Luis Miguel Barbosa Huerta tuvo una aparición pública para, entre otras cosas, poner sobre la mesa la verdad sobre algunos rumores y especulaciones que se han expresado acerca de su próximo gabinete.
En el contexto de una reunión sostenida con empresarios de la construcción, el gobernador electo confirmó el cese anticipado de Carlos Urbina Tanús, quien iba para ocupar la Secretaría de Infraestructura.
“Pronto anunciaré al sustituto”, expuso Barbosa, quien evitó explicar los motivos por el cambio de planes en esa dependencia.
Otro del que habló fue de Guillermo Ruiz Argüelles. El médico y empresario, según subrayó el mandatario electo, sigue firme para ocupar la Secretaría de Salud y es uno de los más firmes dentro de la lista de eventuales integrantes del gabinete.
Eso tiene mucha lógica debido a que la designación del propietario de los Laboratorios Ruiz fue una de las mejor recibidas por los analistas.
Por último, Barbosa negó que pretenda modificar la Constitución del Estado para que uno de sus colaboradores, Rodrigo Osorio, asuma como secretario de Economía, aun sin tener 30 años cumplidos.
“No existe eso, no hay tal reforma constitucional propuesta, no existe ninguna reforma a la carta magna poblana para cambiar la edad para ocupar una secretaría, no sé de donde salió eso. Simplemente no es cierto”, expresó y despejó todas las dudas. O casi todas.
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¿De verdad?
Además de hacer público el plazo de dos meses que la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, dio a sus colaboradores para entregar resultados o prepararse para entregar su renuncia, ahora ha dicho que las evaluaciones derivadas de ese ultimátum también serán conocidas por todos los poblanos.
En efecto, la alcaldesa afirmó que hará público el resultado de las evaluaciones, las mismas que permitirán saber quiénes podrían ser removidos de sus cargos por la nula entrega de resultados en los primeros meses de la administración.
Esa es una buena noticia.
Esperemos que la cumpla.
Lo malo es que los dos meses prometidos serán en realidad más, por el periodo de veda electoral que obligó a detener algunos de los trabajos, según la presidenta.
Así lo comentó:
“Son diferentes tipos de cumplimiento que se hacen en las dependencias, algunas van adelantadas y en algunas tuvimos una demora, que también expliqué, por el tema de la veda electoral. Son dos meses que tuvimos que atrasar el cumplimiento de varias metas. Son una decisión que nosotros tomamos para blindaje electoral”.
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Que siempre sí hubo irregularidades por parte del gobierno de Luis Banck Serrato en la entrega de bases para 84 trabajadores del ayuntamiento de Puebla, lo que sucedió en la recta final de esa administración.
Leobardo Rodríguez Juárez, secretario de Administración en la Comuna poblana, señaló como responsables de esa contratación irregular a la extitular de la dependencia, Yareni Janix Natera, así como al ex director de Recursos Humanos de la misma, Gerardo Núñez.
“Sí ubicamos irregularidades en el proceso de cambio de plazas de confianza a base. También hicimos un análisis caso por caso de las basificaciones, encontramos expedientes incompletos, que no cumplían con las condiciones generales del trabajo. De origen el procedimiento es irregular”, apuntó.
Luego remató con la posibilidad de iniciar un procedimiento jurídico en contra de los ex servidores públicos.
¿Será?
