Una nueva acusación sin destinatario concreto por presuntos actos de corrupción ha lanzado el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta este fin de semana.
El mandatario señaló que en el 2017 se malversaron los recursos para la reconstrucción de los inmuebles que fueron afectados por el terremoto del 19 de septiembre de ese mismo año.
Eso ha derivado en una investigación que arrojará resultados, según indicó Barbosa, aunque no dio detalles acerca de esos presuntos actos de corrupción ni mencionó quienes serían o son los supuestos responsables de esos hechos ilícitos.
Eso sí, expuso que para la reconstrucción de escuelas hubo fraudes durante el 2017, que los recursos millonarios que se destinaron para que los menores no se quedaran sin clases fueron mal empleados.
“Hay investigación y hay avances muy importantes (...) se van a sorprender de todo lo que hay, los recursos que hubo se malversaron, se malversaron, punto, era una porquería todo”, manifestó.
Lo único que se puede adivinar es quien quiera que haya sido el que desvió dinero público destinado para la reconstrucción, laboró en la administración de José Antonio Gali Fayad, en caso de que Barbosa se refiera a corruptelas practicadas desde el gobierno estatal.
A esperar entonces que concluya la investigación.
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La de Gilberto Marín Quintero es una voz autorizada para hablar acerca de los problemas que padecen los empresarios del estado.
A diferencia de algunos representantes formales de la iniciativa privada, que en realidad no son muy destacados o no tienen una amplia trayectoria en los negocios, Marín Quintero es un personaje que lleva dedicado a esto desde muchos años atrás y ha estado al frente de marcas tan prestigiosas como Mabesa.
El empresario acusó que la inseguridad en la zona del oriente del estado es tan grave que ha puesto en riesgo la instalación de un parque de energía eólica en Cañada Morelos.
Él es uno de los hombres de negocios dedicados a este proyecto.
Y por eso afirma que en solo unos meses se han robado 27 vehículos y maquinaria que se implementa para la construcción de ese parque.
Por eso, como tenía que ser, demanda la intervención del nuevo gobierno del estado para poner un freno a la delincuencia en esa zona de la entidad.
“Hemos tenido muchos problemas, sobre todo por la falta de Estado de Derecho, no de este gobierno, desde antes. Yo espero que se pueda inaugurar el parque a finales de este año. Son muchos detalles (que faltan) que tienen que ver con la seguridad”, subrayó.
“Esperamos que con Barbosa haya Estado de Derecho”, remató.
Sí, justo eso es lo que se espera de la nueva gestión estatal.
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La regidora Rosa Márquez Cabrera volvió a meter al debate público esa idea que tenía la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, para que sea el ayuntamiento de Puebla el que vuelva a prestar los servicios de agua potable y drenaje en el municipio de Puebla.
El ayuntamiento de Puebla sí tiene la capacidad financiera para volver a prestar el servicio, aseguró la regidora al anunciar que junto con sus compañeros del Cabildo envió a la Comisión Inspectora del Congreso del Estado la solicitud para auditar al Soapap, porque detectaron irregularidades en la entrega de la concesión del servicio.
La declaración sería irrelevante si no fuera porque Rosa Márquez es una mujer muy cercana al gobernador.
