/ jueves 12 de septiembre de 2019

En Punto

El rector de la UPAEP, Emilio Baños Ardavín, es de los que opinan que tanto el Ejército Mexicano como los integrantes del resto de las instituciones y corporaciones públicas dedicadas a salvaguardar la paz y combatir la inseguridad en el país tienen que usar la fuerza en contra de delincuentes y criminales.

En caso de no hacerlo, subraya, pobladores y delincuentes le pierden el respeto a la fuerza policial, a la ley y a toda autoridad que pretenda imponerles límites, como ocurrió en Acajete.

Lo interesante es que el académico reconoce que el actuar de las instituciones de seguridad ha sido un tabú durante algunos años, toda vez que se les ha señalado, acusado y satanizado en muchas veces, cuando lo único que han hecho ha sido cumplir con su deber.

Es importante que a las corporaciones de seguridad se les brinde la facultad de ejercer la fuerza cuando las situaciones así lo requieran, demanda.

Y tiene razón.

Bien enmarcada en la ley y bien ejecutada en los hechos, la fuerza pública empleada en contra de los miembros de la delincuencia, sobre todo de la delincuencia organizada, es una herramienta que hace falta para apenas empezar a poner orden.

“Hubo un comunicado del Ejército y de la Guardia Nacional respecto a cuáles son los criterios para el uso de la fuerza y, eso, en algún momento se volvió en un tema tabú, quizá por las presiones del propio gobierno federal y del presidente. Ayer (durante su informe) insistía en que seamos realistas: la seguridad implica el uso de la fuerza cuando se requiere, gradual y de acuerdo a la circunstancia”, destaca.

Hacia allá debemos caminar.

***

Leobardo Soto Martínez es uno de los personajes preocupados, o al menos ocupados, en aclarar las aseveraciones que se realizan en su contra desde la reciente investigación periodísticas denominada “La Trama Audi”, de Sergio Mastretta Guzmán.

El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se desmarcó de las acusaciones que ahí se le hacen y que tienen que ver con su supuesta participación en la serie de corruptelas que se habrían cometido para concretar la llegada de la planta armadora Audi y posteriormente el desarrollo (no concretado hasta hoy) de la Ciudad Modelo.

Incluso recurrió a la réplica más usada en los últimos días: que las acusaciones derivan de un golpeteo político del que pretende sacar beneficios futuros el ex candidato a gobernador del PAN y ex rector de la UDLAP, Enrique Cárdenas Sánchez.

¿En serio?

¿Para qué querría Cárdenas desprestigiar a Soto Martínez o a la CTM?

Es normal que el cetemista esté preocupado por las acusaciones.

Se ha quedado sin el cobijo de la pareja Moreno Valle-Alonso y en medio de un bombardeo de militantes del PRI que exigen su expulsión del PRI.

***

El secretario general del sindicato Benito Juárez del Ayuntamiento de Puebla, Gonzalo Juárez, se ha metido en problemas más allá de los derivados de la lucha por el poder gremial.

El dirigente (que se tambalea en esa posición) será denunciado por el delito de amenazas por los cinco integrantes del cabildo del llamado grupo G5, sí, el de los ligados del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

“Haremos la denuncia en el encuadre de amenazas, no le tenemos miedo, pero se trata de una amenaza dirigida hacia nosotros”, expuso el regidor Roberto Esponda Islas.

Qué necesidad tiene el “líder” de seguirse peleando con más y más personajes del ayuntamiento.

El rector de la UPAEP, Emilio Baños Ardavín, es de los que opinan que tanto el Ejército Mexicano como los integrantes del resto de las instituciones y corporaciones públicas dedicadas a salvaguardar la paz y combatir la inseguridad en el país tienen que usar la fuerza en contra de delincuentes y criminales.

En caso de no hacerlo, subraya, pobladores y delincuentes le pierden el respeto a la fuerza policial, a la ley y a toda autoridad que pretenda imponerles límites, como ocurrió en Acajete.

Lo interesante es que el académico reconoce que el actuar de las instituciones de seguridad ha sido un tabú durante algunos años, toda vez que se les ha señalado, acusado y satanizado en muchas veces, cuando lo único que han hecho ha sido cumplir con su deber.

Es importante que a las corporaciones de seguridad se les brinde la facultad de ejercer la fuerza cuando las situaciones así lo requieran, demanda.

Y tiene razón.

Bien enmarcada en la ley y bien ejecutada en los hechos, la fuerza pública empleada en contra de los miembros de la delincuencia, sobre todo de la delincuencia organizada, es una herramienta que hace falta para apenas empezar a poner orden.

“Hubo un comunicado del Ejército y de la Guardia Nacional respecto a cuáles son los criterios para el uso de la fuerza y, eso, en algún momento se volvió en un tema tabú, quizá por las presiones del propio gobierno federal y del presidente. Ayer (durante su informe) insistía en que seamos realistas: la seguridad implica el uso de la fuerza cuando se requiere, gradual y de acuerdo a la circunstancia”, destaca.

Hacia allá debemos caminar.

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Leobardo Soto Martínez es uno de los personajes preocupados, o al menos ocupados, en aclarar las aseveraciones que se realizan en su contra desde la reciente investigación periodísticas denominada “La Trama Audi”, de Sergio Mastretta Guzmán.

El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se desmarcó de las acusaciones que ahí se le hacen y que tienen que ver con su supuesta participación en la serie de corruptelas que se habrían cometido para concretar la llegada de la planta armadora Audi y posteriormente el desarrollo (no concretado hasta hoy) de la Ciudad Modelo.

Incluso recurrió a la réplica más usada en los últimos días: que las acusaciones derivan de un golpeteo político del que pretende sacar beneficios futuros el ex candidato a gobernador del PAN y ex rector de la UDLAP, Enrique Cárdenas Sánchez.

¿En serio?

¿Para qué querría Cárdenas desprestigiar a Soto Martínez o a la CTM?

Es normal que el cetemista esté preocupado por las acusaciones.

Se ha quedado sin el cobijo de la pareja Moreno Valle-Alonso y en medio de un bombardeo de militantes del PRI que exigen su expulsión del PRI.

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El secretario general del sindicato Benito Juárez del Ayuntamiento de Puebla, Gonzalo Juárez, se ha metido en problemas más allá de los derivados de la lucha por el poder gremial.

El dirigente (que se tambalea en esa posición) será denunciado por el delito de amenazas por los cinco integrantes del cabildo del llamado grupo G5, sí, el de los ligados del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

“Haremos la denuncia en el encuadre de amenazas, no le tenemos miedo, pero se trata de una amenaza dirigida hacia nosotros”, expuso el regidor Roberto Esponda Islas.

Qué necesidad tiene el “líder” de seguirse peleando con más y más personajes del ayuntamiento.

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