Claudia Rivera Vivanco y su secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, apuntan a la Fiscalía General del Estado para resolver los problemas de inseguridad que ocurren en la capital, es decir, le mandan mensaje a Gilberto Higuera Bernal.
Después del linchamiento sucedido el fin de semana en contra de un presunto ladrón en la colonia Bosques de Manzanilla, la presidenta municipal de Puebla conminó a la Fiscalía a dar seguimiento al caso para establecer una sanción en contra de los responsables.
"Nosotros como primeros respondientes, me refiero a la Policía Municipal, se presentan, hacen el aseguramiento (de los delincuentes) y de ahí pasa a la siguiente instancia. Corresponde a la siguiente instancia (la Fiscalía) dar una garantía a la ciudadanía de lo que está demandando", expuso.
En su turno, Sánchez Galindo fue más directo:
“No hay trabajo de la Fiscalía, el problema no es el patrullaje de la policía (…) Lo digo con claridad, hay una mala prosecución; no está, siento, bien aplicado el sistema penal, está actuando como segundo respondiente, no como un organismo”.
Tienen razón, pero solo en parte.
En efecto, a Higuera Bernal le toca ir por los asesinos y responsables de los linchamientos, pero a la Policía Municipal le corresponde impedirlos.
Eso es lo que no deben olvidar ni Rivera Vivanco ni su funcionario.
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A pocas semanas de iniciada la gestión, las nuevas autoridades municipales parecen todavía no hallar la cuadratura al círculo y están siendo rebasadas por la inseguridad.
Robos y asesinatos se han desatado en la ciudad y la administración municipal no muestra una clara estrategia contra esa problemática, lo que causa molestia entre los capitalinos que, entre muchas cosas, se quejan de la lentitud en la respuesta de la Policía Municipal.
Un ejemplo de ello es el conjunto habitacional La Guadalupana, ubicado en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, donde los vecinos, cansados de que la delincuencia impere, desde hace dos semanas se han organizado para realizar rondines nocturnos y ahuyentar a los maleantes.
Tan enojados están los habitantes que se dicen dispuestos a hacer justicia por mano propia a quien se meta con su familia y su patrimonio, aun por encima de los elementos policíacos, que, pareciera, temen a las bandas criminales o peor, solapan la actividad delictiva en esa zona.
La situación debe preocupar a la presidenta municipal, porque el ejemplo de La Guadalupana solo es uno de varios casos de vecinos vigilantes en colonias y conjuntos habitacionales de Puebla, donde la irritación colectiva ante la delincuencia puede estallar en cualquier momento.
¿Y quién podría culparlos si los responsables de cuidar la integridad de los ciudadanos están fallando?
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La semana pasada el fraccionamiento Misiones de San Francisco, asentado en el municipio de Coronango, se convirtió en una sucursal de la Ciudad de México ante el desabasto de agua potable que se hizo presente.
Y es que no es ese municipio el que otorga el servicio, sino el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del vecino Cuautlancingo, como resultado de un añejo embrollo jurídico que se espera resolver -a decir del edil de Coronango, Antonio Teutli- con la expropiación de los tanques elevados que surten de agua al lugar.
Los pobladores de la zona exigieron que también cesen los abusos en el cobro de tarifas y permisos, porque actualmente Cuautlancingo tasa en más de tres mil pesos un trámite de conexión cuando antes no superaba los dos mil pesos.
No cabe duda de que la carencia del líquido puede causar reacciones de gran magnitud y cómo no, si es un elemento imprescindible en la vida cotidiana.
