/ martes 6 de agosto de 2019

En Punto

Bla, bla, bla.

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, sigue sin atinar a dar una buena respuesta acerca de lo que no ha hecho o de lo que pretende hacer su gobierno en relación con el incremento de los delitos en la capital poblana.

Ayer reconoció, no le quedaba de otra, que en el primer semestre de año Puebla se ha convertido en la tercera ciudad del país con mayor número de atracos a negocios establecidos, pero cuando se le cuestiona por qué su administración no ha dado resultado en la prevención y el combate a la delincuencia lo que hace es explicar por qué hay más acontecimientos de ese tipo.

“El programa del gobierno federal de combatir de manera tan frontal y como debe ser el robo de hidrocarburo ha generado que en todos los puntos donde se está haciendo este combate se diversifique este tipo de delitos”, expuso, a manera de justificación.

Y es ahí donde está el error.

Los poblanos no quieren historias sobre el origen de los delitos, lo que quieren, anhelan, es andar en paz y con tranquilidad dentro de sus casas y en la calle, cuando salen a realizar sus actividades cotidianas.

¿Cuándo pasará eso?

***

Una misión más llegará al escritorio de la presidenta municipal de Puebla, mucho menos difícil de llevar a cabo que el combate a la delincuencia.

Como acusaron y denunciaron con pruebas vecinos de Lomas de San Miguel, trabajadores contratados por la firma Walmart para la construcción de un Bodega Aurrerá en esa colonia han podado árboles sin autorización del ayuntamiento de Puebla.

Enfrentados por los colonos, los taladores mostraron un supuesto permiso emitido por el titular de la Dirección de Medio Ambiente del gobierno municipal, Ismael Couto Benítez, pero el documento autorizaba el derribo en una ubicación distinta a la que “limpiaron” los empleados de la empresa Podare.

“En el permiso no decía tala, decía poda, que no es lo mismo. Lo firmaba Ismael Couto, director de Medio Ambiente municipal. Los vecinos le dijimos a los policías que los remitieran al Ministerio Público porque no tienen el permiso, ese permiso no trae la ubicación de los árboles, pero además decía que (la poda) era para propiedad privada”, expuso un representante de los vecinos.

A ver qué hacen ahora en el ayuntamiento.

En una de esas y le echan la culpa también a los huachicoleros.

***

El regidor panista Enrique Guevara Montiel sí está bien informado en relación a las disposiciones legales que enmarcan el funcionamiento de la empresa Concesiones Integrales, mejor conocida como Agua de Puebla para Todos.

Durante una mesa de trabajo con los integrantes de la comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal, así como representantes de la citada empresa, el regidor solicitó que sea el congreso local el ente que revise la estructura tarifaria que establece Agua de Puebla para Todos, toda vez que el Ayuntamiento de Puebla no tiene facultades para hacerlo.

En efecto, el ayuntamiento no puede hacer eso, a pesar de lo expresado por algunos regidores de Morena hace una semana, que anunciaron su intención por redefinir las tarifas que cobra la empresa.

Si todos revisaran la ley verían que esa facultad pasó a manos de Soapap antes de que se concesionaran los servicios, no al ayuntamiento de Puebla.

Bla, bla, bla.

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, sigue sin atinar a dar una buena respuesta acerca de lo que no ha hecho o de lo que pretende hacer su gobierno en relación con el incremento de los delitos en la capital poblana.

Ayer reconoció, no le quedaba de otra, que en el primer semestre de año Puebla se ha convertido en la tercera ciudad del país con mayor número de atracos a negocios establecidos, pero cuando se le cuestiona por qué su administración no ha dado resultado en la prevención y el combate a la delincuencia lo que hace es explicar por qué hay más acontecimientos de ese tipo.

“El programa del gobierno federal de combatir de manera tan frontal y como debe ser el robo de hidrocarburo ha generado que en todos los puntos donde se está haciendo este combate se diversifique este tipo de delitos”, expuso, a manera de justificación.

Y es ahí donde está el error.

Los poblanos no quieren historias sobre el origen de los delitos, lo que quieren, anhelan, es andar en paz y con tranquilidad dentro de sus casas y en la calle, cuando salen a realizar sus actividades cotidianas.

¿Cuándo pasará eso?

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Una misión más llegará al escritorio de la presidenta municipal de Puebla, mucho menos difícil de llevar a cabo que el combate a la delincuencia.

Como acusaron y denunciaron con pruebas vecinos de Lomas de San Miguel, trabajadores contratados por la firma Walmart para la construcción de un Bodega Aurrerá en esa colonia han podado árboles sin autorización del ayuntamiento de Puebla.

Enfrentados por los colonos, los taladores mostraron un supuesto permiso emitido por el titular de la Dirección de Medio Ambiente del gobierno municipal, Ismael Couto Benítez, pero el documento autorizaba el derribo en una ubicación distinta a la que “limpiaron” los empleados de la empresa Podare.

“En el permiso no decía tala, decía poda, que no es lo mismo. Lo firmaba Ismael Couto, director de Medio Ambiente municipal. Los vecinos le dijimos a los policías que los remitieran al Ministerio Público porque no tienen el permiso, ese permiso no trae la ubicación de los árboles, pero además decía que (la poda) era para propiedad privada”, expuso un representante de los vecinos.

A ver qué hacen ahora en el ayuntamiento.

En una de esas y le echan la culpa también a los huachicoleros.

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El regidor panista Enrique Guevara Montiel sí está bien informado en relación a las disposiciones legales que enmarcan el funcionamiento de la empresa Concesiones Integrales, mejor conocida como Agua de Puebla para Todos.

Durante una mesa de trabajo con los integrantes de la comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal, así como representantes de la citada empresa, el regidor solicitó que sea el congreso local el ente que revise la estructura tarifaria que establece Agua de Puebla para Todos, toda vez que el Ayuntamiento de Puebla no tiene facultades para hacerlo.

En efecto, el ayuntamiento no puede hacer eso, a pesar de lo expresado por algunos regidores de Morena hace una semana, que anunciaron su intención por redefinir las tarifas que cobra la empresa.

Si todos revisaran la ley verían que esa facultad pasó a manos de Soapap antes de que se concesionaran los servicios, no al ayuntamiento de Puebla.

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