Los que han comenzado con su presión de fin de sexenio, o mejor dicho de minigubernatura, son los transportistas poblanos, quienes exigen un aumento al pasaje antes de que acabe la gestión de Tony Gali.
Sin embargo su pretensión suena descabellada, ya que aspiran a que se eleve el costo a 12 pesos, es decir, un aumento del 100 por ciento, negociación que para nada aceptará la administración estatal.
La Alianza de Camioneros de Puebla, asevera que dicha alza está justificada por el incremento de los precios de los insumos, como el combustible, refacciones, los servicios de reparación y hasta los mismos vehículos.
Sin embargo, los camiones chatarra, contaminantes a más no poder y la pésima atención de los choferes es una constante, pese a la añeja promesa, nunca cumplida, de profesionalizar el servicio.
Así no pueden exigir.
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En un tema que parece insólito, la Fiscalía General del Estado ha “sacado de circulación” a tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por actos de corrupción y cohecho.
Según Manuel Alonso García, un oficial de Tránsito y dos policías dejaron de ejercer su labor debido a que están detenidos, resultado de un trabajo realizado por el departamento de Asuntos Internos.
De acuerdo al funcionario, es un hecho histórico, ya que en pocas palabras, antes, a los servidores públicos que incurrían en esos delitos solo se les levantaba un acta administrativa, es decir, una palmadita de castigo y como si nada hubiera pasado.
Ahora todo el procedimiento es penal, ya que la actual administración municipal, encabezada por Luis Banck, ha enfatizado que a quien abuse de su autoridad o se involucre en algún delito se le aplicará todo el peso de la ley.
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Si las cosas no se mueven la próxima legislatura local tendrá como componente atípico una mayoría de diputados de oposición al partido que gobierne en el estado; sin embargo, a pesar de ello su poder de maniobra tampoco será absoluto.
Con sus 22 diputaciones en bloque de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, integrados en la coalición Juntos Haremos Historia, tendrá la mayoría de los curules, seguido del Frente por Puebla, con el PAN a la cabeza, con 12 posiciones; mientras que el PRI tendrá cuatro; Nueva Alianza, dos; y el Partido Verde Ecologista de México solamente uno.
A pesar de la evidente mayoría morenista que les permitirá imponerse en determinadas votaciones, la propia Constitución Política del Estado de Puebla les marcará límites, puesto que hay asuntos que deben de aprobarse por dos terceras partes de los diputados, lo que implica que por parte de los dos bandos se tendrá que llegar a acuerdos.
Por ejemplo, si la bancada de Morena pretende designar al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos necesitaría seis votos adicionales para completar su intención, caso similar ocurre para la designación del titular de Ciudad Modelo.
Lo mismo ocurre con la desaparición de un ayuntamiento, su suspensión o la revocación de mandato de cualquiera de sus integrantes, o bien someter a plebiscito algunas de las decisiones del Poder Ejecutivo con el apoyo del Instituto Electoral del Estado (IEE).
Cierto es que, visto en caso contrario, el gobierno panista tendrá más complicaciones para lograr que la futura legislatura avale sus iniciativas, de ahí que se entienda que la actual legislatura siga preparando el escenario a Martha Erika Alonso, la gobernadora electa.
Lo que sí podrán hacer los próximos legisladores de Juntos Haremos Historia y su mayoría simple, con la mano en la cintura, es la regulación de las reglas para los PPS, nombrar al titular de la Auditoría Superior del Estado y aprobar los presupuestos de egresos del Poder Ejecutivo, por ejemplo.
