“Muchos estudiantes de esta universidad están siendo atacados, asaltados y robados. Muchos viven con miedo a que les quiten lo poco que tienen. Muchos viven con temor a regresar a su casa, incluso a perder la vida. A todos nos han robado. Todos hemos sido despojados de algo muy preciado: la tranquilidad”.
Estas palabras corresponden al rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, y fueron pronunciadas en la parte final del Primer Informe de Labores de la gestión 2017-2021 frente a la comunidad universitaria reunida en el auditorio del CCU, con Dinorah López Gargallo, la presidenta del DIF estatal, como invitada especial.
No puedo terminar sin hablar de la inseguridad, preparó Esparza, palabras más, palabras menos, y lanzó esas expresiones que le valieron el reconocimiento de los estudiantes y trabajadores que lo escuchaban en el inmueble.
“Cualquier cosa que afecte a los estudiantes es mi problema, sea dentro o fuera de la universidad es nuestro problema y cualquiera que atente contra un universitario de la BUAP es nuestro enemigo. Que se escuche bien: que cualquiera que atente en contra de ustedes es mi enemigo”, agregó.
Y sí, el problema de la inseguridad pública y la violencia no podía ni debía ser dejado de lado.
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Carlos Montiel Solana suelta una advertencia que ya había manifestado días atrás pero que esta vez es más contundente.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial subraya las malas consecuencias económicas que ha generado para Puebla el conflicto poselectoral y su hasta ahora inexistente solución.
La indefinición de la elección de gobernador en el estado, asegura, ha traído consecuencias económicas como la suspensión de inversiones privadas y, en la medida en que eso se prolongue, abunda, mayor será el daño para el estado.
El líder del sector empresarial en Puebla tiene toda la razón.
Después de eso hace un llamado a las instituciones electorales a que definan lo más pronto posible las impugnaciones que todavía se dirimen en sus instancias.
Otra vez tiene toda la razón.
Si el Tribunal Electoral del Estado de Puebla no la estuviese haciendo tanto de emoción, pese a que ya tiene una fallo preparado para responder la demanda de nulidad de los comicios presentada por Morena, ya se habría avanzado mucho en el conflicto poselectoral.
Así que a ver si los tres magistrados integrantes de ese organismo, pero principalmente Fernando Chevalier Ruanova, su presidente, le hacen caso a Montiel Solana y desahogan el asunto que se encuentra en sus manos.
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Bien por el subsecretario de Movilidad y Transporte, Alberto Vivas Arroyo.
Ante diputados integrantes de la Comisión de Transporte y Movilidad, el funcionario estatal expresó que pondrá en marcha una unidad móvil que se encargará de realizar exámenes toxicológicos y de alcoholímetro a conductores del transporte público.
Ello por el cúmulo de quejas ciudadanas que reportan la existencia de operadores del volante que conducen en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias prohibidas.
Qué bueno por la nueva medida preventiva del subsecretario.
Lo malo es que se aplicará justo cuando la actual administración estatal se encuentra en sus dos últimos meses de vida.
Esperamos que la medida perdure incluso más allá del cambio de poderes, independientemente de quien llegue a Casa Puebla una vez dirimido el conflicto poselectoral.
El transporte urbano de pasajeros requiere mucha mayor regulación y vigilancia.
Uno de los siguientes puntos a normar podría ser, por ejemplo, el tema de las paradas.
No debería estar permitido o tolerado que los conductores suban y bajen pasaje donde les acomode, pero eso pasa en todos lados, con los evidentes riesgos físicos para sus usuarios.
