Por segundo día consecutivo después de la publicación de un reportaje que evidenciaba la permanencia de decenas de taxis pirata en varios puntos del Periférico, operando de manera irregular e ilegal en el nuevo gobierno, los vehículos particulares –al menos una buena parte de ellos—quedaron guardados en sus cocheras.
Cientos de personas que de manera cotidiana hacen uso de este servicio esperaron sin éxito que los taxis colectivos aparecieran para trasladarlos a sus sitios de trabajo o estudio, lo que debe entenderse como una medida de prevención por parte de los conductores y dueños de esos automóviles para no ser detenidos o infraccionados por alguna autoridad estatal.
Y justo aquí aparece un asunto más que curioso.
Ninguna autoridad emprendió algún operativo derivado de la publicación del reportaje en las páginas de EL SOL DE PUEBLA.
¿Cómo es que los propietarios de esos taxis ilegales decidieron, por cuenta propia, dejar de “trabajar” y de generar ingresos un par de días?
La respuesta parece estar en la añeja colusión que ha existido entre funcionarios del gobierno del estado y los dueños de esas unidades.
Idelfonso Amézaga Ramírez es nuevo en la Secretaría de Seguridad Pública.
De hecho, es un recién llegado al estado de Puebla.
Guillermo Aréchiga Santamaría es nuevo en la Secretaría de Movilidad y Transporte.
Ellos dos sí lo son, pero no los servidores públicos de medio nivel que llevan enquistados años en esas dependencias.
Si Amézaga y Aréchiga miran hacia abajo encontrarán a las mafias que, mediante actos de corrupción, permiten y encubren el pirataje sobre el Periférico.
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Trancazo a la moral de los abanderados de la 4T que en 2018 denunciaron a los integrantes del Instituto Electoral del Estado por la comisión un presunto fraude electoral en contra del candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta.
Resulta que, independientemente de lo que concluya la investigación que realiza el Instituto Nacional Electoral con motivo de esa demanda, Jacinto Herrera Serrallonga no recibirá ninguna sanción.
De visita en Puebla para participar en un conversatorio acerca de la participación de las mujeres indígenas en política, la consejera electoral del INE, Claudia Zavala Pérez, reveló que no se podrá sancionar al ex presidente del IEE debido a que ya no pertenece al organismo.
En efecto, la renuncia por supuestos motivos personales le salvó.
“El criterio que normalmente se ha seguido, porque no es el único estado que ha tenido este tipo de asuntos, es seguir investigando, pero ellos ya no tienen una calidad de consejeros electorales. Se realizan las investigaciones y cuando se concluyan, el INE estará en facultad de resolver. Se resolverá cuando se termine de sustanciar, y de recabar información”, expuso.
Zavala Pérez habló en plural porque se refirió además a Dalhel Lara Gómez, quien no fue consejera sino secretaria Ejecutiva.
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El ayuntamiento de Puebla está por arrancar un programa piloto para para reforzar la seguridad dentro y fuera de las escuelas.
No se trata de llevar a cabo el operativo denominado “mochila”, sino de trabajar acciones de capacitación y consejos tanto a padres de familia como a docentes y directivos, con la finalidad de fomentar la prevención como herramienta para identificar alguna señal de alerta en el alumno.
El programa arrancará con 120 escuelas y durará tres meses.
A ver si se cumplen los objetivos.
