/ lunes 12 de agosto de 2019

En Punto

Si de verdad se trata de un gobierno diferente en el que todas las acciones y el enfoque para resolver los problemas será “nuevo”, la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta puede comenzar a resolver algunos de los conflictos municipales que le fueron heredados, que no hacen ruido en la capital del estado pero que significan verdaderos dolores de cabeza y condiciones de rezago para los habitantes de sus comunidades.

Un caso de esos ocurre en Cuyoaco, donde la presidencia municipal permanece cerrada desde hace un año por la inconformidad de los pobladores ante el cúmulo de irregularidades que cometió el ex edil José Luis Rechy Tirado y que han continuado en el nuevo trienio, a cargo, imagínese usted, de Anabel Rechy Benavidez, ¡su hija!

En el pasado, los personajes de mayor trascendencia política en el estado dejaron que Rechy Tirado hiciera las cosas y manejara los recursos públicos a su modo, incluso por encima de la ley.

Gozó de impunidad en los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y de José Antonio Gali Fayad, al grado de que representantes de la Auditoría Superior del Estado, quienes tuvieron que ir a Cuyoaco ante las demandas constantes de los pobladores, no pudieron hacer el trabajo de revisión de manejo de los recursos públicos que está obligada a llevar a cabo por los vínculos políticos del ex presidente municipal.

Se supone que eso no ocurrirá más con Barbosa, quien ha expresado una y otra vez que trabajará en favor de los poblanos y no tolerará más actos de corrupción.


***

La pretendida descentralización de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal, que implicará (o implicaría) trasladar esa dependencia con todo y sus recursos humanos al estado de Puebla, se topó con pared. O, mejor dicho, con la realidad.

Tal y como se preveía, el traslado se ha ido postergando debido a la imposibilidad de mover miles de personas a una zona metropolitana que no tiene la infraestructura necesaria para recibirles de la noche a la mañana.

Ahora, según reveló el titular de la SEP estatal, Melitón Lozano Pérez, la idea es lograr la descentralización en el 2020.

El problema es que, a estas alturas del año, cuando han transcurrido más de ocho meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no hay ningún avance concreto.

“Lo que me dijo Esteban Moctezuma es que todavía está demorando porque hay que generar una serie de planeación, recursos, me dice que son muchísimos los trabajadores de la SEP que si se vienen aquí de alguna forma requieren una gran infraestructura. Entonces se traslada, según lo dicho por él, por lo menos al 2020”, informó Lozano Pérez.

No se vaya usted a sorprender si finaliza el sexenio de López Obrador y la SEP no se traslada a Puebla.

Lo más sensato es que sus trabajadores, con todo y sus familias, se queden en donde están, en la capital del país.


***

La investigación periodística que este lunes publica EL SOL DE PUEBLA como nota principal es contundente. En 10 años han ocurrido 86 asesinatos por linchamiento.

Es decir, turbas enardecidas que aseguran haber descubierto delincuentes merodeando en sus comunidades se han hecho justicia por propia mano, hasta conseguir la muerte de los supuestos delincuentes, en esas 86 ocasiones.

De todas ellas, solo ha habido cuatro detenidos por parte de la Fiscalía General del Estado y ni un solo condenado. Los ‘linchadores’ gozan de esa misma impunidad que dicen combatir con sus actos.

Si de verdad se trata de un gobierno diferente en el que todas las acciones y el enfoque para resolver los problemas será “nuevo”, la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta puede comenzar a resolver algunos de los conflictos municipales que le fueron heredados, que no hacen ruido en la capital del estado pero que significan verdaderos dolores de cabeza y condiciones de rezago para los habitantes de sus comunidades.

Un caso de esos ocurre en Cuyoaco, donde la presidencia municipal permanece cerrada desde hace un año por la inconformidad de los pobladores ante el cúmulo de irregularidades que cometió el ex edil José Luis Rechy Tirado y que han continuado en el nuevo trienio, a cargo, imagínese usted, de Anabel Rechy Benavidez, ¡su hija!

En el pasado, los personajes de mayor trascendencia política en el estado dejaron que Rechy Tirado hiciera las cosas y manejara los recursos públicos a su modo, incluso por encima de la ley.

Gozó de impunidad en los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y de José Antonio Gali Fayad, al grado de que representantes de la Auditoría Superior del Estado, quienes tuvieron que ir a Cuyoaco ante las demandas constantes de los pobladores, no pudieron hacer el trabajo de revisión de manejo de los recursos públicos que está obligada a llevar a cabo por los vínculos políticos del ex presidente municipal.

Se supone que eso no ocurrirá más con Barbosa, quien ha expresado una y otra vez que trabajará en favor de los poblanos y no tolerará más actos de corrupción.


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La pretendida descentralización de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal, que implicará (o implicaría) trasladar esa dependencia con todo y sus recursos humanos al estado de Puebla, se topó con pared. O, mejor dicho, con la realidad.

Tal y como se preveía, el traslado se ha ido postergando debido a la imposibilidad de mover miles de personas a una zona metropolitana que no tiene la infraestructura necesaria para recibirles de la noche a la mañana.

Ahora, según reveló el titular de la SEP estatal, Melitón Lozano Pérez, la idea es lograr la descentralización en el 2020.

El problema es que, a estas alturas del año, cuando han transcurrido más de ocho meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no hay ningún avance concreto.

“Lo que me dijo Esteban Moctezuma es que todavía está demorando porque hay que generar una serie de planeación, recursos, me dice que son muchísimos los trabajadores de la SEP que si se vienen aquí de alguna forma requieren una gran infraestructura. Entonces se traslada, según lo dicho por él, por lo menos al 2020”, informó Lozano Pérez.

No se vaya usted a sorprender si finaliza el sexenio de López Obrador y la SEP no se traslada a Puebla.

Lo más sensato es que sus trabajadores, con todo y sus familias, se queden en donde están, en la capital del país.


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La investigación periodística que este lunes publica EL SOL DE PUEBLA como nota principal es contundente. En 10 años han ocurrido 86 asesinatos por linchamiento.

Es decir, turbas enardecidas que aseguran haber descubierto delincuentes merodeando en sus comunidades se han hecho justicia por propia mano, hasta conseguir la muerte de los supuestos delincuentes, en esas 86 ocasiones.

De todas ellas, solo ha habido cuatro detenidos por parte de la Fiscalía General del Estado y ni un solo condenado. Los ‘linchadores’ gozan de esa misma impunidad que dicen combatir con sus actos.

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