Entre académicos y especialistas no hay pronósticos positivos acerca de lo que veremos y escucharemos los mexicanos el próximo domingo, en el primer debate de candidatos a la presidencia de la república.
Como ejemplo claro están las opiniones de Ricardo Fernández Fuentes y Jesús Muñoz Castellanos. El primero es catedrático de la UPAEP y especialista en Derecho Constitucional, y el segundo es docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, especialista en seguridad pública y autor del libro “La función de investigación de las policías conforme al nuevo modelo policial en México”.
Ambos coinciden en que, el del domingo, será un encuentro de propuestas sin fundamentos y, eso sí, colmado de descalificaciones entre contendientes.
Según los académicos, la parte importante del debate será ocupada por los protagonistas para cuestionarse y criticarse, como ha ocurrido en las primeras semanas de campaña, lo que hará del encuentro un ejercicio sin contenido de calidad, sin información útil para los espectadores y eventuales electores.
Por desgracia, eso es lo que se espera del debate, no lo que se desea, pero sí lo que se puede prever.
Los antecedentes de encuentros similares en otras contiendas presidenciales muestran que así sucede en este tipo de confrontaciones:
La descalificación supera a las propuestas.
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Dato curioso.
Cuatro de los cinco candidatos a diputados federales que se disputan el distrito 9 tienen o han tenido nexos con el grupo en el poder, denominado por la clase política morenogalismo.
Jorge Aguilar Chedraui, de la coalición Por México al Frente, colaboró con el ex gobernador Rafael Moreno Valle como secretario de Salud y posteriormente se desempeñó como presidente del Congreso del Estado; Guillermo Aréchiga Santamaría, de la coalición Juntos haremos historia, fue diputado local en la primera mitad del gobierno de Moreno Valle y con José Antonio Gali Fayad fue secretario de Gobernación en el municipio de Puebla.
Norma Estela Pimentel Méndez, del Partido Verde, fue directora Jurídica de la Secretaría de Finanzas en tiempos de Melquiades Morales Flores, con… adivinó usted, ¡Moreno Valle!
Por último, la priista Lidia López Aguirre es hermana de Armando López Aguirre, actual Coordinador Jurídico del gobierno del estado, y prima de Luz María López Aguirre, ex particular del Ejecutivo.
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¿Qué habrá pasado por la mente de Jesús Giles Carmona y Francisco Fraile García para tomar la decisión de condenar a Morena y su candidato a gobernador por no presentar hasta el momento la declaración 3 de 3, cuando de todos los abanderados del PAN, solo una aspirante lo ha hecho?
El presidente del Comité Directivo Estatal y el vocero del partido blanquiazul salieron a hacer eco del primer lugar en opacidad que ocupa Morena ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.
Hasta ahí todo estaba bien.
Que el partido en el poder en el estado, en el contexto de un proceso electoral, salga a criticar lo que un día antes ya había expuesto Gabriela Sierra Palacios, llevando como blanco al principal de los rivales del panismo, es comprensible.
Lo extraño fue lo que pasó después.
Ya subidos en la locomotora antimorenista, se fueron en contra de Luis Miguel Barbosa Huerta por rehuirle a la 3 de 3.
Otro punto bueno.
Si el abanderado de Morena ha incumplido, a exponerlo.
No obstante, para hacer eso hay que tener la cola corta o pregonar con el ejemplo, y ese no es el caso del PAN.
Hasta el momento, la única candidata panista que ha presentado su declaración patrimonial, fiscal y de intereses ha sido la aspirante a la diputación federal del Distrito 6, Guadalupe Arrubarrena García, y lo hizo justo ayer.
¿Entonces?
