virginia Socorro Meza Cruz, ante la pregunta expresa de los reporteros.
Podría parecer obvio el pronunciamiento que hizo la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados, pero no lo es.
Es importante que aclare que no habrá presiones de ningún tipo para tratar de favorecer de manera corporativa a un candidato o grupo de candidatos.
Porque además, aunque tratara, no podría.
