/ miércoles 17 de abril de 2019

En Punto

Seguro que Luis Miguel Barbosa Huerta puso a temblar a varios de los privilegiados del pasado con las palabras pronunciadas ayer, en un encuentro con asociaciones de abogados del estado.

El candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia abordó dos temas sensibles para los practicantes del derecho, y que en los últimos años fueron al extremo por beneficiar a personas que no tenían ningún mérito profesional ni académico.

Por un lado, Barbosa ofreció dignificar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con la inclusión de magistrados que nunca más provengan de un cargo en el gobierno del estado:

“Yo no voy a llegar a imponer magistrados, yo nunca propondré un magistrado que haya sido mi subalterno, nunca, y menos a un magistrado que no tenga carrera judicial y que pueda ser hasta presidente de un Tribunal Superior de Justicia”.

Entre los asistentes pasaron por la mente los nombres de Roberto Grajales Espina, Jorge Benito Cruz Bermúdez y el mismísimo Héctor Sánchez Sánchez, entre otros.

Por otro lado, advirtió que revisará la entrega de notarías públicas que se hizo durante los últimos gobiernos estatales, concretamente los de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad.

No lo dijo, pero los interlocutores del abanderado a gobernador entendieron que podría echar para atrás los nombramientos que no hubiesen sido justos ni justificados.

Que pongan sus barbas a remojar los aludidos y, por supuesto, las aludidas, como Irma Patricia Leal Islas, que recibió una notaría por parte de Moreno Valle como pago a su lealtad ciega.

***

La orden de aprehensión en contra de algunos de los implicados en la detención y presunta tortura psicológica de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, en diciembre de 2005, entre ellos el exgobernador Mario Marín Torres, es más real de lo que muchos creen.

Este lunes todavía personajes cercanos al exmandatario, como Ramón Solana Fernández y Lorenzo Rivera Sosa, aseguraban en conferencia de prensa que el resurgimiento del tema se debía a una trama política relacionada con el proceso electoral y ponían en duda la existencia de la solicitud de aprehensión.

Ayer ocurrió un hecho que tiene que poner fin a esas dudas.

La solicitud de detención, por parte de una jueza del estado de Quintana Roo, es verdadera, como lo fue la aprehensión de Juan Sánchez Moreno, uno de los supuestos implicados en la denuncia de Cacho Ribeiro.

El personaje fue jefe de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Puebla, en 2005, cuando se ejecutó la orden de aprehensión contra la periodista.

El señor fue detenido en el Estado de México y conducido ayer mismo hacia Cancún, donde será presentado ante las autoridades judiciales que pidieron su captura.

A partir de ahora los marinistas tienen la certeza de que el asunto no es producto de ninguna broma o ‘borrego’ periodístico.

***

En el ‘cuarto de guerra’ del candidato a gobernador de Morena ya confirmaron que la pugna interna con el otrora precandidato, Alejandro Armenta Mier, le ha restado puntos en preferencias electorales.

Las consecuencias negativas no son preocupantes ni dejan en condiciones de riesgo a Barbosa Huerta, pero son suficientes para obligar a los operadores del aspirante a revertir el asunto.

Por lo pronto, como ha dicho la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, el silencio ante esa guerra interna puede ser un buen antídoto.


Seguro que Luis Miguel Barbosa Huerta puso a temblar a varios de los privilegiados del pasado con las palabras pronunciadas ayer, en un encuentro con asociaciones de abogados del estado.

El candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia abordó dos temas sensibles para los practicantes del derecho, y que en los últimos años fueron al extremo por beneficiar a personas que no tenían ningún mérito profesional ni académico.

Por un lado, Barbosa ofreció dignificar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con la inclusión de magistrados que nunca más provengan de un cargo en el gobierno del estado:

“Yo no voy a llegar a imponer magistrados, yo nunca propondré un magistrado que haya sido mi subalterno, nunca, y menos a un magistrado que no tenga carrera judicial y que pueda ser hasta presidente de un Tribunal Superior de Justicia”.

Entre los asistentes pasaron por la mente los nombres de Roberto Grajales Espina, Jorge Benito Cruz Bermúdez y el mismísimo Héctor Sánchez Sánchez, entre otros.

Por otro lado, advirtió que revisará la entrega de notarías públicas que se hizo durante los últimos gobiernos estatales, concretamente los de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad.

No lo dijo, pero los interlocutores del abanderado a gobernador entendieron que podría echar para atrás los nombramientos que no hubiesen sido justos ni justificados.

Que pongan sus barbas a remojar los aludidos y, por supuesto, las aludidas, como Irma Patricia Leal Islas, que recibió una notaría por parte de Moreno Valle como pago a su lealtad ciega.

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La orden de aprehensión en contra de algunos de los implicados en la detención y presunta tortura psicológica de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, en diciembre de 2005, entre ellos el exgobernador Mario Marín Torres, es más real de lo que muchos creen.

Este lunes todavía personajes cercanos al exmandatario, como Ramón Solana Fernández y Lorenzo Rivera Sosa, aseguraban en conferencia de prensa que el resurgimiento del tema se debía a una trama política relacionada con el proceso electoral y ponían en duda la existencia de la solicitud de aprehensión.

Ayer ocurrió un hecho que tiene que poner fin a esas dudas.

La solicitud de detención, por parte de una jueza del estado de Quintana Roo, es verdadera, como lo fue la aprehensión de Juan Sánchez Moreno, uno de los supuestos implicados en la denuncia de Cacho Ribeiro.

El personaje fue jefe de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Puebla, en 2005, cuando se ejecutó la orden de aprehensión contra la periodista.

El señor fue detenido en el Estado de México y conducido ayer mismo hacia Cancún, donde será presentado ante las autoridades judiciales que pidieron su captura.

A partir de ahora los marinistas tienen la certeza de que el asunto no es producto de ninguna broma o ‘borrego’ periodístico.

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En el ‘cuarto de guerra’ del candidato a gobernador de Morena ya confirmaron que la pugna interna con el otrora precandidato, Alejandro Armenta Mier, le ha restado puntos en preferencias electorales.

Las consecuencias negativas no son preocupantes ni dejan en condiciones de riesgo a Barbosa Huerta, pero son suficientes para obligar a los operadores del aspirante a revertir el asunto.

Por lo pronto, como ha dicho la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, el silencio ante esa guerra interna puede ser un buen antídoto.


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