El presidente de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM) del país, Miguel Ángel Alonso, trajo a la mesa uno de los grandes pendientes que se tienen que afrontar y resolver en estos tiempos de nuevo régimen y de la 4T: el de los robos en carreteras.
El empresario reiteró, por si los nuevos funcionarios públicos no lo sabían o ya lo habían olvidado, que la autopista México-Puebla-Veracruz es la más riesgosa de México para el sector de distribución de productos consumibles, por la cantidad de robos que se sufren en esa carretera.
Alonso comentó que los empresarios del gremio (150 socios en la ANAM) han invertido hasta un 15 por ciento más en esquemas de seguridad para el transporte en carretera durante este año, cifra que reduce las utilidades.
“Sabemos que el problema no se va a solucionar de la noche a la mañana”, subrayó, pero aprovechó su visita en Puebla para reiterar la petición de auxilio tanto al gobierno federal como al gobierno del estado.
Pero aún hay más.
El representante subrayó que Puebla se mantiene como el segundo estado con más incidencia en robo a transportistas de la República Mexicana, solo por debajo del Estado de México.
¡Zas!
Ahí hay una tarea enorme para la 4T, entre quienes se incluyen el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
***
A propósito de atracos e inseguridad, que Barbosa no haya usado la reunión que sostuvo este martes con presidentes municipales de la zona metropolitana de Puebla para hablar con ellos de los relevos de mandos de seguridad que pretende llevar a cabo no significa que haya cambiado de opinión.
El mandatario encabezó una reunión de trabajo sobre seguridad pública con los ediles de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, Coronango, Cuautlancingo, Amozoc y Juan Crisóstomo Bonilla, en Casa Aguayo, pero no tocó ni de ladito ese deseo externado a los medios de comunicación que consiste en cambiar a los secretarios del área en todos los ayuntamientos del estado.
La semana pasada dio a conocer que evalúa perfiles en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, de manera que puedan conseguirse mejores resultados en el combate a la delincuencia.
El cónclave de ayer parecía ser un buen pretexto para abundar en el tema, pero Barbosa no lo hizo.
Se sabe que el gobernador insistirá en ello en próximas semanas, de manera directa, con cada uno de los ediles, ya sea por su propia persona o a través de sus colaboradores.
***
El anuncio de la diputada de Morena Olga Lucía Romero Garci Crespo promete una sorpresa para el futuro cercano.
La presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado reveló que son miles de millones de pesos los que ejercieron los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad en obra pública que no fueron auditados y que son esos recursos los que se ha puesto a revisar la legislatura para indagar en las irregularidades de esas gestiones públicas.
En ese sentido, y es aquí donde se viene lo interesante, adelantó que este viernes presentará el informe de las primeras obras investigadas.
La fiscalización a las administraciones panistas llegará hasta las últimas consecuencias y se le fincarán responsabilidades a quien haya cometido una irregularidad, afirmó, para estar en sintonía con el discurso de “combate a la corrupción” enarbolado por la 4T.
