Finalmente sucedió lo que el finado Rafael Moreno Valle Rosas evitó tantas veces.
La Secretaría de Gobernación federal declaró la ‘alerta de género’ para 50 municipios del estado de Puebla, incluida la capital, por supuesto, y la zona metropolitana.
El argumento de las autoridades federales es uno y muy claro: la persistente violencia feminicida que se registra en el estado, y no ahora, sino desde varios años atrás.
La declaratoria se da en respuesta a la demanda de cinco solicitudes presentadas por organizaciones civiles en los años 2016 y 2017, uno, el último de la administración de Moreno Valle Rosas, y otro, el primero del breve periodo de José Antonio Gali Fayad.
La resolución, notificada el lunes 8 de abril al gobierno del estado, tendrá importantes implicaciones en materia de prevención y atención a mujeres víctimas de violencia en el estado.
Esa es la principal meta de la declaratoria, procurar condiciones para una mejor condición de vida de las mujeres en general.
Y parte de un punto: el reconocimiento pleno de que en aquellos territorios en los que se decreta, no hay condiciones de justicia y equidad para las integrantes del sexo femenino.
Por eso Moreno Valle empleó siempre sus relaciones con el gobierno federal, para impedir que fuera de Puebla se supiera lo que aquí es evidente: el número creciente de acontecimientos violentos en contra de las mujeres, que muchas veces, y por desgracia, terminan en homicidios.
Esperemos que, con esta y otras medidas que tendrán que venir, ahora sí las condiciones sean distintas.
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El Instituto Nacional Electoral ha emitido un reporte de fiscalización en el que informa que los tres candidatos al gobierno del estado han gastado 10 millones 534 mil pesos en apenas 10 días de campaña, lo que equivale a un millón de pesos por día, pero entre los tres.
Ese dato resulta poco interesante.
Se pone bueno cuando viene el desglose de gastos por abanderados y se observa que el más gastador de todos ha sido el aspirante del PRI, Alberto Jiménez Merino, y no por poco, sino que él solo ha usado la mitad de esos 10 millones de pesos.
¿Pero en qué sino se le ha visto nada?
Luis Miguel Barbosa Huerta, de Morena, PT y el Verde, reportó gastos por un millón 207 mil 371 pesos. Enrique Cárdenas Sánchez, de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, por 3 millones 660 mil pesos. Y Jiménez Merino, que además va por un solo partido político, el PRI, ¡5 millones 640 mil pesos!
Ese es el dato relevante en el reporte emitido por el INE.
¿Cómo ha podido el aspirante del PRI gastar esa cantidad, más del doble que el abanderado de Morena, por ejemplo, cuando no se le ve en campaña por ningún lado?
Un misterio que sus financieros y contadores tendrán que resolver después.
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Los candidatos sí irán a la BUAP.
Claro, siempre y cuando ellos estén de acuerdo.
El Consejo Universitario de la máxima casa de estudios del estado aprobó invitar a los tres aspirantes a la gubernatura a sostener una plática con los integrantes de la comunidad universitaria, que consiste en presentar sus propuestas de gobierno.
No se emocione de más, no se tratará de un debate.
Los abanderados serán invitados para asistir de manera separada en intervenciones que se realizarán en mayo, el segundo mes de la campaña por la gubernatura.
A ver quién dice no.
