/ jueves 6 de diciembre de 2018

En Punto

Ni tardo ni perezoso, Luis Miguel Barbosa Huerta ha reconocido de manera abierta que quiere repetir como candidato al Gobierno del Estado en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule la contienda del pasado 1 de julio.

El exsenador y experredista podría verse muy precipitado al pronunciarse sobre una eventual candidatura cuando en los hechos no hay una definición de los magistrados federales en torno a la impugnación de los comicios de gobernador.

Precipitado, adelantado y apresurado.

No obstante, las palabras de Barbosa podrían derivar del entendimiento de que algunos personajes de la misma coalición tripartidista que lo postuló en el pasado reciente ya hacen precampaña para tratar de ganarle la candidatura una vez que se anule la elección y si es que eso sucede.

En ese sentido, se comprenderían las expresiones de Barbosa.

Pretende llamar la atención del presidente, Andrés Manuel López Obrador, antes de que le ganen la carrera interna, incluso antes de saber si los magistrados avalarán o no el proyecto de sentencia que ordena nuevos comicios.


***

Si la publicación de la propuesta de sentencia realizada por el magistrado José Luis Vargas Valdez el domingo por la noche provocó la reacción de Martha Erika Alonso Hidalgo y su equipo de colaboradores, lo mismo hizo con los consejeros del Instituto Electoral del Estado.

Los integrantes del Consejo General del organismo son los principales destinatarios del proyecto del magistrado porque los señala como responsables del rompimiento de la cadena de custodia, hecho que lo lleva a proponer la anulación de los comicios.

De la misma manera que la todavía gobernadora electa, aunque con casi 72 horas de retraso, los consejeros, en voz de su presidente, Jacinto Herrera Serrallonga, negaron haber roto la cadena de custodia y acusaron al magistrado de violar su presunción de inocencia al acusarlos sin haberles llamado para ofrecer sus argumentos y alegatos.

Otra vez se encuentra en tela de juicio la imparcialidad de Vargas Valdez.

¿Qué necesidad había de ello?

Nadie lo entiende aún.


***

La próxima implementación de la fotomulta por parte del Ayuntamiento de Puebla, a cargo de Claudia Rivera Vivanco, causará polémica entre los automovilistas de la ciudad.

Ese programa surgió con el sello morenovallista, ya que fue en la administración del entonces gobernador Rafael Moreno Valle que fue puesto en marcha.

Ahora, el primer gobierno de Morena asentado en la ciudad más importante del estado pretende ponerlo también, avalando de cierta forma lo que se hizo en el pasado.

Ni tardo ni perezoso, Luis Miguel Barbosa Huerta ha reconocido de manera abierta que quiere repetir como candidato al Gobierno del Estado en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule la contienda del pasado 1 de julio.

El exsenador y experredista podría verse muy precipitado al pronunciarse sobre una eventual candidatura cuando en los hechos no hay una definición de los magistrados federales en torno a la impugnación de los comicios de gobernador.

Precipitado, adelantado y apresurado.

No obstante, las palabras de Barbosa podrían derivar del entendimiento de que algunos personajes de la misma coalición tripartidista que lo postuló en el pasado reciente ya hacen precampaña para tratar de ganarle la candidatura una vez que se anule la elección y si es que eso sucede.

En ese sentido, se comprenderían las expresiones de Barbosa.

Pretende llamar la atención del presidente, Andrés Manuel López Obrador, antes de que le ganen la carrera interna, incluso antes de saber si los magistrados avalarán o no el proyecto de sentencia que ordena nuevos comicios.


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Si la publicación de la propuesta de sentencia realizada por el magistrado José Luis Vargas Valdez el domingo por la noche provocó la reacción de Martha Erika Alonso Hidalgo y su equipo de colaboradores, lo mismo hizo con los consejeros del Instituto Electoral del Estado.

Los integrantes del Consejo General del organismo son los principales destinatarios del proyecto del magistrado porque los señala como responsables del rompimiento de la cadena de custodia, hecho que lo lleva a proponer la anulación de los comicios.

De la misma manera que la todavía gobernadora electa, aunque con casi 72 horas de retraso, los consejeros, en voz de su presidente, Jacinto Herrera Serrallonga, negaron haber roto la cadena de custodia y acusaron al magistrado de violar su presunción de inocencia al acusarlos sin haberles llamado para ofrecer sus argumentos y alegatos.

Otra vez se encuentra en tela de juicio la imparcialidad de Vargas Valdez.

¿Qué necesidad había de ello?

Nadie lo entiende aún.


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La próxima implementación de la fotomulta por parte del Ayuntamiento de Puebla, a cargo de Claudia Rivera Vivanco, causará polémica entre los automovilistas de la ciudad.

Ese programa surgió con el sello morenovallista, ya que fue en la administración del entonces gobernador Rafael Moreno Valle que fue puesto en marcha.

Ahora, el primer gobierno de Morena asentado en la ciudad más importante del estado pretende ponerlo también, avalando de cierta forma lo que se hizo en el pasado.

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