Uno es uno, y aunque pequeño, suma.
El Tribunal Electoral del Estado de Puebla dio una buena noticia al PRI al corregir el resultado del partido ganador de la elección en el municipio de San Salvador El Seco.
Resulta que los consejeros del Instituto Electoral del Estado se equivocaron en otorgarle el triunfo a Irene Marina Aguirre Rojas, de Morena, por presiones políticas, en lugar de otorgárselo a Salomón Pérez Bartolo, del tricolor, como indicaba a su vez el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
“Como consecuencia de la propia sesión atropellada y del maremágnum de ese momento que como consecuencia de las pasiones políticas entendibles se desarrolló, por error se asentaron en el acta unas cantidades, en tres casillas en específico, que no fueron las que se encontraban acordes con las constancias correspondientes”, explicó el magistrado Jesús Gerardo Saravia Rivera.
Qué pasó entonces.
Que se le retiró el triunfo a Morena para dárselo al PRI, con lo que este partido político suma un ayuntamiento más en la bolsa tras los comicios del 1 de julio y llega a 79.
Un movimiento menor, pero suficiente para abonar en los números que Javier Casique Zárate, presidente del Comité Directivo Estatal, presentará ante sus jefes del CEN.
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Pasado el proceso electoral y aun en medio de la impugnación presentada por Morena para el caso de la contienda de gobernador, los representantes de la iniciativa privada han anunciado su interés por reunirse con las autoridades electas más importantes del estado.
Carlos Montiel Solana, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destaca que este organismo tiene una agenda de trabajo para los próximos años, vinculada a las actividades gubernamentales, que quiere exponer tanto a la gobernadora electa, Martha Erika Alonso Hidalgo, como a la presidenta municipal de Puebla también electa, Claudia Rivera Vivanco.
El tema central, por supuesto, y como se ha vuelto prioritario para los poblanos en años recientes, es el de la seguridad.
“El camino y el trabajo todavía es muy largo, tanto para la autoridad estatal como para la autoridad municipal, de tal suerte que nosotros tenemos que contribuir en eso”, expuso.
Lo que pretende la iniciativa privada es conocer las propuestas de combate a la inseguridad que traen en carpeta los gobernantes que estarán en el poder en unos meses más y poner de su parte para mejorar las cosas en la ciudad y el estado.
Eso es bueno.
Lograr y preservar la paz entre los poblanos debe ser una tarea en la que trabajen todos unidos.
De otra manera será difícil salir adelante, dado el contexto de inseguridad generalizada que existe en el país.
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¿Qué pasa con los diputados electos de Morena?
Primero salen a anunciar, quién sabe si a amenazar o advertir, que revertirán todas las acciones negativas emprendidas por el exgobernador Rafael Moreno Valle, donde, ateniéndose a lo que han descrito como negativas, podrían entrar los contratos denominados PPS para la construcción de algunas de sus obras emblemáticas.
Y luego, como que olvidando eso, exigen que el gobierno de José Antonio Gali Fayad ceda el edificio del Centro Integral de Servicios para que sea ocupado por las SEP federal y el futuro titular, Esteban Moctezuma Barragán.
Pues si la construcción del CIS obedeció a un capricho de Moreno Valle, como aseguran los legisladores morenistas, ¿para qué lo quieren ahora?
Otra cosa que los diputados electos no aclararon fue si hablaban a título personal o en representación de Moctezuma Barragán o del mismísimo Andrés Manuel López Obrador.
¿Sabrá el presidente electo que sus huestes poblanas hacen exigencias en su nombre?
Por ahí habría que empezar para comprender la relevancia de la demanda.
