/ viernes 23 de agosto de 2019

En Punto

El dinero y las declaratorias oficiales para combatir la violencia en contra de las mujeres no sirven de nada sin una buena estrategia de políticas públicas, como lo evidencia lo que ocurrió en el Instituto Poblano de las Mujeres de 2015 a 2018.

En ese periodo, el Instituto recibió un incremento de recursos de 64 por ciento, con la supuesta intención de trabajar para conseguir el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En cuatro años pasó de ejercer 12.6 millones de pesos a 35.2 millones de pesos, lo que debió derivar en un descenso en la comisión de hechos violentos en contra de las mujeres, lo que incluyó, por supuesto, homicidios.

Pero no fue así, sino todo lo contrario.

Los feminicidios se quintuplicaron en la entidad en ese periodo.

De muy poco o nada sirvió el aumento de recursos a ese instituto, por el que pasó, entre otras directoras generales, la hoy senadora Nadia Navarro Acevedo.

La cruda realidad.

***

Una buena medida.

Regidores de la comisión de Reglamentación Municipal del ayuntamiento de Puebla aprobaron la propuesta para prohibir la venta de celulares y dispositivos electrónicos en la vía pública, como lo realizan ambulantes, con la finalidad de desmotivar la compra de productos robados.

La encargada de realizar esta propuesta ante una parte de los integrantes del cabildo fue la directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), Berenice Araluz Carrillo López.

Con esto se pretende reformar el Código Reglamentario Municipal (Coremun)en las fracciones octava y novena del artículo 651, y adicionar una fracción, la décima, para quedar de la siguiente manera: “comercializar teléfono o cualquier celular o dispositivos electrónicos de comunicación nuevo o usado”.

Lo que sigue es que el Cabildo vote en favor de la propuesta para facultar a la Secretaría de Gobernación a realizar operativos de decomiso de teléfonos celulares robados.

Es decir, los regidores y la Secretaría de Seguridad Pública habrán hecho su trabajo.

Tocará el turno a Gobernación para poner en marcha la nueva reglamentación, a través de la ejecución de los operativos, para asestar un importante golpe a la delincuencia.

***

El incremento de personal para hacer operativos de revisión contra la vente de teléfonos celulares se volverá necesaria en el corto plazo, ante la saturación de actividades similares que ya tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación, como el seguimiento al reordenamiento del comercio informal.

Justo en ese tema, René Sánchez Galindo ha revelado que hasta mil 30 ambulantes han registrado las calles del Centro Histórico debido a la temporada del regreso a clases, lo que ha obligado a reforzar los operativos de vigilancia por parte de la dependencia municipal a su cargo.

Explicó que la temporada de regreso a clases ha representado un problema por el incremento de vendedores informales. En estos días ha habido más de mil, cuando el objetivo era no sobrepasar de 750, reconoció.

Realizar este tipo de tareas se volverá más complicado para la secretaría de Sánchez Galindo si no se le autoriza la contratación de más personal.

El dinero y las declaratorias oficiales para combatir la violencia en contra de las mujeres no sirven de nada sin una buena estrategia de políticas públicas, como lo evidencia lo que ocurrió en el Instituto Poblano de las Mujeres de 2015 a 2018.

En ese periodo, el Instituto recibió un incremento de recursos de 64 por ciento, con la supuesta intención de trabajar para conseguir el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En cuatro años pasó de ejercer 12.6 millones de pesos a 35.2 millones de pesos, lo que debió derivar en un descenso en la comisión de hechos violentos en contra de las mujeres, lo que incluyó, por supuesto, homicidios.

Pero no fue así, sino todo lo contrario.

Los feminicidios se quintuplicaron en la entidad en ese periodo.

De muy poco o nada sirvió el aumento de recursos a ese instituto, por el que pasó, entre otras directoras generales, la hoy senadora Nadia Navarro Acevedo.

La cruda realidad.

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Una buena medida.

Regidores de la comisión de Reglamentación Municipal del ayuntamiento de Puebla aprobaron la propuesta para prohibir la venta de celulares y dispositivos electrónicos en la vía pública, como lo realizan ambulantes, con la finalidad de desmotivar la compra de productos robados.

La encargada de realizar esta propuesta ante una parte de los integrantes del cabildo fue la directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), Berenice Araluz Carrillo López.

Con esto se pretende reformar el Código Reglamentario Municipal (Coremun)en las fracciones octava y novena del artículo 651, y adicionar una fracción, la décima, para quedar de la siguiente manera: “comercializar teléfono o cualquier celular o dispositivos electrónicos de comunicación nuevo o usado”.

Lo que sigue es que el Cabildo vote en favor de la propuesta para facultar a la Secretaría de Gobernación a realizar operativos de decomiso de teléfonos celulares robados.

Es decir, los regidores y la Secretaría de Seguridad Pública habrán hecho su trabajo.

Tocará el turno a Gobernación para poner en marcha la nueva reglamentación, a través de la ejecución de los operativos, para asestar un importante golpe a la delincuencia.

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El incremento de personal para hacer operativos de revisión contra la vente de teléfonos celulares se volverá necesaria en el corto plazo, ante la saturación de actividades similares que ya tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación, como el seguimiento al reordenamiento del comercio informal.

Justo en ese tema, René Sánchez Galindo ha revelado que hasta mil 30 ambulantes han registrado las calles del Centro Histórico debido a la temporada del regreso a clases, lo que ha obligado a reforzar los operativos de vigilancia por parte de la dependencia municipal a su cargo.

Explicó que la temporada de regreso a clases ha representado un problema por el incremento de vendedores informales. En estos días ha habido más de mil, cuando el objetivo era no sobrepasar de 750, reconoció.

Realizar este tipo de tareas se volverá más complicado para la secretaría de Sánchez Galindo si no se le autoriza la contratación de más personal.

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