Pues ya hay un plazo fatal para que el Gobierno del Estado defina lo conducente con las tarifas del transporte público y por lo que se ve en esta ocasión sí habrá luz verde para los transportistas.
No en los términos que exigen de los 12 pesos, pero no dude que en unos ocho pesos ya se establezca el nuevo precio.
El subsecretario de Transportes, Alberto Vivas, con el hecho de establecer una valoración ya está más que abriendo la posibilidad. Aquello de los estudios técnicos suena a mero trámite para justificar el monto del incremento.
“Sí estamos estudiando con la finalidad de poder poner un número que sea lo ideal para que no se afecte al ciudadano ni tampoco sea por poner un número, que no sea un lastre”, dijo.
En otras palabras: van a incrementar la tarifa pero no tanto.
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Las investigaciones avanzan y la esposa del edil de Venustiano Carranza, Rafael Valencia Ávila, Ilse Lucía N., se mantiene en la ruta de haber cometido un ilícito, en principio por la portación de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada de México.
Hasta la trabajadora doméstica ha resultado implicada en este delito, por lo que ambas fueron vinculadas a proceso.
Pero es la hora en que las presunciones de que el verdadero artífice de la conducta delictiva, Rafael Valencia, no se han cristalizado y por tanto sigue apareciendo en actos de gobierno.
Resulta complicado pensar que la presidenta del DIF Municipal, su trabajadora doméstica y otras personas detenidas tuvieran una estructura delictiva sin que el edil se diera cuenta.
Pero la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tendrá la última palabra, a ver qué elementos encuentran en sus investigaciones y si encuentran pruebas para implicarlos plenamente en la comisión de algún delito huachicolero.
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Durante su ratificación como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE), Carlos Montiel Solana aprovechó para lanzar una crítica a los gobiernos estatal y municipal con respecto a la inseguridad.
Y es que el representante del sector empresarial poblano comentó que pese a los esfuerzos la estrategia para combatir el robo al transporte y de combustible ha sido insuficiente.
Aunque no podría calificar como fallido el plan de seguridad, Montiel Solana aseveró que delitos como el secuestro, el robo, el huachicoleo, entre otros, han retomado fuerza en el último año.
El asunto en cuestión es que los agremiados en torno al CCE están preocupados debido a que el fenómeno delictivo impacta en las ventas, en la necesidad de implementar medidas de seguridad más estrictas en sus negocios o en invertir en más equipamiento como cámaras o alarmas.
Como sea, ante el cambio de administración no se avizora una solución pronta y es lo que más llena de incertidumbre a la cúpula empresarial.
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Tal parece que el bloqueo y la posterior suspensión de una obra hidráulica en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán deriva de un desacuerdo político entre la actual y la anterior autoridad ejidal.
Eso de acuerdo al SOAPAP, quien asegura que ambas partes desconocen los acuerdos realizados con anterioridad para la edificación de una segunda etapa del colector marginal, que pretende beneficiar a más de 15 mil habitantes de la zona.
El meollo del asunto radica en una presunta acta apócrifa que levantó el anterior comisario ejidal para autorizar la obra, por lo que, además, los vecinos piden una indemnización.
Como sea, el conflicto deberá ser solucionado a la brevedad o los trabajos del colector -que llevará el agua sanitaria para que sea tratada en la Planta Alseseca- se alargarán innecesariamente.
